El cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia abrió un nuevo filón para las economías de los grupos criminales que se han apoderado de las "trochas" (pasos ilegales), por las que transitan miles de personas entre ambos países, lo que podría convertir estos caminos en un atractivo para la operación de organizaciones criminales transnacionales.
Grupos armados y mafias del contrabando han aprovechado el bloqueo de los puentes internacionales tras el cierre de la frontera ordenado por el gobierno de Nicolás Maduro el pasado 22 de febrero, en la víspera de un intento de grupos opositores al régimen por ingresar ayuda humanitaria a Venezuela.
Los más afectados por el cierre suelen ser quienes necesitan ir de un país a otro diariamente para trabajar, estudiar o, simplemente, aprovisionarse de alimentos y medicinas que escasean en Venezuela.
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En “La Pared”, una de las aproximadamente 50 trochas que comunican San Antonio, Táchira (Venezuela), con La Parada, en Norte de Santander (Colombia), InSight Crime observó la presencia de hombres con armas largas que controlaban el flujo de personas y mercancías. Algunos de los afectados aseguraron haber sido víctimas de cobros y agresiones por parte de integrantes del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) al tratar de cruzar por ese paso ilegal.
El cruce de un país a otro puede costar hasta 20.000 pesos (unos US$7), que es más del salario básico mensual en Venezuela y, en el peor de los casos, la vida del transeúnte.
“La guerra por las trochas” se ha intensificado en los últimos meses y en ella, además del ELN, se ha detectado la participación de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otras organizaciones mafiosas que se disputan el control sobre el narcotráfico, el contrabando y el tráfico de migrantes en la frontera.
Análisis de InSight Crime
Las trochas son pasos poco custodiados por las autoridades de ambos países; tierra de nadie y, por ello, terreno muy fértil para el crimen organizado.
La tensión entre los gobiernos de Iván Duque en Colombia y Nicolás Maduro en Venezuela ha causado efervescencia entre los grupos criminales que han encontrado una extraordinaria oportunidad de negocio en los desguarnecidos pasos ilegales de la frontera colombo-venezolana.
InSight Crime ha podido constatar la consolidación en zonas fronterizas de los “trocheros”, una especie de guías que conocen los caminos y que en ocasiones trabajan para las organizaciones criminales. En muchos casos se trata de jóvenes venezolanos que buscan ingresos económicos y se encargan del cobro del “peaje” que deben pagar los que requieran cruzar la frontera.
Por si fuera poco, los colectivos armados fieles al gobierno de Maduro también han entrado en la feroz competencia por los mercados criminales que prosperan en las trochas.
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La migración incesante de venezolanos desesperados por la crisis que atraviesa el país, y la proliferación de grupos irregulares en una frontera de más de 2.200 kilómetros, aparentemente incontrolable, alimentan cada vez más las acciones de las organizaciones criminales y sus economías en la zona.
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