Es importante señalar que InSight Crime no cree que Bolivia haya sido tomada por el crimen organizado transnacional (COT), y ni siquiera que esté cerca de serlo. Sin embargo, el país es vulnerable y actualmente las oportunidades y el potencial de ganancias del narcotráfico son muy altos como para que los grupos criminales internacionales lo ignoren.
*Este artículo hace parte de una serie sobre los desafíos que plantea el tráfico de drogas a Bolivia. Vea la serie completa aquí. También puede descargar el PDF completo.
1. Cultivos de drogas. Bolivia no es sólo un país de tránsito de drogas sino también una nación productora de coca y cocaína. Aunque el presidente Morales ha logrado reducir los cultivos de coca en los últimos tres años, cada vez va a ser más difícil controlarlos.
Esto se debe en parte a las continuas campañas de erradicación, tanto en Colombia como en Perú. Colombia, el único país que permite la erradicación aérea de cultivos de droga con glifosato, ha logrado estabilizar el cultivo de coca a un poco menos de 50.000 hectáreas, aunque con daños colaterales significativos. Perú, bajo el presidente Ollanta Humala, ha puesto a la erradicación en el centro de su estrategia de lucha contra las drogas, erradicando más de 22.000 hectáreas en 2013, casi el número total de hectáreas de coca cultivadas en Bolivia.
El “efecto globo” —que se refiere al desplazamiento de la producción de droga a diferentes países como respuesta a la represión que se ejerce en otros— implica que es probable que aumente la presión para cultivar más coca en Bolivia, siempre y cuando se mantenga constante la demanda. Por el momento, Perú exporta alrededor de 200 toneladas de base de coca a Bolivia al año, algunas de las cuales abastecen los mercados internos de cocaína crack (o “basuco”) de Brasil y Argentina, y el resto de la base de coca es procesada y convertida en cocaína. Si hubiera una significativa caída en el suministro de base de coca peruana, debido a los mayores esfuerzos de erradicación en Perú, lo más probable es que las operaciones de tráfico de droga en Bolivia promuevan y aumenten la siembra de cultivos de droga a nivel local.
Por el momento, los cultivos de coca en Bolivia siguen concentrados en las dos zonas tradicionales de producción: Yungas de La Paz y la región del Chapare de Cochabamba. Sin embargo, existe evidencia de que parte de la coca, destinada al mercado de la cocaína, está siendo cultivada fuera de estas áreas, a veces en los parques nacionales. Esta mayor dispersión de los cultivos de droga se ha presentado en Colombia como resultado de los esfuerzos de erradicación y de las estrategias del crimen organizado para mover las plantaciones de coca más cerca de las fronteras de Colombia, y por lo tanto, más cerca de los puntos de salida y de los mercados. Este patrón podría repetirse en Bolivia.
2. Corrupción. Existe evidencia de la corrupción generalizada que hay en muchas de las instituciones de Bolivia, como la policía. En 2011, Estados Unidos diseñó la detención del ex zar antidrogas de Bolivia, el general de la policía René Sanabria, en Panamá. Sanabria fue posteriormente condenado a 15 años de prisión por un tribunal de Miami, tras declararse culpable de tráfico de cocaína.
Fuentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) le dijeron a InSight Crime que la corrupción relacionada con las drogas no terminó con la condena de Sanabria y que elementos de la policía aún estaban trabajando con traficantes de drogas. Jessica Echeverría, diputada de la Asamblea Legislativa, quien perteneció a la oposición antes de pasarse en octubre de 2014 al partido gobernante, el Movimiento Al Socialismo (MAS), le dijo a InSight Crime que “la policía está trabajando con narcotraficantes colombianos aquí en Santa Cruz”. Fuentes del hampa en Santa Cruz confirmaron esta afirmación, diciendo que altos funcionarios de la policía estaban en la nómina de los narcotraficantes y el crimen organizado.
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Abogados de defensa criminal en Santa Cruz, que hablaron con InSight Crime bajo condición de anonimato, insistieron en que el sistema judicial también estaba abierto al soborno.
“Los costos están entre US$20.000 y US$50.000 para poder quedar libre de todo, aparte de los casos de más alto perfil, y se dividen entre los fiscales y el juez”, dijo uno de los abogados.
