La desarticulación de una gran red transnacional de trata de personas en República Dominicana reveló cómo docenas de mujeres de Colombia y Venezuela siguen llegando a la isla engañadas por ofertas laborales antes de ser obligadas a ejercer la prostitución.
Esta semana, más de 16 personas, entre quienes se cuentan agentes de policía activos y militares retirados, fueron imputados por dirigir una red de explotación sexual, que sometía a por lo menos 80 mujeres de nacionalidades venezolana y colombiana.
Las víctimas, con edades entre 18 y 23 años, eran reclutadas en sus países de origen para trabajar como meseras en Punta Cana, el destino turístico más importante de República Dominicana. Pero al llegar al país, se les exigía el pago de deudas entre US$3.000 y US$4.000 y se las obligaba a trabajar en prostitución.
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La red ofrecía las mujeres a clientes mediante catálogos publicados por servicios de mensajería como WhatsApp, según la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT). Los clientes pagaban cientos de dólares por una noche y muchas veces eran llevados a las mujeres por niños locales. La mitad del dinero era para los traficantes y la otra mitad para saldar la deuda, como relató el periódico dominicano Diario Libre. Pero, era difícil pagar la deuda en su totalidad, pues se obligaba a las mujeres a consumir drogas y licor, cuyo costo se sumaba de manera arbitraria a la deuda existente.
Si las mujeres se negaban a cooperar, eran amenazadas con ser entregadas a las autoridades o con dañar a las familias que habían dejado atrás.
Las idílicas playas de República Dominicana atraen a millones de turistas cada año, lo que las convierte en el destino más popular del Caribe. Sin embargo, también es un destino importante para el turismo sexual, especialmente de Norteamérica y Europa.
Análisis de InSight Crime
Si bien las autoridades dominicanas intentan intensificar la lucha contra la explotación sexual, estas iniciativas se ven socavadas por agentes corruptos que facilitan esas redes.
En la Operación Cattleya, como se llamó la investigación, las autoridades rescataron más víctimas de tráfico que en todo lo corrido de 2021, cuando solo se identificaron 29 víctimas. En 2020, ese número ascendió a 82.
No obstante, República Dominicana “no cumple los estándares mínimos para la eliminación de la trata, pero está haciendo esfuerzos sustanciales para cumplirlos”, según el informe de 2022 sobre Trata de Personas (TIP, en inglés), del Departamento de Estado estadounidense. El país se situó en el nivel 2 del escalafón de tres niveles.
Un problema mayúsculo en la lucha contra esas redes es la participación de las fuerzas de seguridad. Un sargento de la policía era el encargado de publicitar la red Cattleya, y también se imputó a exefectivos del ejército.
Los soldados tenían la función de trasladar a las víctimas de un lugar a otro para evitar el escrutinio, según Diario Libre, que citó la imputación.
“La corrupción y la complicidad de funcionarios públicos en los delitos de tráfico se mantuvieron como obstáculos importantes, pues inhibieron la acción de las autoridades a lo largo del año”, concluyó el informe sobre TIP. La complicidad de la policía también tiene que ver con la explotación sexual de menores de edad, anotó el informe.
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La operación Cattleya además ilustra cómo las empresas turísticas muchas veces facilitan las operaciones de trata de personas. Todas las mujeres fueron retenidas en varias residencias y hoteles en Punta Cana y Santo Domingo, según la PETT.
Además, el hecho de que se ofreciera las mujeres a sus clientes en línea, por medio de redes sociales y servicios de mensajería como WhatsApp es otro factor que dificulta aún más la labor de las autoridades.
Antes de la pandemia, era común que se ofrecieran los servicios de las víctimas de trata en bares o en calles de la ciudad. Durante la pandemia, todo pasó a las redes, lo que las hizo menos visibles para las autoridades. Aunque en el país ya no están vigentes las restricciones por la pandemia de COVID-19, la promoción a través de las redes permite a los traficantes llegar a una audiencia más amplia y reduce el riesgo de ser atrapados.
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