Ofensiva contra minería ilegal no acabará con fiebre del oro en Ecuador

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Miles de efectivos de la policía y el ejército han sido desplegados en todo el distrito de Buenos Aires, al norte de Ecuador, en un intento por controlar el auge de la minería ilegal, que ha causado estragos en la región, pero podría ser muy tarde para detener la fiebre criminal del oro.

El 2 de julio, se enviaron a Buenos Aires destacamentos de 2.400 soldados y policías, con la misión de expulsar a los mineros de oro, que, según algunos estimativos, llegaban a 10.000.

Más de 2.700 mineros abandonaron voluntariamente el lugar, mientras que 2.500 más fueron desalojados por las fuerzas de seguridad, informó El Universo. Entre ellos se encontraban 1.395 venezolanos y 906 colombianos, así como varios dominicanos, argentinos y haitianos, dijo el Telégrafo.

En los primeros días del operativo, la policía también hizo 26 capturas y decomisó más de 700 gramos de oro, 1.400 sacos de mena y dos armas de fuego, según reportó El Universo.

Finalmente las autoridades se vieron obligadas a tomar medidas drásticas, luego de que un encarnizado tiroteo entre pandillas armadas dejara al menos cuatro heridos y dos muertos a finales de junio, según agentes de la policía. Poco después de la confrontación, el presidente Lenín Moreno declaró estado de emergencia y lanzó el operativo.

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La tensión ha ido creciendo en la región desde el arribo de delincuentes colombianos fuertemente armados, a comienzos de 2019. Aunque no se ha confirmado la identidad de los colombianos, un minero local, que no quiso identificarse por temor a las represalias, aseguró que tenían nexos con estructuras del crimen organizado de la ciudad colombiana de Cali.

Los agentes de policía, entretanto, mostraron a InSight Crime mensajes de texto de un sospechoso que hablaba de cómo iban a “entrar con los paracos”, apelativo popular usado en Colombia para referirse a los paramilitares y término de uso común para los grupos criminales que tomaron el lugar de los contrainsurgentes desmovilizados en Colombia. La historia de la conversación incluye fotografías de un pequeño arsenal compuesto de armamento de tipo militar.

Fuentes en la zona informaron que los colombianos expulsaron a las pandillas ecuatorianas que anteriormente controlaban las redes extorsivas.

“Los colombianos llegaron con fusiles, entonces [los ecuatorianos] se fueron”, relató el minero.

Según este, los colombianos convocaron a reuniones en las que presentaron las nuevas reglas de trabajo y residencia en la zona, lo que incluía cuotas diarias para cada persona que entrara a la zona minera, pagos para abrir una mina, pagos para llevar una planta de procesamiento y un 10 por ciento de tasa sobre todas las operaciones mineras.

Con la instalación en Buenos Aires de miembros de al menos dos grupos distintos , el minero, relató en mayo de 2019, predijo que habría violencia.

“Serán amigos hasta que tengan la zona bajo control, pero cuando uno empiece a ganar más que el otro, se van a matar entre ellos”, señaló.

El operativo deja a Buenos Aires sumido en la incertidumbre. El estado de emergencia se extenderá por 60 días, y el gobierno aún no anuncia qué planes tiene para mantener el control de la zona en el largo plazo. Y aunque los operativos policiales continúan, hasta ahora no hay señales de que las autoridades hayan arrestado a los cabecillas de las bandas.

La incertidumbre se extiende a zonas vecinas. Líderes comunitarios en la región aledaña de Intag, que han librado una larga lucha contra los planes de implementación de proyectos de minería a gran escala en la región, denuncian que ahora temen también a los mineros ilegales.

Ya se han establecido operaciones de minería ilegal en las poblaciones de Selva Alegre y Cuellaje, en el Intag. Los líderes comunitarios que se opusieron a su llegada recibieron amenazas de muerte, entre ellos un líder de un consejo local, a quien le enviaron un video por WhatsApp, que pretendía mostrar asesinatos cometidos en Buenos Aires a manera de advertencia.

Los líderes alertan que los operativos en Buenos Aires pueden llevar a los mineros desplazados a establecerse en Intag.

“Desde el desalojo de los mineros de Buenos Aires, están llegando nuevamente a Intag, y la situación se está poniendo más peligrosa”, comentó José Cueva, líder de la corporación ambiental colectiva de Intag Toisan,

Análisis de InSight Crime

El despliegue masivo de fuerzas de seguridad en el norte de Ecuador puede augurar el fin de la bonanza minera en Buenos Aires, pero es poco probable que marque el fin de la minería ilegal en la región.

Las increíbles riquezas que se ofrecen pueden llevar a los mineros a regresar cuando se reduzcan los actuales números insostenibles de efectivos de seguridad, aun cuando los mineros deban operar de manera más clandestina que antes.

La probabilidad de que los mineros regresen también se incrementa con la corrupción rampante que facilitó la llegada de la minería ilegal a la región en un inicio. Múltiples fuentes denunciaron a InSight Crime que autoridades locales civiles y de policía en los más altos niveles recibían cuantiosas ganancias por las minas de Buenos Aires.

Como lo muestra la situación en Intag, la minería ilegal también está abocada a propagarse a otros lugares, y no solo a las zonas aledañas. La investigación de campo de InSight Crime reveló un rápido incremento de las operaciones de minería ilegal por toda la región limítrofe del norte de Ecuador, mientras que los funcionarios de gobierno expresaron su preocupación de que haya aún zonas inexploradas que resulten ser tan ricas en oro como Buenos Aires.

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Esta nueva bonanza de la minería ilegal en Ecuador coincide con una campaña oficial de promoción de la minería a gran escala. Este panorama permite prever una expansión uniforme de la minería legal e ilegal.

El trabajo exploratorio de las firmas mineras permite que los mineros ilegales identifiquen excavaciones potenciales, y en el caso de Intag, los líderes sospechan que los habitantes que trabajan para la firma minera pasan información a los mineros ilegales.

“En Intag hemos visto que gente conectada con la empresa luego resulta ayudando también a los ilegales”, observó Cueva.

Las comunidades que ya tienen problemas para mantener sus territorios libres de minería de cualquier tipo también temen que la presencia de explotaciones ilegales se use para justificar la expansión de la minería a gran escala, algo que el gobierno puede presentar como una alternativa mucho más preferible.

Esos temores se atizaron con unos comentarios recientes de Carlos Pérez García, ministro de energía y recursos naturales no renovables.

“En el país va a haber minería sí o sí”, declaró a los medios en abril. “Nuestra decisión es que haya minería responsable y no minería ilegal, que es la que efectivamente hace daño al país”.

Pero el gobierno nacional podría descubrir que esa decisión terminará saliéndosele de las manos.

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