Las autoridades de Panamá solicitaron ayuda a Estados Unidos en la investigación de una red internacional de tráfico de armas en la que podrían haber participado exagentes de seguridad, lo que lleva a preguntarse por el rol del país en el tráfico regional de armamento.
Fiscales de Panamá solicitaron la participación de dos asistentes judiciales estadounidenses en una investigación por tráfico internacional de armas que implica a varios exfuncionarios de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (DIASP) del país centroamericano, según una nota de La Prensa publicada el 12 de octubre.
Las autoridades investigan a nueve personas, ocho de las cuales son exagentes de la DIASP, por su presunto rol en la importación de 100 armas a Panamá después de su adquisición en Estados Unidos, según varios comunicados oficiales de la Fiscalía General de la Nación.
Recientemente se prolongó la investigación seis meses con el fin de “analizar” si el director de la DIASP, Ovidio Fuentes, también estaba involucrado en la red, informó La Prensa. Fuentes ha sido suspendido temporalmente de la DIASP, mientras la investigación avanza.
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Hasta el momento, los fiscales han podido recuperar por lo menos 40 de las armas importadas a Panamá desde Estados Unidos, entre las que se cuentan un rifle de asalto AR-15 y varias granadas, según La Prensa. La red supuestamente compró las armas por un valor de entre US$149 y US$540 por unidad en Estados Unidos, antes de venderlas a comerciantes locales no identificados en Panamá con un sobreprecio de entre US$5.500 y US$7.500.
Los fiscales alegan que las armas se adquirieron entre 2016 y 2017. Pero supuestamente las armas tenían licencias para 2012, lo que indica que la información fue alterada por funcionarios de la DIASP, quienes son responsables de expedir las licencias y certificaciones indicadas para armas de fuego importadas, según la ley de 2012 que regula las armas de fuego. La ley de 2012 también estipula que solo personal de seguridad autorizado puede importar armas de fuego a Panamá.
Análisis de InSight Crime
La reciente investigación por tráfico de armas suscita más preguntas que respuestas. El país ha sido conocido como un paraíso para el lavado de dinero que han usado grupos criminales de toda la región, incluyendo el notorio cartel de Medellín en Colombia, para lavar miles de millones de dólares en ganancias criminales, más que como un destino final para armas de fuego de contrabando.
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Las armas, provenientes especialmente de Estados Unidos, siguen siendo un motor de la violencia en Latinoamérica. Pero Panamá se ha mantenido de manera consistente como uno de los países de la región con las tasas de homicidios más bajas, lo que indica que las armas de fuego importadas al país puede haberse trasladado a otro país.
En efecto, Centroamérica ha sido una región clave de suministro y tránsito para las armas de fuego ilegales que se mueven hacia países de Suramérica, como Colombia, según un informe publicado en 2006 por la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) sobre tráfico de armas en Colombia. En particular, la ONUDD halló que Panamá actúa como el “principal puerto de entrada” para las armas de fuego ilícitas procedentes de Estados Unidos y Centroamérica en tránsito hacia el país andino, debido a su condición de puerto franco y a su estratégica ubicación geográfica en límites con Colombia.
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