Asesinatos de policías en México ilustran fracaso del Estado para luchar contra autodefensas

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Las fuerzas policiales del estado de Michoacán, México, han sido objeto de ataques cada vez más frecuentes. Algo que puede demuestra la actual crisis de seguridad que afecta a la región y la miope respuesta del gobierno ante los grupos de autodefensa locales.

Al menos siete ataques contra los organismos de seguridad han ocurrido en el estado mexicano de Michoacán, al occidente del país, desde septiembre de 2016, cinco de los cuales dejaron como resultado la muerte de oficiales, informó Excelsior.

La violencia ha estado dirigida a directores de la policía local, subdirectores y exdirectores, y ha tenido lugar en los municipios de Villamar, Turicato, Penjamillo, Tiquicheo, Sahuayo y Ziracuaretiro.

Aunque las autoridades aún no han identificado a los responsables de los ataques, muchos de éstos al parecer siguieron un patrón similar, mediante emboscadas a los autos de los agentes en la vía pública, por parte de hombres fuertemente armados.

El último incidente tuvo lugar el 26 de mayo, cuando el jefe de la policía local, Bernardino Gómez Ávila, y dos de sus guardaespaldas, fueron baleados durante una emboscada en la autopista Siglo XXI. Tras el ataque, sin embargo, no murió ningún agente.

En conversación con El País, José Manuel Mireles, fundador de un grupo que se enfrentó a la organización criminal Caballeros Templarios en Michoacán, dijo que las condiciones de seguridad en su estado natal y en México se han deteriorado severamente.

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“México está diez veces peor que cuando fui encarcelado”, le dijo Mireles a El País, pocos días después de cumplir una condena de casi tres años por cargos relacionados con armas.

“Si ahora nos movilizáramos nuevamente serían millones, y no miles, las personas que se levantarían junto a nosotros para defenderse”, dijo el exlíder de las autodefensas.

Análisis de InSight Crime

El creciente número de ataques contra las fuerzas policiales en Michoacán y las declaraciones de Mireles, ponen de relieve la actual crisis de seguridad en el estado, en parte como resultado de la incapacidad del gobierno para abordar el tema de las autodefensas.

La reacción inicial del gobierno ante las milicias de autodefensa en Michoacán consistió en aceptar tácitamente la presencia y las operaciones de dichos grupos. Finalmente, en mayo de 2014, la administración del presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha las Fuerzas Rurales Estatales, una institución de seguridad que buscaba legalizar a las milicias de Michoacán, y se comprometió a encarcelar a todos los civiles armados que se negaran a unirse al nuevo organismo.

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La creación de las Fuerzas Rurales condujo a una división entre los grupos de autodefensa de Michoacán, dado que algunos de sus líderes, entre ellos Mireles, se negaron a someterse al plan del gobierno y finalmente fueron enviados a la cárcel.

Pero la institucionalización de las autodefensas agravó la crisis de seguridad de Michoacán. La violencia y los asesinatos extrajudiciales aumentaron, y las milicias se involucraron cada vez más en actividades ilegales. Diversos grupos de autodefensa comenzaron a emerger después de la desmovilización de las milicias de Mireles, generando aún más caos en el estado.

La experiencia de Michoacán podría ofrecer algunas valiosas lecciones para un país cercano que actualmente lidia con el destino de sus grupos de autodefensa. Los grupos armados comunitarios en El Salvador les están pidiendo a las autoridades que les otorguen reconocimiento legal, dado que controlan a las pandillas en zonas donde el Estado no ha podido proporcionar la seguridad adecuada. El ejemplo de México, sin embargo, sirve como un recordatorio de que las autodefensas no son un remplazo sustentable de unas sólidas instituciones del Estado, y que tolerar o cooperar con los grupos de autodefensa puede por el contrario agravar los problemas de seguridad existentes.

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