El dilema de las prisiones: incubadoras del crimen organizado en Latinoamérica

Los sistemas penitenciarios de Latinoamérica y el Caribe se han convertido en una de las principales incubadoras de crimen organizado. Este resumen —el primero de seis artículos sobre sistemas penitenciarios basados en una investigación de un año— rastrea los orígenes del problema, esquematiza sus consecuencias e incluye una tipología de las pandillas carcelarias de la región.

Resumen y principales conclusiones

Las cárceles de Latinoamérica y el Caribe están en crisis. Luego de haber hecho cambios concertados en la legislación, lo que condujo a la implementación de políticas más duras, la población carcelaria ha aumentado vertiginosamente y la construcción de nuevas instalaciones no ha crecido al mismo ritmo. El hacinamiento ha creado muchos más problemas de los que se han podido resolver encarcelando a los sospechosos de manera masiva. Los prisioneros —muchos de los cuales no han sido ni siquiera acusados formalmente de ningún crimen— viven en condiciones deplorables e inhumanas que los hacen vulnerables a la coerción y el reclutamiento por parte las bandas criminales más sofisticadas.

Los guardias de las prisiones, así como los policías y los miembros del ejército, suelen abusar de su poder con respecto a los presos y participan en redes de corrupción que posibilitan la generación de más criminalidad. Las cárceles se han convertido además en incubadoras de la actividad criminal, escuelas de perfeccionamiento de los delincuentes con experiencia, y lugares donde los grupos criminales se organizan, entrenan a sus miembros, reclutan y planifican más crímenes. Muchos de los que ingresan como delincuentes relativamente menores y poco violentos, salen de la cárcel como experimentados criminales que suelen reincidir. Sin embargo, los gobiernos —si bien han redoblado sus esfuerzos para llevar a cabo capturas y enjuiciamientos como nunca antes se había hecho— no han logrado reaccionar de manera oportuna a las cambiantes circunstancias dentro de las cárceles, lo que ha permitido que los grupos criminales se fortalezcan, a la vez que ha minado los esfuerzos para mejorar la seguridad ciudadana en toda la región y ha afectado la gobernabilidad democrática.

Una investigación que InSight Crime ha adelantado durante un año permitió descubrir que en las cárceles han surgido numerosos tipos de pandillas.

• Pandillas carcelarias internas: se forman y funcionan bajo la lógica de las prisiones; suelen controlar las economías criminales más importantes dentro de las cárceles, como el contrabando de licor y drogas ilegales.

• Pandillas carcelarias internas y externas: son las pandillas carcelarias más perjudiciales debido a que explotan las vulnerabilidades del sistema penitenciario para desarrollar operaciones criminales dentro y fuera de las cárceles.

• Pandillas carcelarias ideológicas: son las que utilizan su ideología y disciplina para ejercer control sobre la población reclusa, a menudo con el fin de promover su causa política.

• Pandillas carcelarias narcotraficantes: utilizan su gran afluencia de capital, sus conexiones y su fuerza para dominar la economía de las drogas en las prisiones y, en algunos casos, para monitorear las actividades de tráfico de drogas también por fuera de los penales.

• Pandillas carcelarias mareras: son importantes debido a su tamaño y su ethos, que consiste en exterminar a sus rivales. La tendencia a la violencia entre las bandas ha llevado a las autoridades a separarlas, pero con ello, y sin proponérselo, realmente lo que han hecho es acelerar su desarrollo.

• Pandillas carcelarias militares: en ellas participan los miembros retirados de diversas fuerzas de seguridad, los cuales usan sus conexiones y su formación para controlar las economías de las prisiones y, en algunos casos, incluso muchas más actividades de las mismas.

Para abordar el tema de las prisiones, InSight Crime hizo una investigación sobre estas condiciones y sobre la criminalidad que las mismas fomentan en Venezuela y Colombia, así como en la región del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala). Dicha investigación arrojó una serie de estudios de caso en cada uno de estos países, que serán publicados por separado.¹

Este informe es un resumen de los hallazgos de dicha investigación, e incluye una serie de recomendaciones para ayudar a remediar algunos de estos problemas.

Principales hallazgos

1. Las cárceles son la parte más olvidada de la cadena judicial. Los gobiernos las ignoran sistemáticamente y no hacen los debidos ajustes en ellas, lo que permite que el sistema carcelario quede expuesto a la corrupción y la criminalidad.

2. Las deplorables condiciones y la corrupción son puntos de partida para las organizaciones criminales. Las pandillas carcelarias se provechan del abandono y de las condiciones inhumanas, y también saben sacar provecho de la poca formación de los guardias y del personal administrativo, así como de los bajos salarios que reciben.

3. Las políticas de línea dura y el hacinamiento les facilitan el reclutamiento a las pandillas carcelarias. La respuesta de los gobiernos a los retos que planteó la existencia de grupos criminales más numerosos y organizados consistió inicialmente en la implementación de más medidas de línea dura. Estas fracasaron: la población carcelaria aumentó, lo cual dejó a las autoridades maniatadas y abrió el camino para que los grupos criminales se reorganizaran y ejercieran más control en las prisiones.

4. La segregación en las cárceles es un arma de doble filo, que, en el mejor de los casos, disminuye la violencia en las prisiones, pero por otro lado fortalece a las organizaciones criminales. En las cárceles con exceso de hacinamiento, la violencia y la disciplina se sale de las manos de las autoridades y conduce a medidas drásticas, como separar a los presos según a la pandilla a la que pertenezcan. Esto no hace más que fomentar el desarrollo de las pandillas, que utilizan el espacio y el tiempo de los que disponen para estar juntas para organizarse mejor.

5. Existen algunas medidas diferentes al encarcelamiento, como la despenalización o la imposición de sentencias alternativas, así como algunos programas sociales, educativos y laborales para los presos. A pesar de la evidencia de que las políticas de línea dura no funcionan, y por el contrario favorecen a las organizaciones criminales, los gobiernos continúan confiando en dichas políticas más que en otras formas de castigo o en programas de rehabilitación.

6. Las pandillas carcelarias son muy diversas, pero comparten ciertas características y orígenes similares. Puede que las pandillas carcelarias sean diferentes, pero todas tratan de suplir las necesidades básicas de los presos —desde la seguridad hasta las drogas ilegales—, y todas cuentan con la arraigada corrupción para poder operar.

Introducción

Desde la década de los noventa —cuando las tasas de criminalidad y homicidios comenzaron a crecer en Latinoamérica y el Caribe, y los gobiernos empezaron a adoptar políticas más duras con respecto a las sentencias, la prisión preventiva, la actividad de las pandillas, el tráfico de drogas al por menor y el consumo de drogas— la población carcelaria de la región comenzó a crecer vertiginosamente. En Brasil, por ejemplo, la población penitenciaria pasó de 173.000 reclusos en 1995 a más de 500.000 en la actualidad, la cuarta más grande del mundo, según el Centro Internacional para Estudios Penitenciarios.² La población carcelaria de El Salvador ha pasado de 5.000 presos en 1992 a más de 33.000 actualmente, lo que la ubica en la doceava tasa de encarcelamiento más alta per cápita en el mundo. La población carcelaria de México pasó de 155.000 presos en el año 2000 a 239.000 en 2012. Otros países de la región no están muy lejos de estas cifras.

