El gobierno colombiano y el grupo guerrillero de las FARC firmaron un acuerdo de paz revisado, mientras ambas partes se apresuran a reducir las posibilidades de más combatientes desistan del proceso de movilización planeado.
El presidente Juan Manuel Santos y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño Echeverry, alias “Timochenko“, firmaron un nuevo acuerdo de paz en la mañana del 24 de noviembre en Bogotá, la capital colombiana. La firma se da siete semanas después de que los votantes rechazaran un acuerdo inicial entre las dos partes. Se dice que en el Congreso se someterá a aprobación este martes próximo.
De aprobarse el acuerdo el organismo legislativo tendrá que aprobar numerosas leyes anexas al acuerdo antes de que pueda implementarse. Queda por ver si esto se hará por un proceso de “vía rápida” mediante el cual se aprobarían las leyes mediante un simple voto a favor o en contra sobre cada una de las provisiones. La otra opción abriría las provisiones a debate, lo que podría demorar varios meses.
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Ambas partes recibieron cientos de propuestas de la oposición política para modificar el acuerdo. Los principales escollos eran que los miembros de las FARC enfrentarían alternativas al tiempo en prisión, y que se garantizaría a los exguerrilleros 10 escaños en el congreso durante dos periodos de gobierno. Otro punto delicado es que según el acuerdo inicial, se consideraba el narcotráfico un delito político susceptible de amnistía.
Pero el nuevo acuerdo no ha introducido muchos cambios sustanciales en estos aspectos, y la oposición política, encabezada por el expresidente Álvaro Uribe y su partido, el Centro Democrático, considera que las enmiendas son insuficientes.
Análisis de InSight Crime
El gobierno colombiano y el secretariado de las FARC saben de sobra que están en una carrera contra el reloj. Los combatientes de las FARC que ya habían comenzado los preparativos para desmovilizarse están atrapados en un precario limbo desde que se rechazara por votación el acuerdo de paz inicial a comienzos de octubre. Este sentido de urgencia se refleja en la rápida respuesta entre el rechazo del primer acuerdo y la firma del segundo.
“Tenemos que actuar,” urgió Santos durante la ceremonia de la firma. “No tenemos tiempo que perder”-
Entre más tiempo pase, más probabilidades hay de que elementos de las FARC abandonen por completo el proceso de paz y vuelvan a la seguridad financiera de sus actividades criminales, entre las que se destacan la supervisión de la producción de cocaína y la extorsión. Disidentes del Primer Frente de las FARC, que tiene profundos nexos con el negocio de las drogas ilícitas, ya han anunciado su intención de no desmovilizarse.
Fuerzas de seguridad colombianas declararon recientemente a InSight Crime que la tasa de disidencia en las filas de las FARC podría ser hasta del 49 por ciento. En comparación, los procesos anteriores de desmovilización con los insurgentes del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tuvieron un índice de no adherencia en torno al 20 por ciento. En ambos casos, los grupos disidentes se consolidaron hasta convertirse en poderosas facciones criminales que mantienen una participación importante en el negocio de las drogas, lo que constituye un penoso precedente que podría ser superado en el caso de las FARC.