Un nuevo reportaje revela cómo los esquemas Ponzi y piramidales se han multiplicado rápidamente por los países del Caribe durante la pandemia mientras que las autoridades han sido incapaces de hacerles frente.
El informe publicado por la Red de Periodismo de Investigación del Caribe (Caribbean Investigative Journalism Network, CIJN) analizó casos de fraude en Guyana, Trinidad y Tobago, Barbados, Antigua y Barbuda, Jamaica y las Islas Vírgenes Británicas, señalando que estos esquemas fraudulentos «ya les han costado cientos de millones de dólares a los inversionistas novatos».
En Guyana, dos personas fueron detenidas en agosto de 2020, luego de ser acusadas de dirigir una empresa de inversión, sin licencia ni registro, llamada «Accelerated Capital Firm Inc.». La empresa recaudó 27 millones dólares en inversiones de aproximadamente 17.000 miembros, y actualmente sus directivos se encuentran a la espera de un juicio en donde enfrentan alrededor de 80 cargos de conspiración para obtener dinero con falsas pretensiones, según los fiscales.
Este no es el único esquema de este tipo que se ha presentado en Guyana. En el país han surgido compañías similares con nombres como «Freedom Family» (Familia Libertad) y «Bless and be Blessed» (Bendice y Serás Bendecido), donde los ciudadanos eran incitados a invertir cantidades irrisorias, entre los US$5 y los US$25, con un tentador retorno de hasta ocho veces la inversión inicial.
Otra firma llamada Drugs Sou Sou, de Trinidad y Tobago, es materia de investigación por un esquema de inversión similar. Un contratista de 42 años de edad que tenía problemas para pagar la nómina de su negocio relató que la empresa le ofreció rendimientos hasta del 600 por ciento, según el reportaje de la CIJN.
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Estos esquemas financieros no se limitan solo a los seis países investigados por la CIJN, sino que se extienden por toda la región Caribe. En Cuba, las autoridades recientemente descubrieron un esquema Ponzi bajo la fachada de un juego conocido como La Bola. Mediante este juego se le pedía a la gente invertir 500 pesos cubanos (US$20) y convencer a otras 14 personas para que hicieran lo mismo. El esquema resultó tan popular que, para el 15 de febrero, en una sola estación de policía de La Habana se habían registrado presuntamente más de 300 denuncias relacionadas con la estafa.
Tampoco es la primera vez que estos esquemas surgen en el Caribe. En las décadas de 1990 y los 2000, en Antigua, existió uno de los esquemas Ponzi más grandes del mundo: el Ponzi Stanford, mediante el cual se robaron US$8 mil millones a inversionistas de todo el mundo.
El Ponzi Stanford era liderado por el financista texano Allen Stanford desde un banco offshore de su propiedad ubicado en Antigua. A lo largo de 20 años, Stanford usó el dinero de los inversionistas para solventar sus proyectos inmobiliarios y empresariales, al igual que su multimillonario estilo de vida, hasta que fue condenado en 2012 en Estados Unidos, donde actualmente cumple una pena de 110 años de prisión.
En Jamaica, la empresa de inversión fraudulenta Cash Plus, que surgió en 2002, aseguraba a los prestamistas hasta un 120 por ciento en rendimientos anuales, con pagos mensuales de diez por ciento. El esquema colapsó en 2008, con deudas acumuladas por US$10.000 millones a más de 40.000 inversores. Sin embargo, pasó casi una década antes de que se pudiera acopiar evidencia suficiente para abrir un caso contra su propietario, Carlos Hill, quien fue absuelto en 2017 por falta de pruebas.
Muchos países caribeños, como Jamaica, han tenido dificultades para combatir estos esquemas. El informe de la CIJN indica que en muchos casos la legislación es obsoleta y puede contener vacíos legales. En Guyana, por ejemplo, está prohibida la venta de proyectos piramidales, pero la ley «sólo abarca bienes y servicios y no inversiones financieras».