Sin embargo, estos países no están construyendo suficientes prisiones para atender a esta creciente población. Venezuela sólo ha construido una prisión nueva desde 1999,³ aunque su población carcelaria se ha más que duplicado durante el mismo período; las cárceles del país están funcionando a una capacidad del 315 por ciento. Las de El Salvador están funcionando a una capacidad del 325 por ciento;⁴ las de Guatemala al 251 por ciento⁵ y las de México al 126 por ciento.⁶

Tras una visita a varias cárceles de Honduras, Rodrigo Escobar, relator de derechos humanos de las personas privadas de la libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que dichas cárceles son “totalmente contrarias a la dignidad humana”.^[7] La visita de Escobar Gil surgió a raíz de un incendio en febrero de 2012, en el que 362 reclusos murieron en la prisión de Comayagua.^[8] Los inspectores de seguridad de las instalaciones les habían advertido a las autoridades del gobierno desde hacía años acerca del alto riesgo de incendio en la cárcel.^[9] En una de las celdas afectadas por el incendio, los investigadores dijeron que había 90 presos en un espacio diseñado para 20.^[10]

El caso de Honduras no es único. En una cárcel de El Salvador que InSight Crime visitó en 2012, había cerca de 1.200 reclusos hacinados en un espacio diseñado para poco más de 300; los presos se turnaban para dormir en un pequeño espacio en el que había hamacas tendidas sobre un baño; muchos presos se quejaban de que tenían condiciones médicas que estaban sin tratar; y la basura se apilaba al lado del lugar donde los prisioneros se bañaban con agua de un pozo.^[11] 

Además, los abusos son comunes. En El Salvador, los informes sobre torturas por parte de los militares llevaron a que el gobierno retirara a los soldados de las prisiones.^[12] En Brasil, los reclusos de una prisión eran amontonados por docenas durante días en espacios minúsculos, donde estaban en contacto con sus propias heces y vómito.^[13]

La prisión preventiva es bastante común en toda la región, donde los presos son abandonados por meses, o incluso años, en celdas que no están construidas para encarcelamientos prolongados.^[14] En México, un impresionante 42 por ciento de la población carcelaria se encuentra bajo prisión preventiva.^{[15] E}n otros países el porcentaje es incluso mayor.

La corrupción también es rampante en el sistema. En una prisión boliviana que InSight Crime visitó en 2013, los guardias pueden ganar por los sobornos hasta US$20.000 al año,^[16] una pequeña fortuna en un lugar donde, según el Banco Mundial, el ingreso per cápita es de cerca de US$2.500^.[17] En México, los guardias de las prisiones han participado en matanzas al interior de las cárceles y en fugas masivas.^[18]

El hacinamiento, la corrupción y los abusos han hecho que las prisiones sean lugares muy peligrosos, donde la supervivencia depende de alianzas nuevas y antiguas. Las cárceles son perfectos centros de reclutamiento, así como incubadoras para el crimen. Ellas les permiten a los grupos criminales consolidar sus jerarquías, y se han convertido en refugios seguros y en bases de operaciones para las pandillas de los países del Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala), así como para las organizaciones criminales en Colombia y México.

En México, han permitido el fortalecimiento de las redes criminales, algunas de los cuales se originaron en cárceles de Estados Unidos;^[19] y en Venezuela, dichas redes han extendido su alcance hasta la actividad criminal callejera, que ha hecho del país el más violento de Suramérica.^[20] En resumen, las cárceles son una parte esencial para el crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe.

La consecuente crisis ha impedido los esfuerzos para promover la seguridad ciudadana en la región y ha debilitado la gobernabilidad democrática. Las cárceles se han convertido en reproductoras de la actividad criminal, en lugar de detenerla. Las pandillas del Triángulo Norte, por ejemplo, han reorganizado a sus miembros, han mejorado sus métodos de reclutamiento, y han diversificado sus ingresos criminales mediante actividades que atentan contra la vida de múltiples maneras. Grupos criminales de México, como Los Zetas, han ampliado su influencia y poder al interior de las cárceles. Y grupos como las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 en Centroamérica, y Los Zetas en México, han interferido en los procesos electorales. En el caso de El Salvador, hay evidencias de que este tipo de interferencias se han coordinado desde las cárceles.

Esta crisis suele ser ocultada por los periodistas de la región, y en general no es bien comprendida por la ciudadanía. En vez de pensar en las prisiones como parte integral del sistema de justicia, suelen considerarse como un repositorio de criminales —un lugar donde las autoridades suelen abandonarlos y olvidarse de sus problemas, e ignorar las consecuencias de la estrategia de mano dura de encarcelar a los expendedores de droga al por menor y a los consumidores. Esta negligencia tiene consecuencias desastrosas. Está fomentando la inseguridad, y podría decirse que es el mayor impedimento para cumplir los planes que buscan mejorar los sistemas de justicia en toda la región.

Este proyecto se diseñó con el objetivo de verificar estos temas. Específicamente, con él buscamos:

• Comprender a profundidad las causas que generan el lamentable estado de los sistemas penitenciarios en varias partes de Latinoamérica, haciendo investigación de campo en algunos de los países con los mayores problemas.

• Analizar y elaborar un perfil de los grupos criminales que se están desarrollando en los sistemas penitenciarios, con el fin de obtener una comprensión más detallada de su modus operandi, sus fuentes de ingresos y la manera como han desarrollado capital social y político desde las cárceles.

• Ofrecerles a las autoridades, los gobiernos, las organizaciones multilaterales, las organizaciones no gubernamentales y otras personas e instituciones que trabajan en la reforma penitenciaria, algunas recomendaciones sobre cómo limitar o disminuir la influencia de las organizaciones criminales que están utilizando las cárceles para ampliar su influencia y debilitar la seguridad ciudadana y la gobernabilidad democrática en toda la región.

Para ello, InSight Crime adelantó una investigación y escribió cinco informes sobre las organizaciones criminales ubicadas en prisiones de Colombia, Venezuela, El Salvador, Honduras y Guatemala, los cuales pueden consultarse por separado. Este documento es la introducción general. Está dividido en dos temas principales, en lugar de estar dividido por países. Incluye las razones por las que las prisiones han fallado en su función, así como las estructuras criminales que se originan en ellas. Por último, ofrece una serie de recomendaciones orientadas a las políticas.

Marco institucional – Por qué han fallado las prisiones

La principal condición para que las prisiones se conviertan en caldo de cultivo para el crimen organizado es un Estado incapaz de mantener los derechos e imponer el orden, permitiendo que las redes criminales llenen el vacío de poder en busca de sus propios fines y beneficios. En los países latinoamericanos hay numerosas fallas institucionales, legislativas y operativas que crean esta situación.

