SHARETweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn

Pese a que, como se ha señalado, el género organiza todas las esferas de la vida social a partir de una diferenciación jerarquizada entre las funciones tradicionalmente consideradas como masculinas y femeninas, las mujeres han asumido una amplia gama de roles en las economías del crimen organizado —adquiriendo incluso protagonismo y liderazgo en algunos casos— que tienden a pasar desapercibidos dentro de las rúbricas englobantes de “víctima” o “participante pasiva” con la que suele describirse su involucramiento en la ilegalidad.

En esta sección se discutirán los papeles principales que desempeñan las mujeres en el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de migrantes, con miras a identificar el espectro de la actividad criminal de las mujeres en estas economías, desde los roles más subordinados hasta los de mayor categoría, protagonismo y liderazgo.

Narcotráfico

Durante los últimos 30 años, el narcotráfico, particularmente el comercio internacional de cocaína, ha constituido una de las economías ilegales más rentables de América Latina. Es por esto que ha vinculado a miles de habitantes de la región en distintos eslabones de la cadena de producción, transporte y comercialización. En la mayoría de los casos, como se verá a continuación, la división del trabajo entre hombres y mujeres y la asignación de roles a estas últimas evidencian asimetrías de poder derivadas de los arreglos de género. No obstante, hay excepciones importantes que ameritan ser exploradas.

*Esta investigación del Observatorio Colombiano de Crimen Organizado de la Universidad del Rosario y de InSight Crime revela la complejidad de los roles femeninos dentro del crimen organizado y cuestiona la tendencia a presentar a las mujeres exclusivamente como víctimas o, en algunos casos, victimarias. Descargue el informe “Mujeres y crimen organizado en Latinoamérica: más que víctimas o victimarias” aquí.

Las jornaleras, raspachinas o coecheras

Generalmente, el ser jornalera constituye una de las formas de supervivencia para las mujeres en el campo, sobre todo en tiempo de cosecha, cuando cumplen roles de cuidado. En ese tiempo, se contratan hombres para las labores de raspar, y las mujeres son contratadas como servidumbre, aunque algunas son contratadas como raspachinas, como se les llama a quienes recogen las hojas de coca. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), para las mujeres este jornal también implica labores domésticas en la jornada de raspa y luego en su hogar, quedando en sus manos las responsabilidades propias de la economía productiva campesina. De esta forma, la mujer raspachina asume una doble y hasta triple jornada de trabajo.

Cocineras

En el momento del procesamiento químico de la coca en los laboratorios o “cristalizaderos”, las mujeres son vinculadas para preparar los alimentos de los trabajadores, debido a que la mayoría de los cristalizaderos están ubicados en zonas alejadas. Las mujeres que laboran como cocineras de los grandes laboratorios controlados por grupos armados reciben mejor pago, pero también están sujetas a la imposición de normas de conducta y expuestas a los riesgos asociados al control que los actores puedan ejercer y a la movilidad que implica trasladarse hasta los lugares donde están ubicados los laboratorios. Lo anterior ejemplifica el rol de subordinación que representa el ser cocinera en la cadena del narcotráfico.

Finqueras

Las mujeres finqueras, en su mayoría, son las que habitan con su núcleo familiar un terreno en el que se cosecha y prepara el producto. Las finqueras, a diferencia de las raspachinas, son propietarias de la tierra, aunque con distintos niveles de formalidad. Estas mujeres “participan en el cultivo de la coca, administran la raspa, y elaboran el procesamiento inicial de la pasta base, y en algunos casos son quienes venden la pasta base”. Enfrentan lo cotidiano con lo propio de una mujer rural en el país: ejerciendo labores en el ámbito productivo y reproductivo, como parte de economías campesinas familiares. La relación con “su finca” la hace conocedora de cómo se organiza la misma, los momentos de producción, entre otras cuestiones. En el momento de la cosecha, la finquera también puede ser la encargada de coordinar el trabajo de los raspachines, preparar alimentos y pagarles el jornal. Las mujeres finqueras son quienes contratan y hacen los respectivos arreglos económicos.

Mulas

Se trata de “correos humanos” que transportan los estupefacientes de un lado a otro y que constituyen el eslabón más débil o de mayor subordinación dentro de la cadena del narcotráfico. Griselda Blanco, “La madrina de la cocaína”, fue quien desarrolló la figura de las llamadas “mulas” para transportar marihuana y cocaína al mercado estadounidense.

