La flexibilización de las restricciones a la posesión de armas de fuego en Brasil está creando nuevos canales para que los grupos criminales las obtengan por medios legales, una tendencia preocupante en un país que lleva mucho tiempo sufriendo la violencia con armas de fuego.
La policía brasileña incautó múltiples armas de fuego vinculadas al conocido grupo de narcotraficantes Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital - PCC) durante operaciones llevadas a cabo en junio en São Paulo. Todas las armas habían sido adquiridas con un permiso legal conocido como licencia de Coleccionistas, Tiradores y Cazadores (Colecionadores, Atiradores e Caçadores - CAC). La licencia CAC permite a los brasileños adquirir una gran variedad de armas siempre que no cuenten con antecedentes penales, estén inscritos en un club de tiro y puedan demostrar su destreza con un arma de fuego.
Según Folha de São Paulo, las incautaciones, que incluían una subametralladora y un rifle semiautomático, llevaron a la policía a investigar si grupos como el PCC están utilizando compradores fachada o familiares sin antecedentes penales para adquirir armas de fuego legales utilizando permisos CAC. Un fiscal de la Fiscalía General de Brasil dijo al periódico que la inteligencia estatal apuntaba a que los miembros del PCC ya habían intentado comprar armas de fuego utilizando los CAC.
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En enero las autoridades detuvieron a un presunto comprador fantasma acusado de revender armas y munición adquiridas legalmente a múltiples organizaciones delictivas de Río de Janeiro. La policía incautó más de cincuenta armas en la residencia del sospechoso, entre ellas 26 rifles de alta potencia, todas ellas compradas para cazar o coleccionar, informó O Globo.
La entrega de licencias CAC, administradas por el ejército brasileño, se ha disparado bajo el mandato del presidente Jair Bolsonaro, que ha aprobado una serie de decretos que eliminan las restricciones a la renovación de permisos de armas. Las medidas también han relajado las restricciones sobre la cantidad y el tipo de armas de fuego que los ciudadanos pueden poseer, entre otras regulaciones.
Además, en el Senado se está debatiendo un proyecto de ley, respaldado por Bolsonaro y sus aliados en el Congreso, con el fin de consagrar estos decretos en la legislación del país.
Análisis de InSight Crime
Aunque el uso de compradores fantasma para adquirir armas para grupos criminales no es nuevo en Brasil, la flexibilización de la normativa del CAC ha creado un espacio ideal para adquirir una amplia gama de armas de fuego de forma legal y a precios más bajos que en el mercado negro.
"Antes no podías tener cualquier arma. No podías conseguir un rifle. No podías llegar… y comprar cualquier cosa", dijo Bruno Langeani, director del Instituto Sou da Paz en Brasil, a Folha de São Paulo. "Todo eso fue eliminado".
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Los grupos criminales en Brasil han adquirido armas por medios ilegales desde hace mucho tiempo, especialmente a través del contrabando desde Estados Unidos o robando armas de los arsenales policiales y militares en el país. Además, las armas de fuego artesanales y reensambladas ofrecen otras opciones a las principales redes de delincuencia del país.
Ahora, la relativa facilidad para adquirir armas con permisos CAC parece estar alimentando un flujo de armas legales hacia los grupos criminales.
Esto incluye a las milicias de Brasil, antiguas redes de autodefensa que se han transformado en grupos criminales, que antes tenían que recurrir al reclutamiento de miembros de las fuerzas de seguridad para adquirir armas, según Langeani.
Entre 2019 y 2021, las expediciones de permisos CAC aumentaron aproximadamente un 47 por ciento en los estados de Espírito Santo y Río de Janeiro, donde las milicias brasileñas tienen mayor presencia, de acuerdo con Brasil de Fato.
"Antes [las milicias] dependían del reclutamiento de policías, bomberos y militares para contratar a sus miembros precisamente porque estos grupos tenían permisos de armas y podían moverse libremente estando armados", dijo Langeani a Brasil de Fato.
Langeani también destacó los riesgos que supone la relajación de las normas que permiten a los civiles llevar armas de fuego. "Cuando se da a otros el derecho a portar armas, se facilita el reclutamiento de milicias", afirmó.
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