La búsqueda incesante de miembros de la comunidad indígena de los Yaqui en México, desaparecidos hace más de un mes, se ha convertido en un grito de guerra para los activistas que llaman la atención sobre el estremecedor número de desapariciones en el estado de Sonora, al norte del país.
El 14 de julio, 10 personas salieron de la comunidad yaqui en Loma de Bácum, al sur de Sonora, para llevar un rebaño de ganado a una feria que se realizaba en la Hacienda Agua Caliente, unos 85 kilómetros hacia el norte.
Nunca llegaron y no se sabe de ellos desde entonces.
A comienzos de agosto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que las autoridades estaban buscándolos. Y el 24 de agosto, durante una visita a Sonora, reconoció las pérdidas sufridas por la comunidad indígena por causa de la violencia que azota su tierra.
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“Los gobernadores yaquis aceptaron de que participe la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional [en sus tierras] y esto va ayudar mucho para garantizar la paz”, dijo en una alocución el mandatario. También culpó de la agudización de la violencia en Sonora al incremento del tráfico de fentanilo.
Pero para la comunidad yaqui la respuesta va más allá de los intereses del narcotráfico. Aseguran que este fue solo un nuevo acto dentro de una campaña sistemática para sacarlos de sus tierras o reprimir las protestas contra un oleoducto y concesiones mineras. Dos reconocidos líderes Yaqui fueron asesinados en Sonora en mayo y junio.
También es tema de controversia cuántos esfuerzos se están haciendo para buscar a los desaparecidos. Las notas de los medios han hablado de una operación de búsqueda en grande, con la participación de hasta 12 entes del gobierno local y nacional, además de drones y helicópteros. La Fiscalía General de Sonora declaró que desde el comienzo se ofreció protección personal y apoyo psicológico a los familiares de los desaparecidos.
Pero Guadalupe Flores Maldonado, miembro de la guardia Yaqui en Loma de Bácum, relató una historia muy distinta.
“Hasta ahorita ningún funcionario, nadie del gobierno estatal o federal se ha presentado aquí para darnos su apoyo, aquí nomás mandaron a la Guardia Nacional, a la Marina, a la Sedena, a la policía y la agencia investigadora que según son los que están apoyando”, denunció ante Animal Político a comienzos de agosto.
Análisis de InSight Crime
Los Yaqui son una cara más de la tragedia de Sonora. Desde 2015, han desaparecido más de 4.000 personas en ese estado, según cifras de las autoridades y de asociaciones de víctimas.
“Regularmente no se denuncian estos casos, pero en plataformas hemos observado en promedio o reportado como desaparecidos alrededor de cuatro personas diarias”, dijo Manuel Emilio Hoyos, director del Observatorio de Seguridad de Sonora al diario local El Sol de Hermosillo.
Las desapariciones no discriminan entre clases sociales. En 2021, hubo un marcado incremento de casos de mujeres. InSight Crime halló que hubo denuncias de 41 mujeres desaparecidas entre enero y abril de 2021, frente a 82 casos declarados en todo 2020.
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Los migrantes que tratan de llegar a la frontera con Estados Unidos también corren riesgo. Aunque no se conocen datos confiables sobre esas desapariciones, se han denunciado más de 250 personas como desaparecidas en el norte de México desde marzo de 2020, lo que incluye el estado de Sonora.
Pero Sonora no es la región más afectada de México. Ocupa un quinto lugar entre los estados con mayor número de desapariciones desde 2019.
La oleada de desaparecidos en Sonora es resultado de un complejo entramado de factores: grupos criminales en control de grandes extensiones de tierra en la cual preparan, empacan y transportan drogas, contrabando y migrantes; autoridades locales faltas de motivación, poco entrenadas, corruptas y con exceso de tareas, que de manera rutinaria ignoran las señales de alerta y no dan máxima prioridad a los casos de desaparición; y grandes intereses económicos que pueden intersectarse con los intereses criminales.
El resultado es una impunidad casi absoluta. Parece que solo los casos que se salen de lo común reciben gran atención de la prensa y, por extensión, de las autoridades. Por ejemplo, el pasado mes de abril, 30 marinos mexicanos fueron detenidos por participación en varias desapariciones forzadas en 2014. El caso más reciente de los yaquis desaparecidos es otro. Pero se necesita más.
Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la búsqueda de los desaparecidos también son perseguidas.
El 24 de agosto, el mismo día de la visita de López Obrador a Sonora, docenas de activista se congregaron en Ciudad de México para una protesta y redactaron un comunicado en el que pedían mayor protección del Estado. Una de las recordadas fue Aranza Ramos, una joven de 28 años, del estado de Sonora, que había hecho parte de los grupos de búsqueda organizados por Madres Buscadoras para buscar a su esposo desaparecido desde diciembre de 2020. Ella participó en el descubrimiento de fosas comunes y al parecer recibió varias amenazas antes de ser acribillada en julio pasado en su casa, en Guaymas, Sonora.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas (UNHCR) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han hecho llamados al gobierno para que investigue la muerte de Ramos y proteja a su familia.
Entretanto, la familia Ramos y la comunidad yaqui siguen esperando respuestas.
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