Pero, como veremos, esta crisis fue en gran parte generada por el propio sistema. Las fuertes medidas legislativas han llevado a que el encarcelamiento sea la opción preferida para hacer frente al aumento del crimen y a la inseguridad. El resultante aumento en las poblaciones carcelarias se produjo en ausencia de planificación y con poca financiación. De hecho, las prisiones suelen ser un rincón olvidado del funcionamiento de los Estados latinoamericanos, y muy a menudo padecen crónicamente de malas condiciones de construcción, dotación y mantenimiento. Esta condición implica que los Estados funcionan a menudo desde un punto de partida en el cual su control de las cárceles y su capacidad para administrarlas es limitado.

Las políticas de mano dura y el hacinamiento

Las leyes de seguridad de mano dura son la respuesta política que en general se les da a las crisis de seguridad que regularmente afectan a muchos países latinoamericanos, pero que raramente producen los resultados deseados. Si bien su impacto en la seguridad ciudadana es discutible, su impacto en las prisiones no los es —generan un flujo de nuevos presos en un sistema que está mal equipado para recibirlos y que no se puede ampliar de manera lo suficientemente rápida—. Esto lo demuestra claramente el estudio de caso de Colombia. Entre los años 2003 y 2014, la capacidad del sistema penitenciario colombiano aumentó en cerca del 70 por ciento. Sin embargo, el hacinamiento pasó del 130 por ciento de su capacidad al 153 por ciento. Ello puede explicarse por lo que se ha denominado “populismo punitivo”: leyes de seguridad de mano dura que crean nuevos delitos y alargan las penas para otros. El impacto más visible de esto último fue la Ley 1453 de 2011. En los diez meses que siguieron a la entrada en vigor de esta ley, el número de presos en Colombia aumentó 15 por ciento.^[21]

En muchos países, dichas leyes suelen centrarse en el tráfico de drogas, y las prisiones a menudo se llenan de personas que han cometido delitos menores y que son poco violentas. Una de las leyes más llamativas en este sentido —que está ahora a punto de ser anulada— es la Ley 1008 de Bolivia, que se implementó en 1988 como una política de drogas de cero tolerancia. En los estatutos de esta ley, se hace poca diferencia entre las personas capturadas en posesión de pequeñas cantidades de drogas, las que trabajan en el peldaño inferior de la cadena del tráfico de drogas y los grandes narcotraficantes. Como resultado, las cárceles de Bolivia están repletas de reclusos que han recibido duras condenas por delitos menores, al punto que, en 2013, las personas condenadas bajo la Ley 1008 representaban el 28 por ciento de los presos.^[22]

Otra de las políticas que suele generar hacinamiento es el uso excesivo de la detención preventiva. Dada la presión sobre las fuerzas de seguridad para acabar con los delincuentes en las calles y a la incapacidad de vigilar de manera eficaz a los que se encuentran libres bajo fianza o en espera de juicio, la detención preventiva es el primer recurso en los países de la región. Sin embargo, en muchos países de Latinoamérica, los sistemas judiciales son débiles e ineficaces, y el procesamiento de los casos puede tardar años, lo que conduce a que las cárceles se llenen de personas que no han sido condenadas. Los porcentajes de presos que están bajo esta condición son sorprendentes en la mayoría de los países de la región, y en los países examinados en los estudios de caso oscilan entre 27 por ciento de los reclusos en El Salvador y el 63 por ciento en Venezuela.^[23] Muchos países cuentan con leyes que prohíben que los presos en prisión preventiva se encuentren en las mismas secciones de los que ya están condenados, una medida necesaria para separar a los criminales experimentados (y a las estructuras criminales que han establecido firmemente al interior de las cárceles) de los presos que pueden ser delincuentes novatos, de bajo nivel o incluso a menudo inocentes. En la práctica, esto con frecuencia no sucede ya que los sistemas penitenciarios no tienen la capacidad para mantener a las poblaciones separadas.

El hacinamiento es una condición clave para el control de las cárceles por parte de los criminales. En las instalaciones superpobladas, mantener el control y el orden se hace casi que imposible, y las autoridades a menudo abandonan sus responsabilidades y las dejan en manos de las redes criminales. El hacinamiento también hace que la separación de los reclusos según la gravedad de sus crímenes o el riesgo que puedan presentar para los demás sea casi que imposible, lo que lleva a que los delincuentes de bajo nivel entren en contacto con criminales experimentados y se acerquen más a la criminalidad al interior del sistema penitenciario, y a menudo también después de su liberación.^[24] Si bien el hacinamiento surge del hecho de no tener suficientes espacios en las prisiones, hay dos políticas institucionales que, más que cualquier otra, implican que  construir más prisiones nunca serán suficiente para solucionar el problema: las leyes de seguridad de mano dura diseñadas por los políticos respondiendo al deseo popular de hacer cumplir la ley y orden, y el uso excesivo de la detención preventiva en los países con sistemas judiciales ineficientes.

La corrupción y las deplorables condiciones en las cárceles

Los pocos recursos financieros y la negligencia del gobierno han dejado a las prisiones de toda la región en un estado de deterioro crónico y a los presos viviendo en condiciones insalubres y espantosas, donde incluso no tienen satisfechas sus necesidades básicas, como adecuada alimentación, agua y tratamientos médicos; e incluso otros requisitos, como el acceso a programas de educación y empleo, también son limitados. Este tipo de condiciones pueden generar la criminalidad de manera directa e indirecta. El impacto indirecto tiene que ver con el hecho de obligar a la mayoría de los presos que podrían ingresar a los programas de rehabilitación y resocialización a vivir en un ambiente violento, donde sobreviven los más fuertes, que comparten con criminales experimentados. Al negarles la posibilidad de realizar actividades productivas durante sus sentencias, los reclusos son empujados aún más hacia la criminalidad, tanto dentro de la prisión como al salir de ella.^[25]

El impacto directo tiene que ver con las espantosas condiciones en las prisiones, que pueden permitir el fortalecimiento de las redes criminales, las cuales se organizan para solucionar estos asuntos, o incluso asumen las funciones de las autoridades de los penales. El ejemplo más sobresaliente de esto último son las dos redes criminales más importantes de Brasil actualmente, el Comando Vermelho (CV) y el Primer Comando Capital (PCC). Ambos grupos se conformaron como organizaciones en defensa de los derechos de los prisioneros, con el fin de defenderse contra los violentos regímenes impuestos por las autoridades, y para exigir justicia ante los abusos generalizados. Sin embargo, dichos movimientos, que comenzaron con una clara inclinación política, rápidamente se transformaron en poderosas redes criminales, cuyo alcance se extendió a las favelas de todo el país, y que ahora dirigen una amplia gama de actividades criminales, incluyendo el narcotráfico, no sólo en Brasil, sino además en por lo menos otros dos países.

