Las autoridades de Costa Rica arrestaron a un grupo de supuestos traficantes sexuales responsables de la prostitución forzada de más de una docena de mujeres —un loable esfuerzo que no obstante pone de manifiesto el mediocre desempeño del país en cuanto a la prevención y el castigo de la explotación sexual—.
En una operación que comenzó el 2 de septiembre y se extendió hasta la madrugada del 3 de septiembre, la policía allanó tres bares en la provincia norteña de Alajuela, informó La Nación. Según el medio de noticias, por lo menos 16 mujeres habían sido obligadas a prostituirse en esos lugares.
Además de liberar a las víctimas, la policía arrestó a cinco nicaragüenses acusados de pertenecer a la red de tráfico sexual. La mayoría de las víctimas eran de Nicaragua y República Dominicana, según funcionarios mencionados por La Nación.
Los traficantes supuestamente atraían a las mujeres con falsas promesas de trabajo bien remunerado en los bares, pero luego las obligaban a prostituirse y las amenazaban con daños físicos si intentaban escapar o dar aviso a las autoridades.
La operación que condujo a los arrestos al parecer surgió a partir de pistas proporcionadas por un vecino del lugar, quien alertó a la policía de la posibilidad de que existiera explotación sexual en uno de los bares.
La Prensa informó que, el 4 de septiembre, a los líderes de la presunta red de tráfico se les impuso una pena de seis meses de prisión preventiva, con base en el argumento de la Fiscalía de que los sospechosos podrían huir, o bien obstruir la investigación en curso.
Análisis de InSight Crime
Como La Nación señaló en su editorial del 6 de septiembre, “La liberación de una sola esclava sexual es un gran acontecimiento y, en este caso, las liberadas fueron 16. Eso es muy importante pero, al mismo tiempo, es síntoma de un problema mucho mayor.”
Costa Rica ha tenido por mucho tiempo la reputación de ser un centro de trata de personas y turismo sexual. El más reciente “Informe sobre trata de personas”, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, ubicó a Costa Rica en su “Lista de Observación de Nivel 2” (“Tier 2 Watch List”), señalando que el gobierno costarricense “no ha demostrado un aumento en sus esfuerzos contra la trata, en comparación con el período anterior”.
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El editorial de La Nación dice que las recientes redadas permiten recordar que “Costa Rica está lejos de ser inmune a los embates de uno de los tres negocios ilícitos más grandes del mundo, solo superado en tamaño por las armas y las drogas”. Dedicar más recursos a combatir este lucrativo negocio ilegal sería un acierto de las autoridades, teniendo en cuenta el hecho de que el país centroamericano ha venido experimentando un crecimiento en la violencia vinculada a las actividades criminales.
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