Tanto en el caso de la vinculación de las mujeres como “correos humanos”, como de colaboradoras que cumplen diferentes funciones en el microtráfico en escenarios más urbanos, se ha observado un vínculo estrecho entre la “feminización del narcotráfico” y la “feminización de la pobreza”, consistente en la existencia de vulnerabilidad social y económica, dependencia de sustancias psicoactivas, contar con pareja narcotraficante, pertenecer a una familia cuyo negocio sea la venta de estupefacientes, y concebir esta actividad como un emprendimiento laboral.

Halconas

El término “halconas” o “campaneras” corresponde a las mujeres que se encargan de vigilar las actividades cotidianas de sus zonas y reportar a los mandos más altos del grupo criminal los movimientos, tanto de la población, como de las bandas rivales y las autoridades. En el espectro, el rol de las halconas se ubica dentro de los de subordinación. Usualmente, se trata de personas reclutadas por su capacidad para pasar desapercibidas por las autoridades, pues estas tienden a obviar a las mujeres al momento de hacer patrullajes, y cumplen otras funciones, como cocinar para los demás miembros del grupo.

Quimiqueras

En este eslabón, las mujeres son las encargadas de manipular el proceso químico de cristalización de la pasta de coca. Como ha ocurrido en ciertas industrias que favorecen la mano de obra de mujeres por considerarlas más “delicadas” para asumir determinadas tareas, las quimiqueras son reclutadas por ser vistas como “más precisas”. El ejercicio de este rol las pone en clara ventaja en relación con algunas funciones de varones al interior de la jerarquía. Como lo afirma la FIP, en este rol las mujeres deben tener relación y comunicación con los grupos criminales. De igual forma, las mujeres en este puesto también pueden supervisar la producción de cocaína, mientras que otros realizan el trabajo.

Narcomenudistas

Son cada vez más las mujeres que se insertan en los circuitos de tráfico de estupefacientes como vendedoras al menudeo y transportistas locales —incluyendo al interior de las prisiones—, nacionales e internacionales. Esta modalidad les permite tener acceso a ingresos superiores a los que obtendrían en la economía formal y en la informal legal, aunque también las hace altamente vulnerables a la aplicación de penas altas en caso de ser aprehendidas. Las narcomenudistas tienen un margen potencial de liderazgo, pero son fácilmente reemplazables por las organizaciones criminales y son vulnerables a ser arrestadas y enfrentar severas penas, con impacto casi nulo en el funcionamiento del negocio.

Narcomodelos

Como se mencionó anteriormente, más allá de ser objetivizadas como “trofeo”, estas mujeres cumplen diferentes funciones en la cadena del narcotráfico, que van desde transportar droga hasta actuar como testaferros para lavar el dinero procedente de los negocios ilícitos. Casos como el de Gabriela Fernández, reina de belleza venezolana que fue encarcelada por sus nexos con el narcotraficante colombiano Daniel Barrera, alias “El Loco”, o Martha Lucía Echeverry, esposa de Miguel Rodríguez Orejuela, quien manejaba la agenda y algunas de las propiedades del miembro del Cartel de Cali, ilustran los roles alternos que pueden tener las esposas de los narcotraficantes.

Algunas de estas reinas de belleza y modelos toman el control de las actividades ilegales de sus familiares. Tras la captura de Héctor Beltrán Leyva, líder del Cartel Beltrán Leyva en México, por ejemplo, su esposa fue la encargada de coordinar el negocio del narcotráfico. Clara Elena Laborín, a quien empezaron a conocer como “La Señora”, quedó al mando de las células que su esposo había manejado por años, se encargó de mantener su presencia a pesar de los intentos de los rivales de desplazarla e hizo alianzas con otros grupos de crimen organizado en el país. Por su parte, Angie Sanclemente, comúnmente conocida como la “narcomodelo”, lideró exitosamente una red de narcotráfico y fue acusada de reclutar mujeres bellas para viajar a Europa con cargamentos de cocaína, por los cuales recibían pagos de US$5.000, hasta su captura en Buenos Aires en 2010.

Coordinación logística

Dentro de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, las mujeres también realizan trabajos que requieren un nivel de profesionalización más alto, como llevar las cuentas de las ganancias, organizar la logística de los envíos de droga y encargarse del lavado de dinero. Estos trabajos son vitales para el funcionamiento de los grupos criminales, pues están ubicados en los eslabones más delicados de la cadena, donde se requieren altos grados de confiabilidad y confianza. Por tal razón, las mujeres que desarrollan estas tareas logísticas se ubican en el espectro de roles con más capacidad de liderazgo.