Si bien estos grupos son el ejemplo más extremo de cómo el abandono en las cárceles puede fortalecer a los grupos criminales, no son precisamente los únicos. En otros sistemas penitenciarios, como en el de Venezuela, la incapacidad de las autoridades penitenciarias para realizar funciones básicas ha llevado a que las redes criminales hayan intervenido para realizar operaciones como la adquisición y distribución de alimentos y suministros médicos, aumentando así su poder e influencia, así como la legitimidad de su rol como las verdaderas autoridades de las prisiones.^[26]

Los pocos recursos económicos que se invierten en las prisiones también promueven lo que es quizá el factor más determinante para el control de las cárceles por parte de los criminales: la corrupción. Sin la corrupción, las economías delincuenciales, el sustento de las redes criminales que operan dentro del sistema, prácticamente no podrían existir. Los guardas y administradores que son mal pagados, abrumados por el sistema y vulnerables a las amenazas —que en el caso de las estructuras del crimen organizado pueden extenderse por fuera de los muros de las prisiones— son fácilmente corruptibles para permitir el paso de bienes de contrabando y la descarada imposición de reglas en las prisiones.^[27]

La corrupción no se limita sólo a los rangos bajos, y en numerosos países existen amplias pruebas de connivencia con los criminales y de corrupción en los niveles altos de la cadena de mando^[28] —una forma de corrupción que es clave para los crímenes más grandes que se llevan a cabo dentro de las prisiones—. Algunos administradores ven a los presos como sus aliados, y, de alguna manera, esto facilita la vida de las pandillas carcelarias. El resultado es a menudo un peligroso quid pro quo. La colusión entre las autoridades penitenciarias de alto nivel y las redes que operan dentro de las prisiones puede ayudar a las autoridades a mantener cierto orden en las cárceles, que de otra forma sería extremadamente difícil de imponer con los recursos disponibles, a la vez que provee a dichas autoridades una parte de los beneficios de las actividades criminales, que pueden ser bastante lucrativas.^[29]

La segregación

En los países que enfrentan el desafío de tener redes del crimen organizado que son acérrimos rivales por fuera del sistema penitenciario, los gobiernos suelen encontrarse ante la perspectiva de un arma de doble filo que también contribuye al control de las prisiones por parte de los criminales: la segregación. Con el fin de prevenir la violencia entre estructuras rivales en prisiones donde las autoridades no están bien preparadas para mantener el orden por ellas mismas, los diferentes grupos son enviados a pabellones diferentes o incluso a prisiones enteras. Esto puede reducir la violencia al mantener separadas a las facciones rivales, aunque en el caso de Colombia, en la primera década de este siglo, esto no fue suficiente debido a que los presos acumularon bastante armamento como para acabar con sus enemigos, o bien los controles no eran lo suficientemente fuertes como para mantener separados a los rivales.³⁰ Sin embargo, el precio que se paga por mantener separados a los presos es el fortalecimiento de las redes criminales en las diferentes secciones o en cárceles enteras. Esta práctica permite la concentración de su poder y les permite a estas redes funcionar más libremente y con mejor organización. Si a esto se agrega la incapacidad del Estado para controlar eficientemente estas instalaciones, ello puede conducir al desarrollo de organizaciones criminales muy poderosas, capaces no sólo de ejecutar actividades criminales dentro de las prisiones sino también de influir en el hampa por fuera de las paredes de la prisión.

Quizá el más terrible ejemplo de los efectos de la segregación es el de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que en la primera década de este siglo lograron convertir su sección en la prisión de La Modelo, en Bogotá, en una fortaleza armada que utilizaron para lanzar ataques contra sus rivales de la guerrilla —ambos grupos habían sido separados de la población general de reclusos— y establecer una oficina de cobro de deudas por el tráfico de drogas y otras actividades criminales, como resultado de la cual se cree que más de cien personas fueron asesinadas, descuartizadas y arrojadas al sistema de alcantarillado.³¹

Sin embargo, quizá el ejemplo con el impacto más duradero ha sido el de las pandillas del Triángulo Norte, especialmente en el caso del sistema carcelario salvadoreño, que hasta hace muy poco separaba totalmente a sus poblaciones. Allí, la segregación les permitió a las pandillas convertir las prisiones en sus feudos criminales y en bases de operaciones internas y externas, facilitando el desarrollo de una jerarquía, mediante la cual las órdenes provenían de los jefes de las pandillas encarcelados. En el caso de la pandilla MS13, también les permitió a sus cabecillas llegar a una tregua con sus rivales, influir en las elecciones para el Congreso y la Presidencia y ampliar su portafolio criminal.

Si se combinan estos factores —instalaciones precarias donde la corrupción es rampante, leyes de seguridad de mano dura, uso excesivo de la detención preventiva en sistemas judiciales ineficientes, y segregación de los grupos del crimen organizado—, el resultado es que el crimen organizado puede apoderarse de los sistemas penitenciarios y proyectar su poder hacia el exterior. El mejor ejemplo de eso es El Salvador y sus políticas de mano dura, que crearon las condiciones perfectas para las pandillas dentro y fuera de las cárceles. Estas leyes les dieron a los policías el poder de detener a las personas con base en signos de afiliación a las pandillas. La policía utilizó esta leyes para atrapar a unos 14.000 jóvenes sospechosos, quienes fueron recluidos en detención preventiva —menos de un tercio nunca fueron condenados—.³² Cuando las precarias instalaciones carcelarias se llenaron de jóvenes que habían sido acusados de estar afiliados a las pandillas, las autoridades comenzaron una política de segregación para prevenir los enfrentamientos entre los rivales. Las pandillas se llenaron entonces de nuevos reclutas, muchos de los cuales solo tenían un vínculo muy leve con ellas, o quizá ninguno en absoluto, pero pasaron meses o años en las prisiones controladas por las pandillas.³³ La capacidad de las pandillas para organizarse jerárquicamente y llevar a cabo operaciones criminales al interior y el exterior de las cárceles fue facilitada por su indiscutible control de las cárceles donde se encontraban separadas, por lo que podrían operar con casi total impunidad, dado que las autoridades corruptas y con pocos recursos no podían ni estaban dispuestas a intervenir más allá de los perímetros de las prisiones. 

Respuesta del Estado

La respuesta estatal a las crisis carcelarias y el control de la delincuencia que produjo pueden dividirse en dos estrategias de diseño y mantenimiento de prisiones: 1) máxima seguridad; 2) desarrollo de cárceles más humanas y fomento de programas de rehabilitación. En la primera estrategia de seguridad, adoptada anteriormente en países como Colombia y hasta cierto punto, El Salvador, el enfoque es la modernización de las medidas de seguridad y la imposición de regímenes de seguridad estrictos para cortar el control criminal. En la estrategia alternativa, el objetivo es ofrecer instituciones más humanas, mantener los derechos cásicos y ofrecer programas sociales y educativos, que den a los reclusos una opción distinta a la delincuencia.

