Una turbia investigación por el asesinato de un destacado fiscal en la ciudad de Cali pone en riesgo la capacidad del país para proteger a los abogados y jueces que investigan el crimen organizado, a quienes suele neutralizarse mediante amenazas y asesinatos selectivos.

Alcibiades Libreros Varela, fiscal especializado de la Dirección Nacional contra el Crimen Organizado de Cali, fue abaleado a plena luz del día el 29 de diciembre de 2019 en el barrio el Limonar de Cali. Los videos de las cámaras de seguridad local, divulgados por Noticias Caracol, muestran cómo un hombre corre hasta el vehículo de Libreros mientras se encuentra parado en un semáforo, dispara dos balas por la ventana lateral del pasajero y huye de la escena en una motocicleta manejada por un cómplice. 

Un día después del asesinato, el ministro de seguridad Andrés Villamizar declaró que la investigación inicial sobre la muerte de Libreros seguía la pista del trabajo del fiscal en el desmonte de las estructuras del crimen organizado en el departamento del Valle del Cauca.

Pero después de la captura de cinco hombres (cuatro de los cuales confesaron haber participado en el tiroteo) el 7 de enero, la Fiscalía General anunció que el homicidio se debió a un robo con desenlace fatal por parte de una banda de ladrones de joyas que habían cometido varios robos similares en la ciudad.

Además de las interceptaciones de teléfonos móviles, los investigadores usaron videos de las cámaras de seguridad de una panadería cercana a la residencia del fiscal para identificar a los responsables y relacionar los hechos que terminaron en la muerte del fiscal. La policía y los fiscales declararon que los hombres iban por lo que les pareció una cadena de oro que el jurista llevaba al cuello, pero la familia de la víctima asegura que esta era de acero.

A la esposa de Libreros, Nina Gallardo, no la convence la hipótesis del robo. En entrevista con InSight Crime, compartió sus dudas sobre la investigación. Dice Gallardo que los perpetradores o fueron contratados específicamente para el ataque o pertenecen a un grupo delincuencial que opera en un sector de Cali bajo el mando de una mafia mayor. Esas confederaciones criminales son comunes en varias ciudades colombianas, como el caso de Medellín.

Según un reportaje de El Espectador, dos antiguos colegas del fiscal, que se mantuvieron anónimos, pero dicen tener años de experiencia en el seguimiento a los jefes de grupos armados irregulares, también afirman que la muerte de Libreros no fue un robo.

Gallardo confirmó que, aunque el caso inicial se cerró, hay una nueva investigación que indaga si hay un autor intelectual detrás de la muerte de Libreros, pero dijo a InSight Crime que la Fiscalía General no ha notificado de avances a la familia.

El esquema de seguridad de Libreros se le retiró hace algunos años por recortes de presupuesto, según comentó su esposa. Posteriormente, la Fiscalía negó en repetidas oportunidades su solicitud de seguridad adicional. Una carta de 2017 de la Fiscalía, a la que InSight Crime tuvo acceso, aducía que su situación no cumplía “los criterios requeridos” para ingresarlo al Programa de Protección y Asistencia. La carta proseguía con algunas recomendaciones de acciones de autoprotección, como mantener cerradas las puertas de su vehículo y las ventanas subidas. Esa fue la última vez que solicitó protección, señaló su esposa.

“Durante 17 años se entregó tanto a la institución… prácticamente dio su vida por la institución,” dijo Gallardo, expresando su esperanza de que se haga justicia en el caso de su marido.

Libreros fue jefe de la Dirección Nacional especializada en la lucha contra estructuras criminales organizadas en Colombia en una época en que ese organismo trabajó en varios casos de alto perfil, incluido el arresto de William Herrera López, alias W, sobrino del exjefe del cartel de Cali Pacho Herrera; las “oficinas de cobro”, que agrupaban redes de sicarios, y Los Rastrojos.

Además de eso, Gallardo corroboró la información publicada inicialmente por El País, de Cali, de que el fiscal colaboraba habitualmente con la Administración estadounidense el Control de Drogas (US Drug Enforcement Administration, DEA).

Análisis de InSight Crime

El hecho de que uno de los principales fiscales de Colombia pudiera ser atacado a tiros en pleno día plantea preocupaciones reales sobre la seguridad de los servidores públicos que luchan contra el crimen organizad, y lo que eso significa para el sistema judicial del país. También plantea interrogantes sobre por qué se niegan esquemas de seguridad a los funcionarios que temen por sus vidas, especialmente si se tiene en cuenta la historia del país de uso de sicarios y tácticas intimidatorias para paralizar a jueces y fiscales.

Libreros no fue el único funcionario de la justicia que sufrió ataques en la ciudad durante 2019. En febrero, un sicario le disparó al juez de distrito de Cali, quien sobrevivió al atentado. En este caso, un hombre fue capturado cuatro meses después del hecho, y la Fiscalía determinó que había sido contratado para asesinar al juez y este había subcontratado a dos más para que le ayudaran a perpetrar el ataque. No se ha dicho nada sobre quién ordenó el ataque.

La preocupación va más allá de Cali. La muerte de Libreros y la investigación que se abrió, reflejan una declaración hecha por el secretario de seguridad de Cali, Andrés Villamizar, en septiembre pasado. “La ciudad es en cierta forma un microcosmos de todo el país. Aquí se concentran prácticamente todas las problemáticas y fenómenos de inseguridad que vive Colombia”, según sus palabras citadas por El Espectador. 

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Entretanto, la administración del presidente Iván Duque sí ha intentado reducir aún más el gasto oficial en esquemas de seguridad para funcionarios. 

La muerte de Libreros puede un efecto contraproducente más amplio. “Frente a la dinámica del hampa en Cali es […] un mensaje que le están enviando a las autoridades o quien reemplace las investigaciones que venía adelantando Libreros”, comentó a InSight Crime un antiguo investigador de la policía especializado en crimen organizado en Cali, que conocía el caso de Libreros.

Agregó que es posible que las autoridades estén recelosas de ir por los verdaderos perpetradores, aun cuando sepan quiénes son. Las autoridades “hacen un despliegue noticioso grandísimo, pero en realidad capturan a las personas que tienen una jerarquía muy baja […] a los verdaderos líderes no los tocan, con el fin de evitar ese tipo de cosas que le pasó al fiscal Libreros”. 

Esto lo ratificaron los antiguos colegas de Libreros, quienes fueron más allá en sus cuestionamientos a la investigación, y al parecer señalaron años de influencias mafiosas que permean las estructuras de la autoridad local.

Desafortunadamente, el antiguo investigador de la policía que habló con InSight Crime no es muy optimista. “Si ninguno de los capturados dice nada, es muy probable que quede el caso así”, sentenció y agregó: “Es improbable que lleguen al verdadero autor intelectual del crimen”. 

El manejo que la Fiscalía General dé al presente caso de Libreros será muy reveladora de la voluntad del gobierno colombiano para llevar ante la justicia a las mafias que amenazan con debilitar la justicia.