Tras el escándalo de Cash Plus, Jamaica modificó su Ley de Valores en 2013 con el fin de prohibir explícitamente los esquemas Ponzi y piramidales. Sin embargo, países como Trinidad y Tobago y Antigua y Barbuda no tienen este tipo de legislación, como señala la CIJN.
Análisis de InSight Crime
La crisis económica y la volatilidad laboral causada por la pandemia pueden haber aumentado el atractivo de estos esquemas, especialmente entre personas de escasos recursos cuya situación se ha vuelto más precaria.
A finales de febrero de este año, el Banco de Desarrollo del Caribe reveló que las economías de sus 19 países miembros se contrajeron en promedio 12,8 por ciento en 2020 debido a la caída del turismo y de las exportaciones de materias primas.
Si bien anteriormente los esquemas financieros engañaban a inversores ricos, hoy en día los estafadores se aprovechan cada vez más de comunidades económicamente vulnerables.
Más aún, el fraude financiero ocupa los últimos puestos en las listas de prioridades de los gobiernos caribeños, que han enfocado sus esfuerzos en reducir los casos de COVID-19, conseguir vacunas y salvar sus maltrechas economías.
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El fiscal general de Guyana, Anil Nandlall, dijo a la CIJN que «al tema se le debe prestar atención urgentemente» a nivel regional por parte de CARICOM y el Grupo de Acción Financiera del Caribe. Asimismo, se han presentado algunas propuestas para actualizar la legislación y mejorar los mecanismos de litigio para las víctimas de estos esquemas.
Por su parte, el Ministro de Finanzas de Barbados, Ryan Straughn, está presionando para que la regulación en el país en torno a los sistemas legales de préstamos de persona a persona se extienda a los esquemas Ponzi. Sin embargo, admite que las condenas en esos casos serían complicadas de lograr.
«Desafortunadamente, a menos que haya algún tipo de contrato o documentación, en última instancia se trataría de la palabra de los estafadores contra gente del común […] la falta de información dificulta la judicialización», dijo Straughn a la CIJN.
En todo el Caribe, así como en poblaciones afroamericanas en Estados Unidos, los esquemas piramidales se han disfrazado de clubes de ahorro comunales conocidos como «sou-sous«. Estos clubes muchas veces adoptan nombres inocuos, como «partners», «box hands», o «blessing looms», originarios de África Occidental, donde son utilizados por personas que no tienen acceso a la banca tradicional.
Un factor que ha hecho que estos esquemas proliferen en el Caribe es el «fraude de afinidad«, la táctica de infiltrarse en comunidades religiosas, étnicas y minoritarias con el fin de estafarlas. Muchos de estos esquemas se promueven entre comunidades marginadas como una forma de generar riqueza y empoderarse financieramente.
Con el Ponzi Stanford, las cerradas comunidades judías de toda América Latina se vieron afectadas de manera desproporcionada. Entretanto, en Barbados, los esquemas conocidos como «círculos de bendición» han proliferado en las iglesias, donde toman la forma de donaciones de caridad.
Más allá del Caribe la pandemia también ha derivado en una bonanza de fraudes financieros, entre los cuales se encuentran operaciones de usura y esquemas de inversión fraudulentos.
Una reconocida actriz en Argentina acaparó titulares recientemente debido a su participación en los «telares de abundancia«, esquemas piramidales hábilmente comercializados como grupos de solidaridad femenina en internet, que aprovechan movimientos como los de la legalización del aborto y la reducción de la violencia de género para venderse.
En Colombia 7 millones de personas fueron identificadas como vulnerables a los esquemas «gota a gota» en mayo del año anterior debido a las consecuencias económicas de los prolongados confinamientos y las dificultades en el acceso al sistema bancario. En estos esquemas las víctimas que reciben dinero prestado son desangradas por los prestamistas mediante constantes pagos extorsivos y altas tasas de interés.
En otros países como Argentina, Perú, México y El Salvador también aumentó el número de prestamistas usureros en 2020, y dado que los intentos de abordar el problema son escasos y esporádicos, las autoridades se ven forzadas a emitir advertencias con poco poder de acción.