Estos son tiempos aciagos en Honduras. Peor aún, muchos de los problemas del país tienen origen transnacional y su solución está más allá de la capacidad de los hondureños por sí solos. Y aun así tienen un efecto corrosivo en la sociedad hondureña y sus instituciones. Después del éxito del Plan Colombia y de las medidas de fuerza contra el narcotráfico emprendidas en México bajo la presidencia de Felipe Calderón, Honduras pasó a ser un punto de trasbordo importante para las drogas ilícitas en dirección a Estados Unidos.
Y sigue siendo uno de los países más violentos del mundo, debido a un grave problema con el crimen organizado, asociado al narcotráfico y las pandillas. Esto ha generado desplazamiento interno, así como una oleada de inmigrantes indocumentados a Estados Unidos (incluyendo menores de edad no acompañados). El narcotráfico ha contribuido a la corrupción, la impunidad y la inseguridad en el país. El presidente Juan Orlando Hernández, quien tomó posesión en 2014, respondió con acciones represivas contra el crimen y con la militarización de las fuerzas de orden público, pero enfrenta severas críticas por corrupción en su gobierno y por abusos contra los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
Este artículo fue publicado originalmente por Brookings, y se reimprime y traduce con autorización. Vea el original aquí.
Esta semana, el gobierno hondureño aceptó la propuesta de crear una misión para enfrentar la corrupción y la impunidad, planteada por la Organización de Estados Americanos (OEA), la MACCIH (Misión de apoyo en contra de la corrupción y la impunidad en Honduras). El presidente Juan Orlando Hernández también anunció en la Asamblea General de la ONU que había asegurado el sostenimiento de una misión permanente de la ONU para la vigilancia de los derechos humanos en Honduras.
Estas señales del gobierno de un país con grandes problemas son bienvenidas. Pero que la comunidad internacional pueda tener un efecto positivo en la situación de Honduras depende de cómo se implementen y dirijan estas misiones externas, y hasta qué punto la administración de Hernández tenga la voluntad política de adoptar lo que sin duda serán medidas difíciles para vencer la feroz resistencia de intereses políticos y económicos bien consolidados.
Pasos adelante y atrás
Honduras ha visto algunas mejoras en años recientes. El presidente Hernández subió al poder en 2013 con un plan de reducir la violencia, combatir el crimen organizado y fomentar la prosperidad. Desde que asumió su cargo, la tasa de homicidios se ha reducido de 79 por cada 100.000 habitantes a 68 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio de Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras. Y según funcionarios de Estados Unidos, el narcotráfico también se ha reducido bastante.
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Aunque las líneas indicativas parecen encaminadas en la dirección correcta, la situación en Honduras sigue siendo calamitosa. Como resultado de eso, Honduras, junto con El Salvador y Guatemala, ha recurrido a la ayuda internacional en la forma de una Alianza para la Prosperidad propuesta para el Triángulo Norte de Centroamérica, una propuesta desarrollada en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno de Estados Unidos. Es claro que el gobierno hondureño busca garantizar el respaldo internacional para enfrentar su crisis doméstica.
Bajo el microscopio
Los esfuerzos del presidente Hernández (y la falta de progreso) no han carecido de controversia en Honduras. Las calles de Tegucigalpa se han visto inundadas durante meses por manifestantes que exigen su renuncia y que se ponga coto a la corrupción del gobierno y las violaciones a los derechos humanos.
La MACCIH propuesta busca ayudar a aliviar las preocupaciones de los ciudadanos. Parece emular algunos, aunque no todos, de los aspectos importantes de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), la comisión liderada por la ONU para enfrentar la impunidad en Guatemala. La MACCIH incluirá jueces y fiscales independientes que "supervisen y presten asesoría técnica especializada" a sus homólogos en Honduras; un rol para el Centro de Estudios sobre Justicia de las Américas en la propuesta de reformas a la legislación hondureña; una inspección con apoyo internacional de la efectividad del sistema de seguridad pública en Honduras; y un observatorio de la sociedad civil que evalúe y mida el progreso para la reforma.
