Un nuevo informe reveló que la mayoría de las muertes de reclusos detenidos en calabozos policiales en Venezuela en 2019 fueron causadas por desnutrición y enfermedades curables como la tuberculosis.
La pandemia del coronavirus no hará más que poner en mayor peligro a una población vulnerable que vive hacinada y sin agua.
El informe anual 2019 de la ONG, Una Ventana a la Libertad (UVL), concluyó que 172 presos murieron en los llamados centros de detención preventiva de Venezuela (calabozos de delegaciones policiales no aptos para la reclusión por tiempo indefinido de detenidos).
Del total de fallecidos, 46 personas murieron de tuberculosis, enfermedades respiratorias y enfermedades crónicas como cáncer y VIH.
Esto representa el 24 por ciento de las muertes en comisarías, lo cual está vinculado al hacinamiento (de casi 300 por ciento) y a la mezcla de personas sanas y enfermas. La mayoría de estos internos murió por tuberculosis, detalla el estudio realizado en 239 centros de detención preventiva ubicados en 15 estados del país.
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En 2019, UVL confirmó que 1.109 reclusos estaban enfermos. Las enfermedades de la piel, como la sarna, fueron las más comunes con 494 casos, seguidas por 224 casos de tuberculosis y 99 casos de otras enfermedades respiratorias. La cifra total incluye a 289 personas con desnutrición, quienes son más vulnerables a contraer cualquier enfermedad presente en el entorno.
El estudio también advierte que pocos calabozos policiales tienen áreas exclusivas para mujeres y para embarazadas. “En la mayoría de las comisarías son llevadas al centro de salud más cercano para dar a luz, lo cual no ha evitado que algunas tengan el parto en el suelo de la celda”.
La actual pandemia mundial del coronavirus ha puesto a las personas privadas de la libertad en una situación aún más vulnerable.
“Si no han atendido a los enfermos de tuberculosis, existiendo los mecanismos para hacerlo, no creo que lo vayan a hacer si les impacta el coronavirus”, dijo Carlos Nieto Palma, coordinador general de UVL.
El 14 de Marzo, las autoridades de Venezuela suspendieron las visitas de familiares a personas detenidas en calabozos policiales y, posteriormente, la medida se extendió a las cárceles lo que significa que muchos internos no tendrán acceso a alimentos, agua o medicamentos.
Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), denunció que en las cárceles venezolanas distribuyen solo una comida al día, pero que no es ni variada ni saludable, porque consta de agua de pasta o granos o una arepa sin relleno.
Análisis de InSight Crime
La pandemia del coronavirus ha abierto un nuevo capítulo a la grave crisis carcelaria y de calabozos policiales que sufre Venezuela.
La demora en la asignación de cupos en las cárceles ha generado que se instale una suerte de sistema penitenciario paralelo en los calabozos, que son espacios con capacidad para albergar a personas por lapsos no mayores a 48 horas.
Uno de los principales problemas en estos espacios, además de la insalubridad y del hacinamiento, es que no se separa a los internos que tienen alguna enfermedad de los sanos. La falta de ventilación, acceso a luz del sol, agua potable ni servicios de recolección de basura, los hace de las poblaciones más vulnerables del país ante el coronavirus.
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Aunque se ha reportado que las autoridades están permitiendo que en algunos calabozos los familiares de detenidos lleven alimentos, agua y medicamentos, a pesar de la medida de suspensión de visitas por el COVID-19, la corrupción generalizada entre los funcionarios y el control que los “pranes” tienen de estos lugares significa que estos productos pueden no llegar a sus destinatarios.
En octubre de 2019, las autoridades comenzaron a promover un Plan de Descongestión de Calabozos Policiales. Sin embargo, el plan no es suficiente para atacar los profundos problemas que tienen lugar en las comisarías, caldo de cultivo para la consolidación de enclaves criminales para la población penitenciaria que busca ampliar sus economías ilegales.
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