Los funcionarios del gobierno interino de Bolivia han intensificado las operaciones contra el narcotráfico en los últimos seis meses, pero la presión sobre las comunidades productoras de coca en Cochabamba está creando tensiones con las fuerzas del orden y podrían intensificarse.
El 23 de abril, trece miembros de una red de narcotráfico de la ciudad de Entre Ríos, Cochabamba, fueron detenidos después de perpetrar una emboscada contra agentes de la Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales (UMOPAR), según dijo el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en una conferencia de prensa.
Los narcotraficantes supuestamente estaban intentando proteger su laboratorio de drogas, donde más tarde se encontraron 37 kilos de cocaína. Los residentes de municipios cercanos, como Shinahota, Chimoré y Villa Tunari, violaron la cuarentena para salir en búsqueda de agentes de policía y expulsarlos de la zona. Los residentes dijeron que la presencia de la policía no era necesaria, ya que el ejército también estaba en la zona llevando a cabo patrullajes similares.
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Este es el más reciente de una serie de enfrentamientos entre autoridades y grupos de narcotráfico en Chapare en lo que va de 2020.
En el mes de enero, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) logró destruir 15 laboratorios de drogas en la provincia de Chapare, departamento de Cochabamba, supuestamente en menos de siete horas. En febrero, la misma fuerza desmanteló veinte laboratorios de drogas, en los que, según los informes, incautó estupefacientes por valor de más de US$300.000. Y en marzo destruyó al menos siete laboratorios de drogas.
Los informes sobre redadas a laboratorios e incautaciones de cocaína indican que el gobierno interino está adoptando una estrategia bastante diferente a la del expresidente Evo Morales, quien comenzó su carrera como activista cocalero en Chapare.
El gobierno interino ha reemplazado a varios agentes de rango medio y alto de la FELCN y otros organismos encargados de llevar a cabo operaciones antidrogas, como dicen varios expertos en seguridad de la zona consultados por InSight Crime. Según estos expertos, la actividad de narcotráfico se apoya en funcionarios corruptos encargados de los trabajos de erradicación, los puestos de control de transporte de coca y la destrucción de laboratorios químicos.
“Nuestro país se estaba convirtiendo en un paraíso para los narcotraficantes”, dijo Murillo en febrero. “Hoy en día están amedrentados y tratando de esconderse”.
Análisis de InSight Crime
La prolífica producción de coca en Cochabamba, y especialmente en Chapare, la ha convertido durante mucho tiempo en un centro para la actividad del narcotráfico. Y aunque el gobierno de Evo Morales permitió cierta actividad legal de coca en la región, hay quienes critican dicha decisión porque fue mal implementada.
Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos incluye cifras de la ONU según las cuales “el 90 por ciento de los cultivos de coca de la región de Chapare están destinados a la producción ilícita de coca y no al consumo tradicional”. Según el informe, incluso gran parte de la coca orientada al consumo legal es “desviada” de los puestos de control de transporte terrestre, donde los miembros corruptos de las fuerzas de seguridad se hacen los de la vista gorda o reciben sobornos. Parte de esa coca llega a los laboratorios de drogas, desde donde es enviada a Paraguay y Brasil, y de ahí a Europa, África y otras partes del mundo.
Pero a pesar de las entusiastas afirmaciones hechas por Murillo, los niveles de erradicación de coca en Cochabamba durante el gobierno interino son similares a los que existían durante el gobierno de Morales.
La erradicación ha cesado por completo recientemente, según dijeron los expertos en seguridad consultados por InSight Crime.
Si bien la pandemia del coronavirus ha contribuido a esta interrupción, es probable que la decisión también sea política. Los sindicatos de cocaleros de Cochabamba están bien organizados y son leales a Evo Morales y a su partido político, Movimiento al Socialismo (MAS). Morales es “presidente a perpetuidad” de la federación de productores de coca de Chapare, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Enviar agentes armados a las zonas rurales para destruir los cultivos de los cocaleros plantea evidentes riesgos políticos en vísperas de las elecciones, en las que el MAS sigue siendo uno de los favoritos.
A esto se suma la historia particularmente complicada de erradicación de la coca en Chapare, que durante décadas ha promovido violencia en las comunidades rurales pobres, donde la mayor parte de los habitantes son cocaleros indígenas. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration - DEA) y otras agencias antidrogas han sido vinculadas a casos de violencia, detenciones arbitrarias y tortura en Chapare —todo por la erradicación de la coca—.
“No somos narcotraficantes”, le dijo a la prensa Leonardo Loza, ejecutivo de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. “No somos terroristas. No somos sediciosos. Somos gente humilde”.
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Morales y muchos otros miembros del MAS fueron cocaleros en Cochabamba antes de comenzar a ascender en cargos gubernamentales locales y regionales, lo que les permitió generar profundos lazos de confianza. El gobierno interino ha debido enfrentar protestas en Chapare desde 2019.
La estrategia de destruir laboratorios de drogas y reemplazar a funcionarios de los organismos de seguridad corruptos parece tener sentido en vísperas de las elecciones. Pero la expulsión de la policía por parte de los residentes de Chapare indica que su paciencia por la acción intrusiva del gobierno ya se está agotando.
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