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ANÁLISIS

Senador de EE. UU. genera incertidumbre en lucha anticorrupción en Guatemala

ÉLITES Y CRIMEN / 8 MAY 2018 POR STEVEN DUDLEY Y FELIPE PUERTA ES

En una acción que podría poner en peligro los esfuerzos anticorrupción en Guatemala, el senador estadounidense Marco Rubio anunció la suspensión de unos fondos para el organismo judicial avalado por las Naciones Unidas en Guatemala, la CICIG.

La extraordinaria decisión tomada por Rubio (R-FL) —quien preside el Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental, y hace parte del Comité de Asignaciones— tiene fecha del 4 de mayo.

El senador estadounidense afirmó que la decisión —que su oficina llama “retención de fondos” por US$6 millones en la financiación— tiene que ver con el papel desempeñado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el proceso judicial seguido a la familia Bitkov en ese país.

Los Bitkov, millonarios rusos, tuvieron conexión con el llamado “Caso Migración”, en el que se emitió un fallo contra 39 personas como parte de un amplio montaje ilícito que proveía identificaciones falsas o alteradas. Tres miembros de la familia Bitkov fueron considerados culpables de obtener documentos falsos y falsificar otros en numerosas ocasiones a fin de establecerse y mantener su residencia en Guatemala desde 2009.

Los Bitkov afirman que fueron víctimas de una red criminal, y en abril, la Corte Constitucional de Guatemala revocó parcialmente el veredicto, lo que obligó a los fiscales a reconstruir los causales para llevar a la familia a juicio en la corte guatemalteca.

Rubio —y otros, incluidos Bill Browder, empresario estadounidense que ganó importantes sumas de dinero durante su estancia en Rusia, y Mary Anastasia O’Grady, del Wall Street Journal— han indicado que la CICIG fue manipulada o que es posible incluso que estuviera trabajando con el gobierno ruso de Vladimir Putin, de quien los Bitkov dicen que los persiguió en Rusia. (Prensa Libre, citando a la prensa rusa, comentó que es probable que la familia Bitkov haya defraudado a los socios de su empresa hasta en US$6 millones y posteriormente huido del proceso subsiguiente).

La Comisión no respondió a la declaración de Rubio, pero en una descripción detallada de su participación en el caso Bitkov, publicado días antes, la CICIG afirmó haber participado solo como “parte demandante conjunta” en el Caso Migración en 2014 y que no tuvo ninguna relación con el gobierno ruso.

“La Comisión actúa con total independencia, adhesión a su misión y respeto por la ley guatemalteca”, se lee en la explicación de la Comisión. “Las investigaciones de la CICIG no están condicionadas por sus donantes ni por ningún otro ente externo. Por favor nótese que la Federación de Rusia no es —ni ha sido en el pasado— donante de esta Comisión. La CICIG no ha tenido relación alguna con la Federación de Rusia”.

Análisis de InSight Crime

La declaración de Rubio y la posible suspensión del financiamiento a la Comisión es una seria escalada del enfrentamiento entre las fuerzas anticorrupción en Guatemala, como la CICIG y el Ministerio Público, y sus enemigos, que incluyen al presidente Jimmy Morales y otros, quienes como Morales tienen investigaciones en curso por prácticas corruptas y criminales.

Rubio siguió su declaración con una carta dirigida a Morales, en la que le solicitaba mantener vigilancia estrecha sobre la familia Bitkov y la CICIG.

“Me preocupa la participación de la Comisión Internacional sobre [sic] Impunidad en Guatemala [CICIG] en este asunto”, escribió.

Morales puede interpretar esto como una luz verde para proseguir sus maniobras declaradas para librarse de la Comisión, la cual ha contribuido a presionar en casos contra él, contra su familia y contra su partido político.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Reforma Judicial

Desde 2007, la CICIG ha funcionado como asesor técnico supernumerario del Ministerio Público de Guatemala en casos penales y de corrupción de alto nivel. Ha ayudado a los fiscales a llevar a prisión a altos funcionarios del actual gobierno y de otros, incluyendo a dos expresidentes y una exvicepresidenta, cuyos casos están en desarrollo.

Tradicionalmente, el gobierno estadounidense ha destinado casi la mitad de su presupuesto anual estimado de US$15 millones, y por lo general ha elogiado sus esfuerzos a lo largo de los años, y ha respaldado a la Comisión cuando líderes corruptos han tratado de archivar el ente, como en semanas recientes, cuando el embajador estadounidense en Guatemala se tomó una fotografía con el comisionado de la CICIG.

Incluso uno de los abogados de los Bitkov disiente de la interpretación que hace Rubio sobre la participación de la CICIG.

“Se está aprovechando de nuestro caso”, José Rolando Alvarado dijo en declaraciones a Nómada días antes del comunicado de Rubio. “No somos anti-CICIG”.

La ironía es también notoria si se considera la inquietud expresada por Rubio sobre la manera como grupos criminales y terroristas podrían sacar ventaja de la laxitud y corrupción de los sistemas migratorios en Centroamérica. Según el comunicado de la CICIG sobre el caso Bitkov, el caso Migración recibió “elogios internacionales por la desarticulación de una gran red que planteaba un riesgo para la seguridad nacional y regional”.

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