Una encuesta realizada en El Salvador ha revelado tanto una abrumadora oposición a las negociaciones con las pandillas como unos sentimientos encontrados frente a la fuerza policial del país, una radiografía de la percepción de seguridad pública en uno de los países más violentos de Latinoamérica.
Según una encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de El Salvador, más de tres cuartas partes de los encuestados están en contra de que el gobierno negocie con las pandillas del país.
Mientras tanto, una tercera parte de los encuestados indicó que piensa que la policía está involucrada en actividades delictivas, mientras que el 34 por ciento dijo que la policía protege a los ciudadanos y el 26 por ciento dijo que la policía está compuesta por una mezcla de ambos. Un abrumador 90 por ciento de los encuestados afirmó considerar que una purga policial nacional era un asunto urgente o muy urgente.
Aunque sólo una quinta parte de los encuestados señaló que tenía mucha confianza en la policía nacional, el 60 por ciento considera que el despliegue de la policía comunitaria mejoraría la seguridad.
En cuanto a la situación de seguridad en el país en términos generales, el 69 por ciento de los encuestados dijo que consideraba que la delincuencia había aumentado en 2014, mientras que casi el 22 por ciento informó haber sido víctima de algún crimen. Aunque las cifras se mantuvieron bajas, los porcentajes de encuestados que se mudaron (casi el 5 por ciento) o con algun familiar que dejó el país (8 por ciento) debido a las amenazas, se duplicó en comparación con los dos años anteriores.
Análisis de InSight Crime
La oposición pública a la tregua entre pandillas parece estar en consonancia con las políticas del gobierno. El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén ha indicado que no apoyará públicamente la negociación de una nueva tregua entre pandillas, después de que el acuerdo de paz forjado bajo el predecesor del presidente se viniera abajo luego de que se presentara una caída inicial en los homicidios. Cuando a principios de noviembre surgieron informes de que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC) estaba evaluando la posibilidad de abrir diálogos con miembros de las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, los miembros del consejo descartaron esta posibilidad rapidamente.
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En términos de las fuerzas de seguridad de El Salvador, la falta de confianza pública en la policía nacional es comprensible. La corrupción en la fuerza policial es un problema generalizado en el país, donde tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como diferentes investigaciones periodísticas han revelado que en El Salvador existen vínculos entre los grupos narcotraficantes y las fuerzas de seguridad. Por el otro lado, parecería que hay una gran cantidad de optimismo con respecto a la nueva fuerza de policía comunitaria, desplegada en la capital San Salvador en agosto y que tiene la tarea de utilizar a las comunidades locales como instrumento para hacer frente a la delincuencia.
Mientras tanto, el hecho de que el porcentaje de encuestados con un familiar que tuvo que dejar del país debido a las amenazas, probablemente refleja uno de los principales factores que durante el último año ha precipitado una avalancha de niños migrantes procedentes de Centroamérica hacia Estados Unidos.
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