La captura del jefe de custodia del presidente uruguayo en un presunto fraude con pasaportes es el segundo escándalo de esas proporciones en el país y plantea interrogantes de si la corrupción en el gobierno ha pasado inadvertida por demasiado tiempo.
Alejandro Astesiano fue detenido el 25 de septiembre, acusado de dirigir una red criminal que proveía partidas de nacimiento falsas que decían que ciudadanos rusos tenían padres uruguayos, según la Fiscalía General del país.
Los fiscales declararon que Astesiano se reunía con sus coconspiradores en su oficina en la Torre Ejecutiva, que sirve como despacho oficial del presidente de Uruguay. Aunque hasta ahora los investigadores han hallado 20 casos de ciudadanos rusos que obtuvieron pasaportes uruguayos por esta vía, podría haber muchos más.
“Son cientos o quizás miles las falsificaciones de documentos uruguayos», declaró la fiscal Gabriela Fossati esta semana a El País.
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Aunque el presidente Luis Lacalle Pou negó tener conocimiento del caso antes del arresto de Astesiano, los dos hombres se conocían de años atrás. Astesiano fue investigado más de 20 veces en las dos últimas décadas, entre ellas múltiples veces por fraude, según indicó El País.
El ministro del interior también abrió una investigación para saber si se alteró el expediente del caso de Astesiano, pues el presidente Lacalle Pou fue presuntamente informado en 2020 y 2021 que su custodio de seguridad no tenía ningún proceso legal previo a su nombre.
Las autoridades estaban bien infromadas de los problemas relacionados con el otorgamiento de ciudadanías en el país, según Ricardo Gil Iribarne, expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) del gobierno.
“Se ignoraron las irregularidades informadas desde hace por lo menos dos años por jerarcas de la Dirección Nacional de Identificación Civil en los trámites de nacionalización de hijos y nietos de uruguayos supuestamente nacidos en el exterior”, dijo a InSight Crime.
Este es el segundo caso en relación con la emisión fraudulenta de pasaportes que golpea al gobierno de Lacalle Pou. El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue retenido en Dubái en octubre de 2021 después de ser sorprendido viajando con un pasaporte paraguayo falso. Marset contactó a las autoridades en su país y rápidamente se le emitió un nuevo pasaporte uruguayo, tras lo cual desapareció. Actualmente se desconoce su paradero.
A raíz de ese hecho, la Fiscalía General ordenó que se abriera una investigación para saber cómo se le había otorgado su pasaporte a Marset, según indicaron varios medios uruguayos.
Análisis de InSight Crime
Aunque Uruguay continúa mejorando su posición en los rankings internacionales que hacen seguimiento a la transparencia gubernamental, varias investigaciones han complicado al gobierno del presidente Lacalle Pou este año.
Además de estas dos investigaciones relacionadas con pasaportes, la esposa del ministro de educación de Uruguay fue detenida en febrero por cargos de lavado de dinero en relación con el aún actual escándalo de corrupción de Odebrecht.
Han surgido más preguntas acerca de los integrantes del esquema de protección del presidente. Aunque Lacalle Pou ha negado tener conocimiento de los antecedentes criminales de Astesiano, en septiembre de 2021 el medio uruguayo Radio Sarandi publicó una investigación sobre los miembros de la guardia presidencial. Además de Astesiano, su segundo al mando fue investigado por formar parte de un escuadrón de la policía presuntamente implicado en extorsión y sobornos. Un tercer integrante de la unidad de Astesiano fue también destituido de la policía de Montevideo por ser sospechoso de haberse apropiado de un dinero incautado, producto de un robo.
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Para Gil Iribarne, no reconocer la corrupción en el sistema político de Uruguay ha resultado en la falta de implementación de medidas básicas de prevención y en el desconocimiento de señales de alerta hasta que ya es muy tarde.
Aunque elogió el hecho de que Uruguay se mantenga como el país menos corrupto de Latinoamérica, según Transparencia Internacional, Iribarne señaló que “hay corrupción en Uruguay, como la hay en el resto del mundo, pero si no se reconoce, no se puede trabajar para resolver el problema”.