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Grupos armados ponen nuevas barreras al acceso humanitario en Colombia 

COLOMBIA / 13 JUN 2023 POR LARA LOAIZA Y SEAN DOHERTY ES

Los grupos armados están dificultando el acceso de las organizaciones humanitarias a varias zonas de Colombia, posiblemente para evitar denuncias de violaciones a los derechos humanos que podrían afectar a las negociaciones de paz con el gobierno.

Los incidentes de seguridad que afectaron a trabajadores humanitarios entre enero y abril de 2023 aumentaron un 133% en comparación con el año pasado, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanos de las Naciones Unidas (OCHA). El personal fue objeto de frecuentes amenazas o se les impidió el acceso a zonas donde estaban respondiendo a desplazamientos forzados, confinamientos a comunidades enteras y otras violaciones de derechos humanos.

VEA TAMBIÉN: ¿Podrá la 'Paz Total' desarmar a los grupos criminales en Colombia? 

Los departamentos más afectados son Norte de Santander, Guaviare y Nariño a causa de la presencia de algunos de los grupos criminales más poderosos del país. Entre ellos se encuentran el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las ex-FARC mafia, una serie de facciones disidentes que surgieron tras la firma del acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Colombia.

Estos grupos mantienen complejas negociaciones con el gobierno colombiano en el marco de la llamada iniciativa de la "Paz Total", y el ELN acordó un cese al fuego de seis meses el 9 de junio.

Esta no es la primera vez que las organizaciones humanitarias han expresado su preocupación. En febrero, el Equipo Humanitario País, que acoge las organizaciones humanitarias que tienen presencia en Colombia, alertó sobre el incremento de este tipo de incidentes.  

Según cálculos de OCHA, entre enero y abril, 13.168 personas dejaron de recibir asistencia humanitaria como consecuencia de las restricciones de acceso humanitario. 

Análisis de InSight Crime  

Las crecientes restricciones impuestas al acceso humanitario por los grupos armados podrían ser un intento de evitar que surjan denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y pongan en riesgo sus delicadas negociaciones con el gobierno colombiano.

Para citar un ejemplo, entre enero y mayo se registraron 117 hechos violentos, entre los cuales 93 fueron acciones violentas directas contra la población civil, según un reporte de la Defensoría sobre el cese al fuego con el Estado Mayor Central de las ex-FARC mafia. En mayo, el reclutamiento y posterior asesinato de cuatro niños indígenas en Putumayo llevó al gobierno a suspender el cese al fuego con el grupo en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta.

Además, pese a que hubo una disminución del 45% en las acciones de los grupos armados entre enero y abril, de acuerdo con el reporte de OCHA, los enfrentamientos entre los grupos armados y los ataques contra la población civil continúan siendo la principal causa de las emergencias humanitarias en el país.

Para OCHA, existen varios factores que han llevado al incremento en las barreras de acceso, entre los cuales se encuentran el desconocimiento del derecho internacional humanitario (DIH) por parte de los grupos armados y una mejor preparación del personal humanitario para reportar este tipo de incidentes.  

“Esto ocurre, en medio de los procesos de expansión y reconfiguración de los GANE [Grupos Armados No Estatales] durante los últimos años, lo que ha llevado tanto al aumento de los incidentes como a que gran parte de aquellos que fueron reportados en 2022 se relacionaran con amenazas y violencia directa contra el personal y bienes humanitarios” afirmó una vocera de la organización. 

VEA TAMBIÉN: Los seis espinosos meses de diálogos entre el gobierno de Colombia y el ELN 

En Antioquia, Guaviare y otros departamentos, los grupos armados prohíben a los habitantes desplazarse entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, según un informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP) publicado en mayo.  

Al mismo tiempo, el ELN interrumpió el acceso a la información de los campesinos e impidió la instalación de infraestructura que permitiera el acceso a Internet en Norte de Santander y Nariño. Además, las autoridades en Colombia han registrado 66 hechos de niños y niñas vinculados a actividades de grupos armados en 2023. 

OCHA espera que la situación mejore a medida que las mesas de negociación con los grupos armados en el país avancen, pero resaltan con preocupación la expansión de algunos grupos en el país. “Hemos observado la consolidación de los GANE en el Pacífico y zona de frontera con Norte de Santander, así como la expansión de la violencia contra la población civil hacia el sur de Bolívar y la zona centro sur del país (Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta) junto con un aumento del control social y territorial, lo que ya ha ocasionado incidentes de acceso humanitario en el sur del país”. 

*Este artículo fue actualizado el 19 de junio con las declaraciones de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanos de las Naciones Unidas (OCHA) 

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