Una fuente de alto rango en la FELCN dijo que había un alto nivel de frustración con el sistema de justicia. “Traficantes de drogas regulares que hemos capturado quedan libres debido a la ineficiencia judicial o a la corrupción. Incluso ha habido casos en los que bienes y dinero que confiscamos son devueltos por los jueces a los acusados que han sido atrapados in fraganti”, dijo.
El sistema penitenciario de Bolivia también es totalmente corrupto. InSight Crime logró entrar a la prisión más infame de Bolivia (Palmasola en Santa Cruz), simplemente sobornando a la policía en la puerta. Los criminales son capaces de operar con impunidad en Palmasola, y continuar llevando a cabo actividades ilegales.
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3. No hay control sobre el espacio aéreo. Los narcotraficantes prefieren transportar sus cargamentos por vía aérea, siempre que sea posible. Los aviones pueden llevar grandes cargas, y las drogas pasan a través de muy pocas manos, lo que reduce los costos, así como los riesgos de traición o incautación. La ruta favorita del Cartel de Medellín para llevar drogas a Estados Unidos fue a través del Cayo Norman en el Caribe, donde las flotas de aviones llegaban desde Colombia para abastecerse de combustible y continuar el viaje a Estados Unidos. Sin embargo, la instalación de estaciones de radar por toda Colombia y el despliegue de aviones de combate para interceptar vuelos cargados con drogas —y si era necesario para derribarlos— bloquearon rápidamente el puente aéreo desde Colombia.
Sin embargo, Perú, Bolivia y Paraguay tienen poca cobertura de radares y casi ningún equipo para interdicción aérea, lo que significa que sus cielos están completamente despejados. Este es un factor importante que hace de Bolivia un centro de tráfico de drogas y un gran atractivo para el COT. El coronel Marcos Encinas, subdirector de la FELCN, le dijo a InSight Crime que creía que hasta 30 toneladas de droga (incluyendo envíos de marihuana) transitaban a través de Bolivia todos los meses.
Bolivia sabe sobre el tráfico aéreo que pasa intacto sobre su territorio. El 22 de abril de 2014, el presidente Evo Morales firmó la “Ley de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo Boliviano”, que permite el derribo de vuelos con drogas. Pero debido a que Bolivia carece de radares para rastrear este tipo de vuelos, así como de los aviones de combate para interceptarlos, la ley es poco más que una declaración de intenciones.
Tanto Brasil como Argentina tienen mejor control sobre su espacio aéreo, pero todavía existe un tráfico aéreo importante hacia ambos países, donde algunos de los vuelos están legalmente declarados, mientras que otros están probando suerte. En Brasil, para minimizar el riesgo de interceptación, algunos pilotos que cruzan desde Bolivia emplean una táctica conocida como “bombardeo”. Esto implica empacar las drogas en contenedores especiales y de alto impacto que puedan sobrevivir a una caída desde un avión en vuelo. Esto permite que la aeronave no tenga que aterrizar para bajar la carga, lo que reduce significativamente el riesgo de interceptación e incautación del preciado cargamento.
Sabino Mendoza, coordinador del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID), le dijo a InSight Crime que el país ya está tomando medidas para mejorar su capacidad para abordar el tránsito de drogas. El gobierno está planeando implementar varias plataformas móviles de radar en áreas clave donde se concentra el tráfico de drogas, principalmente en los departamentos de Beni, Santa Cruz y Pando. Mendoza también dijo que el gobierno tiene un acuerdo tripartito con Brasil (de la gestión 2012) a través de un proyecto piloto para definir mecanismos para el uso compartido de aviones no tripulados (drones). El acuerdo también aborda los subsistemas de medición, el subsistema de información y el subsistema de interpretación de imágenes. Parte de este acuerdo también incluye el uso de aviones no tripulados para el control y detección de laboratorios de drogas. Sin embargo, no hay una fecha clara para el despliegue de esta estrategia, por lo que parece que los traficantes tendrán varios años más de cielos despejados.