Las ventajas y desventajas de cada estrategia son numerosas, y es probable que el mejor escenario incorpore a ambas, con base en un sistema operativo de identificación y segregación según el riesgo que algunos presos supongan para otros y su capacidad plausible de rehabilitación y resocialización. En todos los casos, estos programas no pueden operar en un vacío. Los programas sociales, así como las medidas legislativas que permitan a los exconvictos la oportunidad de limpiar sus antecedentes son requisitos mínimos para evitar la reincidencia.³⁴

Sin embargo, Latinoamérica ha demostrado ser un mal campo de pruebas  para cualquier teoría de este tipo, pues los intentos de implementar un tipo u otro de régimen se ven entorpecidos por los mismos puntos débiles institucionales. Venezuela es el ejemplo más extremo de esto, pues de manera persistente el país ha anunciado elaborados planes y leyes para un sistema carcelario profundamente progresista y humano, pero no ha logrado cumplir ni la más básica de sus promesas.³⁵ Los derechos de los presos consagrados por la constitución al trabajo, el estudio, el deporte y la recreación significan poco cuando no se satisfacen las necesidades básicas de alimentación y médicas.³⁶

Por la vía de enfocarse en la máxima seguridad, Colombia muchas veces ha terminado en un destino similar. Por ejemplo, la nueva cárcel de máxima seguridad en Valledupar, conocida coloquialmente conocida como “La Tramacúa”, se construyó hace poco más de una década, pero se ha hecho tan notoria por sus espantosas condiciones y constantes abusos contra los derechos humanos³⁷ que la Corte Constitucional de Colombia ordenó su clausura a menos que se hicieran mejoras.³⁸ La lección de ambos países es clara: no importa cuál sea el tipo de régimen penitenciario que las autoridades quieran implementar, fracasará a menos que se resuelvan los problemas de hacinamiento, insuficiencia de fondos, corrupción y abuso.

Pandillas carcelarias

El resultado de las políticas de línea dura, el abandono sistemático, irregularidades, abuso y corrupción es, por supuesto, más crimen y más organizaciones criminales sofisticadas que operan tanto dentro como fuera de las cárceles que se supone deben contener. Las pandillas carcelarias son la versión abreviada para lo que equivale a una plétora de tipos distintos de grupos criminales que operan dentro del sistema penitenciario. Pueden crearse adentro o afuera. Pueden ser ideológicos, religiosos, nacionalistas o étnicos. Pueden ser relativamente jóvenes o de mayores. Pueden ser recién llegados o antiguos. Pueden controlar las economías criminales o simplemente gravarlas.

Pese a las diferencias de sus orígenes y metas, tienen mucho en común. Ellas entienden que la prisión es una sociedad paralela, en la que la fuerza, combinada con el control social son esenciales. Sus orígenes están asociados casi siempre con la atención de las necesidades básicas de los presos, a saber, seguridad, pero también drogas ilegales, contrabando y otros servicios. Dependen de una combinación de corrupción y temor, y su conocimiento del sistema penitenciario muchas veces resulta ser vital para su capacidad de ascender a la cima del hampa tanto dentro como fuera de las celdas de la cárcel.

La siguiente es una lista de seis tipos de pandillas carcelarias que halló InSight Crime durante su investigación.

Pandillas carcelarias internas

Este es el nombre que dimos a las estructuras criminales creadas en las prisiones, y formadas principalmente por la dinámica interna de la cárcel y dedicada a ella.

Estas estructuras tienen dos funciones principales. La primera es llenar el vacío dejado por una ausencia estatal y actuar como un organismo regulatorio que mantiene cierta apariencia de orden en las cárceles, asumiendo roles como la asignación de espacio en las celdas y la creación e imposición de sus propias reglas, muchas veces a través de la violencia. La segunda es controlar las economías criminales, como las drogas ilegales, el contrabando y las redes de extorsión para asegurar su posición privilegiada en el sistema. 

Las estructuras y operaciones de estas redes pueden variar mucho, pero sus jerarquías muchas veces están determinadas por la capacidad de controlar a los demás reclusos y eliminar a los rivales mediante la violencia, de modo que los máximos líderes por lo general son quienes se han tomado el poder por la fuerza. En la mayoría de los casos, sus conexiones criminales externas o sus antecedentes penales tienen poca participación directa en la determinación de quién asume estos cargos.

En muchos casos, las autoridades carcelarias en cierto nivel cooperan en secreto o abiertamente con estas estructuras, o por lo menos reconocen y respetan su posición en la cárcel. Sus motivaciones para esto tienen relación directa con los fines de estas estructuras; las autoridades dependen de ellas para imponer el orden que ellas no pueden, y se alían con ellas para reclamar una parte de las ganancias generadas por las economías criminales, en su mayor parte facilitando el paso de estupefacientes y otros productos de contrabando, pero también con la asignación de espacio, la distribución de privilegios y el movimiento de presos entre celdas.

Las pandillas carcelarias venezolanas, lideradas por cabecillas conocidos como “pranes”, son uno de los ejemplos más destacados de estas estructuras. Los pranes tienen un control casi total de sus prisiones o pabellones más allá de los perímetros de la cárcel. Ellos crean e imponen las normas de la cárcel, regulan actividades que incluyen el control del acceso a alimentos y atención médica, y controlan por completo las economías carcelarias, lo que incluye un elaborado sistema de extorsiones, que cada preso debe pagar.³⁹

Quién llega a ser pran de la cárcel está determinado generalmente por la violencia, y el sistema carcelario venezolano ha sido testigo de atrocidades y masacres terribles cometidas por quienes reclaman o afirman su poder.⁴⁰ La función de los pranes es reconocida por las autoridades penitenciarias, que mantienen contacto con esos jefes y se sabe que han negociado con ellos.⁴¹ Hay cada vez más evidencia de que en ciertos casos, los pranes han acumulado tanto poder que comienzan a hacer una transición a lo que llamamos “Pandillas carcelarias internas y externas”, mediante el manejo de extorsiones en el exterior, secuestro y redes de estupefacientes desde el interior de las cárceles.⁴²

Un ejemplo menos violento de una pandilla carcelaria interna son los “delegados” en las prisiones bolivianas. En algunos casos, los delegados son representantes elegidos de las prisiones, a quienes los reclusos mismos han elegido para manejar la logística de la vida en prisión e incluso para actuar como abogados de los presos ante las autoridades. Sin embargo, este sistema hace bastante tiempo comenzó a degenerar en corrupción, dado que estas estructuras se benefician enormemente de las economías criminales y mantienen redes de extorsión que cobran por el acceso a privilegios, como derechos de libre circulación o visitas. En casos extremos, se dice que estas redes han echado mano del asesinato y la tortura para imponer su autoridad.⁴³

Pandilla carcelaria interna y externa

La pandilla carcelaria interna y externa es la máxima expresión de una organización criminal con sede en las cárceles. Surgió en las prisiones, por lo que entiende la lógica de la fuerza y la jerarquía de necesidades de los reclusos. Su ideología gira en torno a esta noción, y su expansión y su influencia dependen de su capacidad de sacar partido de las brechas en el sistema, que el Estado no cubre.

También establece una próspera economía criminal que funciona dentro y fuera de las prisiones. Esta economía criminal se basa, en parte, en su control sobre las cárceles. Usa las visitas de muchos miembros de pandillas y no miembros para mantener esta economía interna funcionando. Y crea sofisticadas redes de prácticas contables y financieras en el exterior.