Manifestantes demandan la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández en julio de 2015
El presidente Hernández asume un riesgo al abrir la puerta a la MACCIH liderada por la OEA. Después de todo, la CICIG en Guatemala contribuyó a preparar el proceso judicial contra el presidente Otto Pérez Molina por acusaciones de corrupción, que condujeron a su renuncia y encarcelamiento. Almagro, secretario general de la OEA, ha dejado en claro que la transparencia es una de las principales herramientas de las que dispone la comunidad internacional, si el gobierno hondureño se resistiera a la implementación de las reformas propuestas por la MACCIH. También ha prometido divulgar todos los hallazgos que haga la MACCIH.
Una misión de la ONU para el seguimiento a los derechos humanos para Honduras, similar a las que han funcionado con gran autonomía e integridad en otras naciones en crisis, se añadirá a la cantidad de información disponible al público hondureño y la comunidad internacional sobre el progreso del gobierno hacia la reforma.
Con estas iniciativas recientes, Honduras parece estar mostrando su apertura a la ayuda de la comunidad internacional. Y de aprobarse la mayor ayuda estadounidense para Honduras en respaldo a la Alianza para el Progreso, el Congreso de Estados Unidos sin duda se sumará al escrutinio internacional sobre los esfuerzos del gobierno hondureño para resolver la actual crisis.
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Pero más allá de contribuir a la transparencia, ¿cómo ayudarán los mecanismos regionales e internacionales a Honduras en esta etapa crítica? Es aquí donde será imperativa la MACCIH por su enfoque de fortalecimiento del sistema judicial y de creación de capacidad fiscalizadora en Honduras. Dadas las potenciales contribuciones que puede hacer la MACCIH a la reducción de la impunidad, debemos plantear ahora algunas preguntas sobre su capacidad de funcionar con independencia —y efectividad— como lo ha hecho la CICIG en Guatemala. Como mínimo, el proceso de selección de jueces y fiscales internacionales debe ser absolutamente transparente, y la MACCIH tendrá que interpretar sus facultades de manera amplia para incluir tanto la supervisión como el respaldo al sistema de justicia en Honduras (como lo establece la propuesta de la OEA), en lugar de simplemente acompañarlo en sus funciones.
Mirando al futuro
En un Foro Internacional de Líderes Alan y Jane Batkin, realizado en Brookings esta semana, el presidente Hernández manifestó su deseo de aprovechar las "lecciones aprendidas" de otros para resolver los problemas arraigados que su país enfrenta. Al menos algunas personas en el sistema judicial de Honduras han demostrado su compromiso con la reducción de la impunidad con el inicio esta semana de un proceso contra el vicepresidente del congreso y miembro del Partido Nacional en el poder, Lena Gutiérrez, por su papel en un escándalo por venta irregular de medicamentos.
Algunos críticos en Honduras y Estados Unidos han señalado correctamente que Honduras ha tenido un historial lamentable de lucha contra la impunidad y la corrupción. No cabe duda de que hay intereses corruptos muy arraigados en el país que se opondrán a la reforma. La administración Hernández haría bien en aprovechar la mayor transparencia y el escrutinio para emprender las acciones recomendadas por las misiones lideradas por la OEA y la ONU hasta sus últimas consecuencias, algunas de las cuales, cabe esperar,
se interpondrán a los intereses de las élites hondureñas.
Si el gobierno intenta desviar los esfuerzos de los organismos internacionales cuyo respaldo convocó, pronto será evidente para todos. Eso daría argumentos a sus críticos en casa y aumentaría aún más la presión política para el cambio en este atormentado país.
Aun cuando la comunidad internacional no logre ayudar a Honduras a resolver por completo sus problemas más acuciantes (el crimen organizado, la corrupción, las violaciones a los derechos humanos), por lo menos la intensificación del escrutinio pondrá sobre aviso al gobierno de que cumpla sus compromisos de mejorar —o pondrá en evidencia sus puntos flacos—.
*Este artículo fue publicado originalmente por Brookings, y se reproduce y traduce aquí con autorización. Vea el original aquí.
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