Las autoridades de Argentina están implementando por primera vez un programa de incautación de activos criminales, un mecanismo legal mediante el cual se les expropian sus bienes a los grupos ilegales, pero que no está exento de tropiezos.
El 16 de julio, el Ministerio Público de Argentina solicitó el decomiso de casi US$19 millones (800 millones de pesos) en propiedades y vehículos de los miembros del clan Loza, una gran organización criminal con conexiones internacionales.
Esta es la primera vez que se hace uso a gran escala de un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, mediante el cual se creó el Régimen de Extinción de Dominio, después de dos años de intentos fallidos para la aprobación de una ley similar por parte del Congreso.
El decreto permite a las autoridades investigar los orígenes de los bienes de presuntos criminales paralelamente a las investigaciones judiciales. Si los propietarios no logran explicar satisfactoriamente cómo pagaron los bienes en cuestión, estos pueden ser confiscados, incluso antes de que se dicte sentencia.
Según el decreto, los casos relacionados con crímenes como narcotráfico, corrupción, crimen organizado, terrorismo y tráfico de personas pueden dar lugar a la extinción de dominio. Las autoridades pueden investigar crímenes cometidos incluso hace 20 años.
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El clan Loza fue investigado después de que 12 miembros del grupo fueron detenidos en diciembre pasado y acusados de delitos como tráfico de drogas y lavado de dinero en Argentina. Otros miembros de la organización están siendo investigados en España e Italia.
El clan dirigía una sofisticada estructura de tráfico de cocaína, que involucraba a productores en Perú y Bolivia, funcionarios de aduanas corruptos en Argentina y una red de distribución de droga en España y otros países europeos.
Las autoridades afirman que la organización era particularmente eficaz para lavar millones de dólares provenientes de ganancias ilegales a través de la compra de cientos de propiedades y vehículos de lujo en varios países.
Análisis de InSight Crime
En principio, las leyes de extinción de dominio son una manera eficaz de atacar a los grupos criminales donde más les duele: sus billeteras.
A pesar de que estas políticas son relativamente nuevas en Latinoamérica, al menos una docena de países tienen leyes similares vigentes y otros las están considerando o están en el proceso de implementarlas.
Pero prácticamente todas las leyes de extinción de dominio han recibido duras críticas, lo que dificulta su aplicación.
En Argentina, los críticos cuestionan el hecho de que el decreto permite que el proceso vaya paralelo a las investigaciones judiciales, por lo que el acusado se ve obligado a demostrar que es inocente, lo cual va en contra de la Constitución argentina.
Además, aunque a veces es claro que los bienes ilegales pertenecen a un individuo sospechoso de actividades criminales, este no es siempre el caso. A menudo es difícil establecer las pruebas de propiedad, lo cual puede conducir a irregularidades.
Pero los fiscales argentinos han respondido que el decreto es esencial, dado que puede ayudar a acelerar los procesos criminales, que a menudo son muy largos.
También existe el temor de que la incautación de activos pueda ser utilizada para retribuciones políticas, pues en efecto muchos altos políticos argentinos han sido acusados de corrupción, y el poder judicial del país ha recibido abundantes críticas.
Las autoridades aseguran que esto no sucederá, dado que se implementará un fuerte mecanismo de supervisión independiente —que actualmente no está siendo considerado—, el cual permitirá asegurar la mayor transparencia posible.
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En tercer lugar, la burocracia ha sido un obstáculo para la efectiva aplicación de las leyes de extinción de dominio en otros países latinoamericanos, particularmente cuando se trata de la manera como se utilizarán los dineros decomisados.
En Argentina, parece que el énfasis se ha puesto en la cantidad de activos que se incautarán, en lugar de lo que las autoridades harán con el dinero.
Otros países de la región enfrentan problemas similares.
En México, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de un nuevo organismo gubernamental para destinar los fondos incautados a la educación, el deporte y otros programas de infraestructura social, pero hay quienes han cuestionado la viabilidad de dicho plan.
Y en Estados Unidos, el hecho de que los bienes incautados suelen ser utilizados para aumentar los presupuestos de los departamentos de policía locales ha sido particularmente polémico.
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