Algunas de estas pandillas carcelarias internas y externas detentan un increíble poder social, así como político. Influencian la manera como la gente se viste, los estilos que adoptan y la forma en que se comunican. Pueden, en algunos casos, crear sus propios vehículos políticos y no gubernamentales para satisfacer sus necesidades legales, sociales y políticas, y las de sus simpatizantes.

El PCC en Brasil es la pandilla carcelaria interna y externa por excelencia por múltiples razones. Para empezar, surgió en el sistema carcelario de Brasil, luego de un sangriento motín en una cárcel del estado de São Paulo, cuyo balance fue de 100 presos muertos. Varios sobrevivientes de la masacre fueron trasladados y tomando una plataforma política de otra pandilla carcelaria —el CV, o rojo en español— comenzaron a organizarse para pedir justicia y defender los derechos de los presos. El gobierno, en un intento por detener el crecimiento del PCC, separó a los cabecillas en otras prisiones, pero esto simplemente les permitió multiplicarse y tomar el control de otras instalaciones.

Desde entonces, el PCC ha crecido para convertirse en el grupo del crimen organizado más poderoso de Brasil. Usando las prisiones como base, han llegado a ser unos de los principales distribuidores de drogas a nivel local e internacional. Tienen bases en Paraguay y Bolivia, y quizás en otros lugares.⁴⁴ Cuentan con una extensa red de abogados, contadores y agentes políticos, que han buscado usar su influencia o crear partidos políticos en representación del grupo criminal.⁴⁵ Y tienen un elaborado y sofisticado sistema de justicia interna, que usan para disciplinar a sus miembros y a quienes infrinjan las normas en las comunidades que controlan por fuera de la cárcel.⁴⁶ En resumen, son una organización criminal increíblemente evolucionada que ilustra el temible potencial de las pandillas basadas en las prisiones.

Otro ejemplo, aunque algo menos evolucionado, de este tipo de pandilla carcelaria es el Barrio Azteca. Nacido en el sistema penitenciario de El Paso, Texas, este grupo comenzó como una forma de organización de la gran población mexicana y mexicano-estadounidense que se encuentra en prisión para defenderse contra las poderosas pandillas motociclistas y otras. Desde entonces se han ampliado hasta contar con células a ambos lados de la frontera, y ahora controlan grandes partes de las prisiones en ambos países y parece estarse posicionado como actor importante del comercio internacional de la droga.⁴⁷

Al igual que el PCC, Barrio Azteca —o “La Familia Azteca”, como le gusta llamarse— tiene estrictas reglas que se imponen tanto dentro como fuera de las cárceles. Los parientes de miembros Aztecas son sometidos a castigos, al igual que sus miembros. Los Aztecas se han beneficiado de esta disciplina, con la creación de alianzas con organizaciones criminales, como el Cartel de Juárez y Los Zetas. Ambas organizaciones criminales de alto perfil han ayudado a los Aztecas a entender mejor las necesidades y el modus operandi del tráfico de drogas.

Sin embargo, los Aztecas aún están lejos de ser el PCC. Cometieron algunos errores estratégicos importantes en la batalla por Ciudad Juárez en el periodo de 2008 a 2011, el más importante de los cuales fue el homicidio de un representante del Consulado estadounidense en 2010. Estados Unidos indició a 35 de sus miembros por el homicidio, 33 de ellos fueron capturados más adelante y muchos ya están cumpliendo sentencias por esto.⁴⁸

Pandillas carcelarias ideológicas

Las pandillas carcelarias ideológicas están conformadas por miembros de la insurgencia, grupos paramilitares de derecha y demás organizaciones con fines políticos que se organizan en las cárceles. En el sistema penitenciario, estos grupos replican sus jerarquías externas y sus estructuras de mando, y muchas veces se abastecen de armas, lo que les permite formar células militares internas.

Algunas de estas organizaciones, en especial aquellas a la izquierda del espectro, evitan las economías criminales de las cárceles, como las ventas de drogas, pero con frecuencia se han visto implicadas en esquemas extorsivos. La mayoría de estos grupos siguen una ideología de izquierda, que muchas veces se manifiesta en las cárceles en la forma de organización en torno a los derechos de los presos y la mediación para lograr mejores condiciones y un trato digno.⁴⁹

Estos grupos muchas veces tienen enemigos dentro del sistema penitenciario, entre ellos las autoridades, que los aíslan para cometer abusos. En algunos casos, también se ha sabido que enfrentan a grupos rivales armados y a otros presos, que pueden ser enemigos ideológicos o simplemente estructuras criminales comunes que les disputan el control interno y el territorio.

Los insurgentes de la guerrilla de Colombia son el principal ejemplo de una pandilla carcelaria ideológica, en particular las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las milicias urbanas de izquierda asociadas a estas guerrillas. En muchos casos, las divisiones externas entre estas estructuras no se replican adentro, y se combinan para conformar una estructura. Algunas veces, los presos políticos, que por lo general son aliados ideológicos, pero no insurgentes en sí, caen bajo su protección.⁵⁰

En el pasado, los guerrilleros presos eran separados en pabellones aparte, lo que les permitía controlar el territorio dentro de las cárceles. En sus feudos de prisión, amasaron poderosos arsenales y entablaron combates con sus rivales de grupos paramilitares.⁵¹ También han participado en actividades ideológicas, estableciendo conexiones con grupos de solidaridad con presos colombianos afuera de la cárcel,⁵² que actúan como intermediarios para su defensa y en intentos por llamar la atención sobre los abusos y las malas condiciones que padecen en el sistema penitenciario.

En años recientes, estos grupos guerrilleros han tenido una presencia más dispersa, que limita su capacidad para formar bases de poder en las cárceles, que desarrolla estructuras más interesadas en su seguridad y condiciones que en tomar o mantener el poder o el territorio en las cárceles.⁵³ La liberación esperada de muchos presos de las FARC, como resultado del proceso de paz entre este ejército guerrillero y el gobierno colombiano⁵⁴ puede diluir aún más la influencia de estos grupos en el sistema carcelario, convirtiendo las pandillas carcelarias ideológicas en un fenómeno cada vez más raro.

Pandillas carcelarias narcotraficantes

Estas representan quizás la dinámica más variada y compleja en los diferentes tipos de estructuras criminales en las cárceles. Pocas organizaciones narcotraficantes tienen el tipo de fuerza de trabajo concentrada que garantice su dominio territorial, y como población de presos pueden estar más dispersos que los grupos armados o las pandillas callejeras. Sin embargo, en el pasado, las organizaciones narcotraficantes que también han funcionado como ejércitos contrainsurgentes han logrado ese tipo de control territorial.

La falta de dominio numérico significa que en las cárceles afectadas por estos actores, el poder afuera, la riqueza y las jerarquías no se replican necesariamente adentro. Aun así, son una influencia importante. Una estructura dominante en la cárcel puede estar conformada por miembros de varias organizaciones criminales distintas, pero el líder se elige entre los miembros de más alto rango de la facción más numerosa. Quienes tienen mucho poder en el exterior no tendrán garantizado ese poder de manera automática en el interior, pero la riqueza y la influencia del preso afuera por lo menos le garantizarán una posición de respeto, si no un rol, en la estructura dominante.

