La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declaró el estado de emergencia dado que los casos de extorsión alcanzaron niveles incontrolables, imitando el polémico pero popular estado de excepción en su vecino, El Salvador.
Las medidas llevarán a la suspensión de algunos derechos constitucionales en zonas urbanas con presencia significativa de grupos criminales y al despliegue de 20.000 policías a nivel nacional, y establecerán controles de seguridad en las carreteras, entre otras medidas para reprimir a las pandillas, según informó Reuters.
La mayoría de las autoridades se ubicarán en barrios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 tienen una fuerte presencia y llevan a cabo un gran número de extorsiones, según El Heraldo.
El estado de excepción hace parte de una estrategia más amplia contra la extorsión anunciada en una conferencia de prensa el 24 de noviembre. Otras medidas incluyen la creación de regulaciones más estrictas para las empresas que venden tarjetas SIM para teléfonos celulares, el rastreo de los números de teléfono utilizados por los extorsionistas y establecen el requisito de que las motocicletas tengan una placa y un casco con números que coincidan.
Durante la conferencia de prensa, el gobierno también anunció planes para implementar una estrategia de “rastreo del dinero” no solo para enjuiciar a los extorsionistas de poca monta, sino además para rastrear los pagos de las extorsiones y la manera como estos dineros se blanquean en la economía formal, investigando a las empresas involucradas.
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Sin embargo, el plan para emplear estas duras medidas se produce después de varios días de protestas y marchas en las que los conductores de taxis, autobuses y camiones, así como empresarios del sector del transporte y propietarios de negocios locales exigieron mayor protección, según CNN Español.
Solo alrededor del 1% de los casos de extorsión se denuncian, lo que dificulta verificar las estimaciones sobre los cambios en las tasas de extorsión, como dijo Andreas Daugaard, coordinador de investigación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, tras ser consultado por InSight Crime.
“[El aumento en las tasas de extorsión] es una verdadera percepción del sector transporte, y es en efecto el mensaje que este sector está enviando. Yo no tengo ninguna razón para dudarlo o decir que no es cierto, pero tampoco dispongo de ninguna cifra que me permita subestimar el hecho de que hay un aumento en las extorsiones”, señala Daugaard, quien es coautor de un reciente informe sobre la extorsión en Honduras. Los datos de la encuesta citados en el informe sugieren que las tasas de extorsión son aproximadamente las mismas en 2022 que en 2018, con aproximadamente el 9% de la población afectada.
Los hondureños pierden aproximadamente 18 mil millones de lempiras (aproximadamente US$737 millones) al año por las extorsiones, según una investigación del periódico hondureño El Heraldo.
Esta medida es la primera ofensiva contundente contra la actividad de las pandillas en los países centroamericanos, después de la muy controvertida aunque popular política de “mano dura” del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Análisis de InSight Crime
Si bien los descarados esquemas de extorsión que devastan a las empresas y trabajadores hondureños han causado que Castro implemente el estado de excepción, la popularidad de la campaña de Bukele para reducir el poder de las pandillas podría ser otro factor motivador.
El término “impuesto de guerra” es usado por los grupos criminales en Honduras para referirse a sus esquemas de extorsión, particularmente la MS13 y Barrio 18. Los grupos les exigen a individuos o empresas que paguen por la “protección”, a la vez que los amenazan con violencia.
Sin embargo, aunque tradicionalmente se ha considerado que la MS13 y Barrio 18 son responsables de prácticamente todas las extorsiones en Honduras en los últimos diez años, esta no es la realidad actual, dijo Daugaard a InSight Crime.
“Hay muchos grupos involucrados en esto: pandillas locales más pequeñas o personas con información privilegiada dentro de la policía o dentro de las fuerzas armadas”, afirma Daugaard. “El otro gran grupo son los llamados imitadores: personas que no necesariamente pertenecen a ninguna pandilla pero que usan la fama y el miedo que inspiran los miembros de las pandillas para extorsionar. Cuando dicen ‘Soy de Barrio 18’ o ‘Soy de la MS13’, muchas personas pagan automáticamente”.
Además, los esquemas de extorsión se han vuelto más fáciles de llevar a cabo a medida que las transferencias de dinero digital se vuelven más comunes en Honduras. Usando aplicaciones como TigoMoney, los extorsionistas pueden exigir pagos más rápidos, los cuales aparecen en el sistema bancario como transacciones legítimas. Ningún caso de extorsión con pago electrónico termina en los tribunales, solo las extorsiones con dinero en efectivo, que se están volviendo mucho menos frecuente, según Daugaard.
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Además, un informe de ASJ señala que los grupos criminales han modificado sus esquemas de extorsión para reducir los riesgos. Por ejemplo, en lugar de enviar cobradores para que reclamen los pagos, los extorsionistas obligan a los conductores de autobuses a recoger los pagos de sus colegas y transferirles el dinero directamente.
“¿Es [esta persona] una víctima de extorsión, o es parte del esquema de extorsión porque está recibiendo los pagos y entregándoselos a la pandilla?”, se pregunta Daugaard. “Podría ser arrestado por extorsión porque está colaborando en el esquema de extorsión, pero, al mismo tiempo, tiene que pagar una extorsión”. Tácticas como estas hacen que los recolectores de poca monta sean incluso menos efectivos.
Si bien algunas de las medidas contra la extorsión que se anunciaron recientemente permitirán combatir los cambiantes esquemas de extorsión en Honduras, no está claro si el estado de excepción militarizado será efectivo. Encarcelar a miles de pandilleros es una medida que tiende a afianzar la cultura de las pandillas y a fortalecer a los grupos en lugar de erradicarlos.
Aun así, la presidenta de Honduras ha visto que, con su política de mano dura, Bukele ha asestado duros golpes a las pandillas hasta la sumisión, ha logrado reducir las tasas de homicidios a mínimos históricos, y continúa siendo uno de los líderes más populares de la región. No es coincidencia que un país vecino con problemas de pandillas similares y que enfrenta amenazas similares esté tratando de replicar elementos del régimen de excepción sin llegar a los extremos.
“Existen las extorsiones tienen un gran impacto en Honduras, financiera y socialmente, y existe la percepción de que el Estado no está haciendo nada, y a menudo con razón”, afirma Daugaard. “La idea de que un ‘hombre fuerte’ esté diciendo que va a enfrentar la situación, y que encarcele a decenas de miles de supuestos pandilleros es muy popular en El Salvador, y también es muy popular en Honduras. Cuando [la mano dura] comenzó a aumentar, muchas personas, especialmente en línea, pedían medidas similares. Y creo que está claro que eso es lo que Castro está haciendo”.
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