El reciente desmantelamiento de una sofisticada red de tráfico y trata de personas en Colombia ilustra un patrón en la captación de ciudadanos venezolanos, particularmente mujeres.
El pasado 27 de marzo, autoridades colombianas lograron la captura y procesamiento de integrantes del Grupo Delictivo Organizado (GDO) conocidos como "Los PEP", quienes están siendo procesados por los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes. Esta red liderada por Luis Enrique García, alias "El Chamo", logró permear instituciones dedicadas a la expedición de documentos de identificación y control migratorio.
La red ofrecía a ciudadanos venezolanos, particularmente mujeres provenientes de Zulia, departamento venezolano fronterizo con Colombia, permisos de residencia fraudulentos y les prometía un trabajo con buenos salarios en Colombia. Después de transportarlas por pasos clandestinos hasta ciudades como Cúcuta, Valledupar y Villanueva, las mujeres eran explotadas sexualmente.
Según el comunicado de la fiscalía colombiana, “cuando las víctimas llegaban a Colombia, les ofrecían posada, alimentos y vestuario, pero luego, al parecer las obligaban a ejercer la prostitución para pagar la supuesta deuda adquirida por todos los conceptos, de lo contrario las amenazaban con llevarlas ante las autoridades para su deportación o con publicar sus fotos desnudas en redes sociales”.
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Adicionalmente, "Los PEP"expedían documentación falsa para ciudadanos italianos, alemanes, franceses, argentinos, panameños, ecuatorianos, peruanos, dominicanos y guatemaltecos, con problemas legales y con antecedentes judiciales.
La elaboración de dichos documentos ocurría gracias a la experticia de sus integrantes para falsificar, pero además, la red contaba con acceso al sistema migratorio colombiano por medio de la captación de oficiales corruptos. Uno de los capturados era un funcionario de Migración Colombia, quien, aprovechó el acceso que tenía a sistemas de información de la entidad, para registrar información falsa y conseguir permisos de residencia.
Análisis de InSight Crime
Este caso pone en evidencia el repetitivo proceso y la manera como se engañan, se captan y posteriormente se explotan a ciudadanos venezolanos. El modus operandi de Los PEP, por ejemplo, consistía en persuadir a migrantes venezolanos por medio de promesas de empleos dignos y permisos para residir en Colombia, para luego someterlos a explotación. Además, el caso pone de manifiesto el impacto desproporcionado de la explotación sexual de mujeres y menores de edad en ciudades fronterizas.
Desde 2018, InSight Crime y otros medios han reportado casos similares de tráfico y trata de migrantes venezolanos– lo que demuestra la regularidad y la correlación que existe entre estos delitos. A mitad de 2019, InSight Crime estuvo en Cúcuta y comprobó que existe una propensión de los grupos criminales a ofrecerle a los migrantes documentos –como visas, cédulas de ciudadanía y permisos de residencia– para permanecer legalmente en Colombia. Los documentos requeridos por las autoridades colombianas no tienen ningún costo y se pueden solicitar electrónicamente, pero los criminales aprovechan el desconocimiento y la vulnerabilidad de los venezolanos para venderles permisos falsos.
A los migrantes se les promete desde la obtención de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), que les permite transitar por un periodo máximo de siete días en la zona de frontera, hasta el Permiso Especial de Permanencia (PEP), con el que pueden trabajar o estudiar legalmente en Colombia. La particularidad del grupo Los PEP radica en que este demostró un nivel de sofisticación al generar códigos QR que direccionaban al usuario a paginas de internet en las que se suplantaba el sitio web de Migración Colombia.
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Desafortunadamente la trata de personas venezolanas no es un fenómeno que ocurre únicamente en Colombia. El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su reporte de 2020, informó que existen víctimas venezolanas de trata de personas en gran parte de la región de América Latina. Cabe resaltar que los venezolanos no son las únicas víctimas de trata y que la explotación sexual no es la única forma de abuso. El 28 de marzo cayó una red que habría llevado a 20 mujeres de Nicaragua a España para explotarlas laboralmente.
Sin embargo, la situación en Venezuela crea aún más condiciones para la explotación. Más de 5,5 millones de venezolanos han salido de su país. Mientras siga existiendo un alto número personas dispuestas a pagar para cruzar las fronteras de Venezuela en búsqueda de una nueva vida, los grupos criminales seguirán ingeniándoselas para lucrarse a costa de esta necesidad; incluso continuarán expandiendo sus tentáculos hasta instituciones gubernamentales para lograr su cometido.
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