Pese a que los efectos del descalabro económico se sienten a lo largo de toda la Riviera Maya, los carteles han mantenido sus esquemas de extorsión en el popular destino turístico, e incluso han expandido sus operaciones para afectar desde proveedores locales hasta grandes empresas.
La amplitud de los planes de extorsión del cartel en la Riviera Maya fue el foco de una investigación publicada a finales de septiembre por México Evalúa, uno de los principales centros de pensamiento de políticas públicas de México. El informe destacaba una emboscada en la que policías estatales de Quintana Roo se hacían pasar por empleados y guardias de seguridad de un negocio para descubrir una red de extorsión.
Los funcionarios investigaron un grupo que cobraba derecho de piso, una de las 12 formas de extorsión reconocidas por las autoridades estatales. En la operación la policía detuvo una camioneta, diseñada para parecerse al transporte público, que transportaba un grupo de personas, las cuales fueron arrestadas por cargos de extorsión.
Desde personajes disfrazados hasta hoteles y restaurantes de alta gama, todo el mundo es blanco de esta extorsión generalizada. Según James Tobin, miembro del Consejo Nacional de Seguridad Pública, los precios de la extorsión van desde alrededor de 200 pesos al día para vendedores individuales hasta entre 25.000 y 100.000 pesos para empresas más grandes.
Según México Evalúa, los principales grupos responsables de la extorsión en la zona son los dos grupos criminales más poderosos del país, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como el grupo local los Pelones. Sin embargo, también se sabe que los delincuentes comunes se hacen pasar por miembros de los carteles para extorsionar a los negocios locales.
Otras capturas relacionadas con extorsiones en Cancún y Playa del Carmen no solo ponen de relieve la prevalencia de este esquema en toda la Rivera Maya, sino también su continua expansión.
VEA TAMBIÉN: Coronavirus y crimen: ¿golpes de gracia para turismo en México?
En años más recientes, la Riviera Maya no ha dejado de registrar un aumento de cobros extorsivos a los resorts, así como una variedad de otros métodos de extorsión, lo que incluyó uno de los mayores fraudes del mundo mediante cajeros automáticos.
Análisis de InSight Crime
Aunque la pandemia de COVID-19 ha ralentizado la economía del sector turístico en la Riviera Maya, los esquemas extorsivos de los carteles no solo se mantienen, sino que presentan un aumento, pues ahora abarcan casi la totalidad del comercio local.
En Quintana Roo, el derecho de piso se sitúa entre los métodos de extorsión más comunes, según el secretario de salud pública del estado, Lucio Hernández.
El año pasado, Quintana Roo tuvo el segundo mayor número de investigaciones abiertas por extorsión por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio de Seguridad y Género de Quintana Roo (OSEGE). En el primer semestre de este año, los casos se han reducido en 62 por ciento, pero las llamadas a líneas de emergencia por este delito aumentaron en 49 por ciento durante el mismo periodo.
Aun así, se calcula que casi el 99 por ciento de los casos no se denuncian.
La doble explicación de este silencio se encuentra entre el temor generalizado a los extorsionistas y la desconfianza de las víctimas hacia las autoridades. En este contexto, los testimonios recogidos por estas investigaciones de México Evalúa ofrecen una explicación importante sobre las víctimas de los esquemas extorsivos.
VEA TAMBIÉN: ¿Qué aprendieron los carteles mexicanos de la mafia siciliana?
También ilustran cómo se realizan estos esquemas extorsivos —desde amenazas telefónicas hasta visitas en persona a los negocios, que muchas veces implican intimidación o violencia hacia los empleados.
Pero la prevalencia de los esquemas extorsivos no es exclusiva de Quintana Roo, pues México Evalúa también ha investigado y analizado estudios de caso sobre extorsión en los estados de Chihuahua, Michoacán y Baja California.
En el ámbito nacional, en 2020 se registraron casi un millón de casos —que equivale a la victimización de 1.821 negocios por cada 10.000— con un costo promedio de 226.000 millones de pesos mexicanos anuales a la economía mexicana, que equivale aproximadamente al 1,25 por ciento del Producto Interno Bruto.
SUSCRIBIRME