En algunas cárceles, la dinámica se altera aún más con la separación de los narcotraficantes más importantes en instalaciones de máxima seguridad, lo que los separa de los pabellones donde dominan las pandillas carcelarias. Estas figuras pueden tener canales de comunicación con subalternos en otros lugares de la prisión para ejercer poder allí dentro, pero es poco probable que ejerzan un papel activo como jefes de una red carcelaria. También es común que sigan dirigiendo sus negocios en el exterior usando equipos de comunicaciones de contrabando o mensajes pasados por medio de visitantes, y para muchos esto puede ser prioritario frente al control de las redes internas.

Las ahora desmovilizadas AUC y sus sucesores, conocidos como Bacrim (acrónimo de “bandas criminales”, representan unas de las organizaciones más poderosas de este tipo que desarrollan estructuras carcelarias de peso.

A comienzos de la década de 2000, las AUC creó una oficina de cobros en la cárcel Modelo de Bogotá, que combinó sus intereses criminales internos y externos. Adentro, conformaron una estructura armada para combatir a los guerrilleros presos y controlar las economías criminales. Dicha estructura se usó también en las actividades criminales de las AUC en el exterior, especialmente el cobro de deudas por drogas, y está implicada en la desaparición de 100 personas, muchas de las cuales fueron ingresadas a la cárcel, después de contrariar a las AUC en el exterior, para ser asesinadas, desmembradas y desechadas por el sistema de alcantarillado de la cárcel.⁵⁵

Ejemplos de pandillas carcelarias narcotraficantes se mantienen actualmente en Colombia. Las Bacrim, los grupos sucesores formados luego de la desmovilización de las AUC, siguen operando en las cárceles colombianas, pero no tienen la hegemonía territorial, por así decir, que las AUC ganaron en algunas cárceles. Las estructuras criminales carcelarias tienden a estar conformadas por miembros de una variedad de grupos criminales, como pandillas callejeras, delincuentes comunes y miembros de grupos armados, y las jerarquías se determinan por la combinación de la influencia externa e interna. Sin embargo, el poder de los paramilitares sigue teniendo un peso importante.⁵⁶ Los principales cabecillas y traficantes de estos grupos realizan sus negocios y ejercen influencia en eventos afuera de sus instalaciones de máxima seguridad^,57 pero su estadía en el sistema colombiano suele ser breve debido a la extradición

Pandillas carcelarias mareras

Las pandillas carcelarias mareras son resultado directo, puede decirse, de las políticas de Mano Dura y las deportaciones de Estados Unidos. La población carcelaria en los tres países donde se desarrolló y aplicó la política de Mano Dura  —los países de El Salvador, Guatemala y Honduras, conocidos como el Triángulo Norte— se dispararon en la década de 2000. Esto coincidió con la aplicación de la política estadounidense de deportaciones masivas de exconvictos. Los números hablan por sí solos. Entre 2001 y 2010, Estados Unidos deportó a 129.726 criminales convictos a Centroamérica, de los cuales más del 90 por ciento se dirigió al Triángulo Norte.⁵⁸ El aumento de la actividad pandillera llevó a propuestas legislativas de criminalización de la afiliación a las pandillas. Durante un tiempo, tener un tatuaje bastaba para mandar a alguien a la cárcel.⁵⁹

La afluencia de maras a las prisiones, como resultado de las deportaciones, puso a estos gobiernos en una posición imposible, pues no había un plan correspondiente para ampliar la infraestructura penitenciaria, los servicios de seguridad, los programas de rehabilitación o cualquier otra parte del sistema penitenciario. En primer lugar, no tenían capacidad para recibirlos. En segundo lugar, donde los recibían, quedaban demasiado cerca de sus rivales. En tercer lugar, cuando los separaban, permitían que se reorganizaran.

Debe admitirse que algunos cabecillas de las maras preferían la cárcel. Para decirlo en términos simples, era más seguro para ellos y sus familias, en especial cuando estos gobiernos adoptaron sistemáticamente la medida de separarlos de sus contrapartes. Restablecieron sus jerarquías, sus normas, sus ritos de iniciación y otros aspectos importantes de la vida pandillera.⁶⁰ Las amenazas directas que enfrentaron en el interior reforzaron su espíritu grupal —era, en pocas palabras, cuestión de supervivencia. La cárcel eventualmente adquirió un nuevo significado. Era una forma en la que los miembros más jóvenes podían ascender de rango con mayor rapidez y para los más viejos una oportunidad de pensar estratégicamente y a largo plazo.⁶¹

El encarcelamiento de los cabecillas de las pandillas también llevó a un cambio importante en relación con las economías criminales. Una vez adentro, cambiaban las necesidades de los cabecillas de las pandillas. En términos simples, necesitaban más dinero para pagar abogados, para sus familias, para sus novias, para pagar sobornos y otros gastos imprevistos. Esto requería un cambio en la forma de extorsión de las pandillas. La que fuera en algún tiempo una fuente de ingresos relativamente hiperlocal y por breve tiempo, se volvió más sistemática. El objetivo más común eran los autobuses y taxis colectivos.⁶² Otras empresas distribuidoras seguían en la lista, como los repartidores de gas propano. Finalmente, las pandillas extorsionaban a los negocios locales que disponían de dinero en efectivo, como pequeños talleres, mecánicos y hasta vendedores ambulantes.⁶³

Hay razones para creer que los líderes de las maras también pueden estar sacando provecho de los contactos que hicieron en las prisiones. Estos incluyen miembros de organizaciones narcotraficantes (DTO) de rangos alto y medio. Para los traficantes las pandillas son útiles, en especial en lo que respecta a servicios de sicariato, robo de autos y otros que las pandillas pueden delegar en sus miembros que se encuentran en libertad. Las pandillas también ven la utilidad de alinearse con los DTO, a saber, pueden tomar algunos puntos de distribución al por mayor en zonas urbanas importantes de estos países, parte de lo cual está sucediendo.⁶⁴

El paso de las maras a las cárceles también tuvo impacto en su panorama social y político. Se aliaron más estrechamente con organizaciones que trabajan en las cárceles con reclusos y fuera de la cárcel con familias de los presos.⁶⁵ Algunas de estas organizaciones son de carácter internacional, mientras que otras son religiosas. Todas tienen el potencial de aumentar el capital social de las pandillas en sus comunidades. Las pandillas han usado este capital social para entrar en la política. Han ejercido influencia en las votaciones por lo menos  en uno de los tres países del Triángulo Norte, y es posible que determinaran el resultado de las últimas elecciones presidenciales en El Salvador.⁶⁶

Pandillas carcelarias militares

Los miembros del ejército y la policía privados de la libertad no se asemejan al resto de la población carcelaria. Muchas veces tienen entrenamiento en autodefensa, uso de armas sofisticadas, inteligencia y contrainteligencia. Tienen contactos dentro del sistema, pues alguna vez hicieron parte integral de este. Entienden los vacíos legales  mejor que otros reclusos. Les resulta más fácil comunicarse con los guardias y otros oficiales, pues hablan el mismo lenguaje de las fuerzas de seguridad. Y por lo general corren más peligro, por su anterior oficio y actividades de orden público, que pueden haber incluido la captura de algunos de sus compañeros de prisión.

