Las recientes sanciones de Estados Unidos contra un exgobernador y un alto magistrado de México por vínculos con el Cartel de Jalisco han vuelto a poner en evidencia las relaciones entre las altas esferas de la política y el crimen organizado, así como la constante incapacidad de México para llevar a los funcionarios corruptos ante la justicia.
El 17 de mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió sanciones contra Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador del estado de Nayarit, y el alto magistrado Isidro Avelar Gutiérrez. Los dos hombres presuntamente aceptaron sobornos del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) a cambio de emitir sentencias judiciales indulgentes y malversar fondos estatales.
"Funcionarios como Isidro Avelar Gutiérrez y Roberto Sandoval Castañeda se enriquecen descaradamente a costa de sus conciudadanos", dijo Sigal Mandelker, subsecretario de la oficina de inteligencia financiera y terrorismo (Terrorism and Financial Intelligence) de Estados Unidos.
Los dos hombres, junto con varios familiares de Sandoval, entre otras personas, han sido acusados de conspirar con Gonzalo Mendoza Gaytán, alias "El Sapo", miembro del CJNG quien se cree, controla las actividades del cartel en la turística ciudad de Puerto Vallarta, al otro lado de la frontera con el vecino estado de Jalisco.
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Sandoval está además acusado de tener vínculos con otros importantes grupos criminales mexicanos, como la Organización Beltrán Leyva. Entregó su cargo como gobernador en septiembre de 2017, en medio de una avalancha de denuncias de corrupción.
El exgobernador ha negado categóricamente las últimas afirmaciones, declarando en las redes sociales que ya había sido informado sobre la medida de la OFAC y que se pone "a disposición de las autoridades correspondientes con la información que se requiera".
Las autoridades mexicanas no tardaron en reaccionar ante los cargos. El 20 de mayo, la Fiscalía General de Nayarit confiscó 11 propiedades pertenecientes a Sandoval, ubicadas en su mayor parte en la capital, Tepic, en donde él fue alcalde.
Esta es la décima vez que la OFAC ha emitido sanciones relacionadas con funcionarios que han colaborado con el CJNG. Entre 2015 y 2018, el Departamento del Tesoro rastreó una intrincada serie de bienes comprados por el brazo financiero del CJNG, Los Cuinis, para lavar ganancias del narcotráfico.
Análisis de InSight Crime
Los cargos contra Sandoval eran predecibles. El pasado mes de enero, el fiscal general durante su mandato, Edgar Veytia, se declaró culpable de narcotráfico en Nueva York. La administración Sandoval también ha sido acusada de debilitar sistemáticamente la capacidad judicial y forense de Nayarit, permitiendo que el crimen se fortalezca e ignorando la existencia de fosas comunes.
Pero los ciudadanos mexicanos que anteriormente han sido señalados por la OFAC no han sido acusados formalmente en su país de origen. El caso más sonado es el de la estrella del fútbol mexicano Rafael Márquez, quien en 2017 fue acusado de haber estado involucrado en el narcotráfico, pero dichas acusaciones no han tenido ninguna repercusión para él en México.
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Es probable que esta vez sea diferente. Además de confiscar las propiedades del exgobernador, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó esta oportunidad para afirmar que irá tras los "narco-jueces". Según algunos informes, su gobierno ha abierto nuevas investigaciones en torno a otros jueces que quizá también recibieron sobornos.
La agilidad para actuar tras las acusaciones de Estados Unidos puede ser un signo positivo. Los gobiernos anteriores se han preocupado más por derribar a los grandes capos que por destruir las conexiones criminales de sus organizaciones.
Y aunque algunos gobernadores corruptos y sus cómplices han sido encarcelados, a menudo, y sospechosamente, han sido liberados antes de cumplir sus penas de prisión.
Dado que el CJNG es actualmente uno de los grupos criminales más grandes y peligrosos de México, con influencia en todo el país, es poco probable que se debilite su capacidad para corromper a funcionarios estatales de todos los niveles.
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