4. Debilidad de los cuerpos de seguridad Debilidad de los cuerpos de seguridad frente a los riesgos que representa el COT. Esto no se debe sólo a la corrupción de los cuerpos de seguridad bolivianos, como la policía, la Fiscalía General y el sistema judicial, sino también al hecho de que los agentes judiciales bolivianos simplemente carecen de los instrumentos jurídicos necesarios para librar una guerra efectiva contra el COT.
La policía carece de dos de las herramientas más importantes utilizadas por los cuerpos de seguridad internacionales. La primera es la capacidad de interceptar comunicaciones. Esto es ilegal en Bolivia, donde no hay planes para aprobar una legislación que lo permita. Tampoco hay una legislación que disponga los términos para el tratamiento de los informantes, lo que significa que la policía y los fiscales no pueden recompensar a los posibles informantes con dinero o con reducciones de penas de prisión. Una fuente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en Colombia le dijo a InSight Crime que sin estas dos herramientas para combatir el crimen organizado, la DEA tendría que “hacer las maletas y volver a casa”.
Los cuerpos de seguridad bolivianos tampoco cuentan con capacidad de inteligencia sobre el crimen organizado nacional, por no hablar del COT. Para el coronel retirado de la policía Rolando Fernández Medina, la oportunidad clave para el COT se presentó con la salida de los últimos agentes de la DEA de Bolivia, expulsados por el presidente Morales en 2009. Esto terminó con tres décadas de presencia de la DEA en Bolivia. Con la salida de la DEA se fue toda la inteligencia estratégica sobre el COT, además de la mayor parte de la capacidad de recolección de inteligencia dentro de Bolivia. Aunque la Unión Europea (UE) y los brasileños han estado suministrando ayuda antinarcóticos, ellos no tienen la misma experiencia o inteligencia de la DEA.
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5. Falta de controles al lavado de dinero. El lavado de dinero también es relativamente sencillo en Bolivia. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental, retiró en 2013 a Bolivia de su “lista gris” de países que no están haciendo lo suficiente para combatir el crimen, después de que el Congreso aprobara una legislación básica contra el lavado de dinero. Sin embargo, casi no hay controles sobre el sistema bancario. Sólo se han abierto un puñado de investigaciones sobre lavado de dinero y ha habido aún menos condenas.
“Pedro”, un traficante de drogas en Santa Cruz, le dijo a InSight Crime que él había visto a delincuentes internacionales llegar a las empresas constructoras con maletas llenas de dinero en efectivo, y que el lavado de dinero en Bolivia era a menudo así de simple.
6. Cultura de la informalidad y la ilegalidad. Más de la mitad de la actividad económica de Bolivia se lleva a cabo en el sector informal, y a menudo ilegal. El contrabando ha sido durante mucho tiempo el sustento de las comunidades en las cinco porosas fronteras de Bolivia y esta industria ilegal emplea a muchos más bolivianos que el tráfico de drogas. De hecho, el contrabando es una industria ilegal tolerada. Los autos de contrabando —muchos de ellos robados en Chile— constituyen un alto porcentaje de los que se conducen por las carreteras de Bolivia.
Esta cultura implica que hay pocos o ningún reporte de la actividad económica, ilegal o no, a las autoridades. Muchas comunidades locales, no sólo a lo largo de las fronteras, viven del sector informal o ilegal. Esto significa que estas comunidades tienen un gran interés en proteger la economía ilegal, lo que hace extremadamente difícil el trabajo de los cuerpos de seguridad. Incluso ha habido ejemplos de comunidades que se enfrentan a las fuerzas de seguridad que intentan reprimir el tráfico de drogas. En la comunidad de Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz, hubo constantes protestas contra la construcción de una base antinarcóticos.
7. Apertura de las fronteras y falta de controles migratorios. Las porosas y largas fronteras de Bolivia (con 3.420 kilómetros, la frontera entre Bolivia y Brasil es 200 km más larga que la que México comparte con Estados Unidos) y la falta de controles migratorios, garantizan que Bolivia sea un centro de contrabando y por lo tanto extremadamente atractivo para el COT. Las fronteras porosas implican que no sólo las drogas pueden entrar y salir del país, sino también los precursores químicos y la mano de obra extranjera necesaria para procesarlos. Los criminales internacionales, incluso los que tienen órdenes nacionales de arresto, también pueden ingresar y salir de Bolivia con suma facilidad.