El resultado es un tipo distinto de organización criminal muchas veces segregada de antemano del resto de la población, y es una de las que menos depende de la fuerza y más de las astutas redes de inteligencia que funcionan en el sistema. Estas redes, en particular, son el centro de lo que vuelve a este tipo de pandilla carcelaria más sutil, más difícil de ver y más difícil de controlar. Es por medio de estas redes que estos reclusos, exmiembros de las fuerzas de seguridad pueden ser situados en espacios más seguros en los recintos carcelarios, de manera permanente o temporal. También pueden aislar o trasladar presos; pueden ejercer cierta influencia en privilegios, como las visitas o el desarrollo de oportunidades de negocio. Y pueden desarrollar sus propias oportunidades de negocio.⁶⁷

También pueden ofrecer seguridad. Usando su experiencia y sus contactos, pueden protegerse a sí mismos y a sus seguidores. Con el tiempo, pueden usurpar el poder a los cabecillas de prisión más abusivos. Y en su apogeo, estos tipos de pandillas carcelarias pueden crear una serie de normas elaboradas y bien socializadas según las cuales se rige todo el establecimiento carcelario. Esto puede incluir la eliminación de ciertos tipos de consumo de drogas, en particular una forma de la cocaína, conocida como bazuco, que es la causa de graves conflictos dentro de las cárceles de toda la región.⁶⁸

El ejemplo más conocido de este tipo de organización fue el tipo establecido por Byron Lima en Guatemala. Durante años, el excapitán del ejército y soldado de las Fuerzas Especiales logró rechazar asaltos de pandilleros y otros rivales, antes de imponer eventualmente el control de buena parte del sistema. Para la época en que su antiguo jefe, (r) el general Otto Pérez Molina, llegó a la presidencia en 2012, el poder de Lima no tenía rival. No solo tenía varios prósperos negocios legales e ilegales dentro y fuera de la prisión, también entraba y salía a voluntad, extorsionaba a narcotraficantes a gran escala por su “seguridad”, y nombraba a quién sería director del sistema penitenciario, entre otros cargos de alto nivel.⁶⁹ El reinado de Lima llegó a un abrupto final en julio de 2016, cuando otro preso poderoso presuntamente lo abaleó y lo mató a él y a otros 13 presos.⁷⁰ Pero este modelo de control de las cárceles —y de cosechar beneficios en el proceso— será sin duda replicado por otros. 

Conclusiones y recomendaciones

Las penitenciarías hacen parte de una historia más larga en América Latina. En toda la región, los gobiernos han adoptado estrategias de línea dura contra el crimen. Esto incluye la implementación de penas más estrictas sobre el consumo de drogas ilegales, así como la distribución de estupefacientes en pequeñas cantidades, encarcelando a más sospechosos y construyendo más cárceles y penitenciarías de máxima seguridad. Entre las medidas legislativas más importantes que impactaron las cárceles estaban las medidas de “Mano Dura” diseñadas contra las pandillas en Centroamérica; las leyes antidrogas como la Ley 1008 de Bolivia; las leyes de segregación en prisiones y la legislación para detención preventiva.

Pero aunque algunas medidas han mejorado temporalmente la seguridad ciudadana y la justicia, otras no; y aunque se ha dado algunos recursos al sistema de justicia, otros no han recibido casi ninguna atención. En general, lo que es totalmente claro es que los gobiernos escasos de recursos en la región no pueden seguir con un número cada vez mayor de criminales acusados y sentenciados.⁷¹ Las condiciones en estos centros hablan por sí solas. Más aún, más que servir como lugares de rehabilitación o en el ofrecimiento de alternativas para jóvenes desobedientes, las cárceles se han vuelto incubadoras para diferentes tipos de grupos criminales.

La realidad es que ninguna parte de la cadena de justicio —desde la policía hasta las prisiones— pueden ser tratadas en un vacío. Sin embargo, hay algunas formas en las que los funcionarios de gobierno y los gobiernos extranjeros puedas mejorar el problema.

Recomendaciones

1. Dar prioridad a la reforma carcelaria. La dura realidad de las prisiones es que padecen agudamente de falta de recursos, en especial considerando la explosión de la población privada de la libertad, sofisticación de los agentes criminales que funcionan desde dentro.

2. Enfoque en las condiciones de reclusión. El dinero asignado a las prisiones debe centrarse menos en la disciplina y en condiciones más humanas en las cárceles. Estas son las que empeoran la proliferación y el control de estas pandillas carcelarias.

3. Implementar un enfoque holístico. Hay una fuerte necesidad de considerar medidas de línea dura para criminales violentos y delincuentes reincidentes, así como la necesidad de separar e implementar programas de rehabilitación para infractores no violentos y por primera vez. Esta es la segregación que se necesita en las cárceles, no una que dependa de la filiación criminal.

4. Desegregar las cárceles que están divididas en líneas de organización criminal. El reconocimiento de facto dado a las pandillas carcelarias por la segregación es un poderoso medio para ayudar a establecer control sobre las cárceles, y una manera de darles el espacio y la seguridad para alcanzar su hegemonía criminal.

5. Enfoque en la separación de presos no violentos y detenidos en prisión preventiva no violentos de los violentos. La segregación puede ser útil, si el enfoque es en mantener a los reclusos divididos más por sus delitos que por la filiación a pandillas.   

6. Enfoque en legislación que ofrezca sentencias alternativas y despenalización de distribución y consumo por poco tiempo de drogas ilícitas. Las leyes de línea dura contra las pandillas y las leyes antidrogas centras en distribuidores y consumidores con poco tiempo de delinquir no funcionan. El tiempo es ahora para buscar un equilibrio más alcanzable entre la seguridad ciudadana y el hacinamiento en las cárceles al punto de que dan a las pandillas criminales un control operativo casi completo sobre ellas.

7. Estudiar las pandillas carcelarias como grupos criminales que funcionan en el exterior. Las pandillas carcelarias entran en tantas formas como las que funcionan en el exterior. Cada una tiene una economía criminal y fases finales levemente distintas, y para que las autoridades las neutralicen, necesitan verse desde esas perspectivas.

Notas al pie

[1] Vea es.InSightCrime.org. Tenemos además una sección dedicada a las prisiones (https://www./indepth/prisiones), donde encontrará cientos de artículos sobre el tema en la región.

[30] El Tiempo, “La extorsión prende la cárcel modelo”, 4 de julio de 2001. Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-431150

[31] El Tiempo, “El aberrante expediente judicial de la cárcel Modelo”, 18 de febrero de 2016. Disponible en: https://www.eltiempo.com/politica/justicia/homicidios-y-desmembramientos-en-carcel-la-modelo/16513194

[32] Clare Ribando Seelke, “Las pandillas en América Central”, el Servicio de Investigación del Congreso, febrero de 2014. Disponible en: https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34112.pdf

[33] Ibid.