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Cruzada anticorrupción en Perú podría quedarse sin cruzados

ÉLITES Y CRIMEN / 8 FEB 2019 POR CAMILO CARRANZA ES

Con cuatro expresidentes en líos por escándalos de corrupción, el presidente de Perú Martín Vizcarra instituyó 2019 como el año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Pero en un giro tan infortunado como tristemente predecible, se ha abierto una investigación por los negocios del mismo Vizcarra con la constructora brasileña Odebrecht, lo que puede inhabilitar una cruzada que aún no arranca.

El año había empezado muy bien. El 9 de enero, junto al primer ministro César Villanueva y al ministro de justicia Vicente Zeballos, Vizcarra sancionó en ley las reformas constitucionales que los peruanos habían votado en diciembre de 2018.

Estas incluyen la reforma al nombramiento de magistrados y fiscales, el fin de la reelección inmediata de legisladores al Congreso después de un periodo de cinco años, y la creación de normas para la financiación del gobierno a los partidos políticos.

La promesa de Vizcarra de combatir la corrupción en el país se inició en julio de 2018, cuando propuso desarticular el anterior Consejo Nacional de la Judicatura luego de una escandalosas denuncias en las que se revelaba que integrantes de ese consejo habían estado implicados en actividades corruptas.

VEA TAMBIÉN: Una mirada al escándalo de corrupción judicial en Perú

La medida, que tuvo un respaldo amplio del Congreso, allanó el camino para la creación de un nuevo comité seleccionador, quien estaría a cargo de la selección, designación, destitución y ratificación de jueces y fiscales en todas las instancias.

Análisis de InSight Crime

Cuando Vizcarra llegó al poder, la reputación de la presidencia peruana estaba por el suelo. Alejandro Toledo (presidente de 2001-2006) se encuentra fugitivo de la Interpol, viviendo en Estados Unidos y presentando recursos contra una orden de extradición en la que se lo acusa de haber recibido US$20 millones en coimas de Odebrecht. Alan García, dos veces presidente (1985-1990, 2006-2011) y caudillo político perenne, tiene una prohibición de salir del país por sospechas de corrupción en la construcción del metro de Lima, pese a un intento abandonado de búsqueda de asilo en la embajada uruguaya en noviembre.

Ollanta Humala (2011-2016) está acusado de recibir al menos US$3 millones de Odebrecht para su campaña electoral, a instancias de su esposa, Nadine Heredia. El predecesor de Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, renunció en marzo de 2018 después de presuntamente mentir sobre sus negocios anteriores con la firma brasileña y por una acusación de compra de votos.

Y, por años, en Perú ha sido muy común que las élites en líos judiciales reciban o sentencias muy leves o salgan impunes. Ese fue el caso en 2014, cuando se indició e investigó a más de 115 candidatos políticos por nexos con el narcotráfico, sin embargo, casi todos fueron exculpados.

VEA TAMBIÉN:  Corrupción de Odebrecht arrasa con la élite política de Perú

Por tal razón, la tarea que se le presentó a Vizcarra era crucial. Sus acciones en su primer año en el poder parecían mostrar su compromiso con la lucha de la corrupción en un país que ocupa la posición 105 entre 180, en el Índice de Percepciones de Corrupción.

Pero en enero, surgieron denuncias contra el mismo Vizcarra. Una comisión fiscalizadora del congreso abrió una investigación por un posible nexo entre una firma local, de la que Vizcarra fue copropietario, y la constructora brasileña. El presidente ha negado las acusaciones y ha declarado que “[lo] tienen sin cuidado”.

Pese a la apertura de esa investigación el 16 de enero, una encuesta realizada luego de la noticia muestra que Vizcarra mantuvo una aprobación del 60 por ciento en el país.

Desde que Vizcarra asumió la presidencia, se han visto protestas callejeras masivas contra todo el espectro político. Sin embargo, el mandatario ha parecido capaz de convocar el apoyo de la ciudadanía, pues casi el 80 por ciento de los peruanos aprobaron las reformas constitucionales propuestas por Vizcarra en diciembre último.

No cabe duda de que esa presión social ha llevado a Vizcarra a hacer rápidos avances, y parece dispuesto a mantener ese impulso en 2019. Es cierto que son encomiables sus reformas, como la creación de la JNJ y su esfuerzo por extraditar a funcionarios en fuga de regreso a Perú.

Sin embargo, una cosa es clara: el escándalo por los asuntos de Vizcarra corre el riesgo de hundirlo en un país ya al borde del hartazgo, y podría llevar a pique cualquier posibilidad real de reformar el sistema político en Perú.

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