La directora de la autoridad migratoria de Bolivia, Cosset Estenssoro, reveló que Bolivia no tiene información sobre órdenes nacionales de arresto, sino sólo sobre las órdenes internacionales registradas en la Interpol. Esto significa que los narcotraficantes colombianos con órdenes nacionales de arresto pueden entrar a Bolivia sin temor a ser detenidos, algo confirmado por fuentes del hampa en Medellín.
Fuentes del hampa en Santa Cruz le ofrecieron a InSight Crime un pasaporte boliviano genuino por US$5.000, lo que sugiere que conseguir papeles falsos en Bolivia tampoco es un gran desafío para los narcotraficantes que son buscados por las autoridades.
8. Falta de presencia del Estado en muchas zonas rurales. Bolivia, con más de 1.000.000 km² de territorio y una población de menos de 11 millones de personas, tiene vastas extensiones del país con poca población y sin presencia del Estado. Esto proporciona una gran cantidad de oportunidades para el COT. Muchos de los laboratorios donde se procesa la cocaína están situados en zonas remotas, con pistas de aterrizaje clandestinas que no sólo proporcionan drogas, sino también productos químicos, personal y los suministros necesarios para procesarlas. Esto reduce significativamente el riesgo de encontrar y destruir laboratorios, y garantiza que las drogas puedan ser procesadas y transportadas con relativa facilidad. Esto también significa que los criminales internacionales, que quizá están prófugos, puedan esconderse en ranchos y granjas remotas con poco temor de ser descubiertos.
9. Falta de transparencia, politización de las instituciones estatales y restricciones a la cobertura de los medios. El ambiente político en Bolivia es de gran polarización, algo que ha continuado, si no empeorado, durante el gobierno de Morales. InSight Crime habló con varios oficiales de alto rango de la policía, todos los cuales tenían miedo de ser grabados, quienes afirmaron que la promoción dentro de la fuerza policial en los rangos más altos depende de la afiliación política y no del mérito. Fuentes en otros tres ministerios señalaron que el mismo fenómeno estaba presente en sus instituciones gubernamentales.
Hay muy pocas estadísticas disponibles por parte del gobierno. Las investigaciones de InSight Crime sugieren que esto no se debe a un intento del gobierno por ocultar la información, sino a que los datos simplemente no están siendo recolectados. Esto significa que hay pocos indicios de los desafíos a la seguridad nacional y ciudadana, por no hablar de la información necesaria para realizar análisis significativos y diseñar políticas detalladas e integrales.
También hay poca tradición de periodismo investigativo en el tema del crimen organizado, y se han presentado incidentes de intimidación por parte del gobierno a los periodistas. En 2010, Morales promulgó una ley que buscaba abordar la representación de los indígenas en los medios de comunicación, pero ha sido utilizada para presionar a los medios a adoptar la línea oficial.
10. Falta de una estrategia integrada para hacer frente al crimen organizado transnacional. CONALTID, bajo la dirección de Sabino Mendoza, está tratando de armar una estrategia para enfrentar el tráfico internacional de drogas. Si bien se están implementando algunas medidas, incluyendo la reactivación del Observatorio Boliviano de Drogas (OBD), una estrategia integrada de lucha contra el narcotráfico —que incluya niveles realistas de financiación— aún está en pañales.
La UE ha dado su apoyo al gobierno de Bolivia, buscando compensar parte del déficit con la pérdida de dinero de USAID. InSight Crime habló con el representante de la UE en la Paz, Nicolaus Hansmann, quien dijo que la UE había adoptado un “enfoque diverso, teniendo en cuenta el país, y basado en la evidencia”, que incluye la sustitución de cultivos, la capacitación de la policía y el apoyo a la investigación financiera.
Sin embargo, este proceso también se encuentra todavía en sus primeras etapas, y está claro que en la actualidad hay pocos obstáculos serios para el funcionamiento del COT en Bolivia.
Este artículo hace parte de una serie sobre los desafíos que plantea el tráfico de drogas a Bolivia. Vea la serie completa aquí.