Un ejemplo de esto es el caso de Sandra Ávila Beltrán, conocida como “La Reina del Pacífico”, quien dirigía los envíos de cocaína de Colombia a México, coordinaba las finanzas del Cartel de Sinaloa, establecía nuevas conexiones con posibles compradores o proveedores de estupefacientes, y lavaba el dinero de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes del Cartel de Sinaloa en México.

Tráfico de Migrantes

El tráfico de migrantes es una actividad ilícita que consiste en proporcionar acceso irregular a una o varias personas a un Estado del cual no son nacionales o residentes, a través de vías áreas, marítimas o terrestres. Esto se hace con el fin de obtener un beneficio económico por haber facilitado la entrada al país.

Esta es una de las economías criminales más conocidas en América Latina debido a los grandes flujos de migrantes que cruzan de manera irregular las fronteras entre países. Por su ubicación geográfica, Colombia y Panamá son países de tránsito obligado para algunos grupos de migrantes que buscan llegar a otros países como Estados Unidos. Las rutas atraviesan todo Colombia, desde Ipiales, en la frontera con Ecuador, hasta uno de los puntos de salida más conocidos como Turbo, en la región de Urabá, limítrofe con Panamá, donde el paso se puede hacer en lancha o por la selva del Tapón del Darién. Esta travesía puede costar desde US$7.000 hasta US$20.000, dependiendo del país de origen.

En esta economía ilegal, las mujeres juegan diversos roles dentro del tránsito de migrantes indocumentados por diversos países y fronteras a lo largo de América Latina.

Coordinadoras logísticas

Tal y como funciona en la cadena del narcotráfico, en el tráfico de migrantes también hay mujeres que asumen roles logísticos. Se encargan del hospedaje y la manutención de los migrantes irregulares mientras permanecen en un territorio particular y coordinan las rutas y horarios de salida con quienes se encargan del transporte, generalmente conocidos como “coyotes”. Este es un rol de subordinación.

Ludis María Rivera González, alias “La Madrina”, ejercía este rol dentro de la organización liderada por “Mamá África” en el departamento de Chocó, en Colombia, al igual que una mujer conocida como “La Reina”, encargada del alojamiento de migrantes en situación irregular en Ipiales, departamento de Nariño.

Coyotes

Aunque son pocos los casos registrados, las mujeres también actúan como coyotes en las redes de tráfico de migrantes, encargadas del transporte de las personas de un país a otro, especialmente al momento de cruzar una frontera. Generalmente, los coyotes actúan en manada, es decir, en grupos, para trasladar a las personas.

Líderes

Como “Mamá África” se conoce a la mujer acusada de liderar una red de tráfico de migrantes, quien fue detenida en marzo de 2020 luego del naufragio de una lancha que transportaba 27 personas en las aguas del Chocó. Su red transportaba migrantes provenientes de Congo, Eritrea, Cuba y Haití, entre otros países, hasta Panamá, cobrando entre US$150 y US$350 a cada persona, y aún más si estos querían seguir hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Bajo ese mismo alias es conocida también una mujer nicaragüense, capturada en una operación conjunta entre Panamá y Costa Rica en julio de este año, acusada de liderar una red de tráfico de migrantes que trasladó a aproximadamente 250 personas de Asia, África y el Caribe hacia Europa y Estados Unidos.

Trata de personas

La trata de personas es una de las economías criminales más lucrativas del mundo, y recurre a la captación, traslado y recepción de personas entre o dentro de las fronteras nacionales con la finalidad de explotarlas sexual o laboralmente, así como mediante prácticas de mendicidad, servidumbre y esclavitud, entre otros oficios. Por lo general, la mayoría de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas y niños. Sin embargo, según el Informe Mundial sobre la Trata de Personas de la ONUDD, en el continente americano las mujeres también representan un poco más de un tercio de las personas capturadas por este delito. De allí que resulta importante visualizar los roles de las mujeres que hacen parte de las cadenas de trata de personas en la región.

Reclutadoras

Aparte de las “madames” —identificadas abajo—, existen en las redes de trata de personas mujeres dedicadas exclusivamente a reclutar principalmente mujeres jóvenes. Las formas de reclutamiento utilizadas son diversas e incluyen la oferta de oportunidades laborales o viajes, reclutamiento al interior de los círculos cercanos, y empresas que posan de agencias de modelaje para lograr mayores grados de captación.

Estas mujeres a menudo se encargan de obtener documentos de viaje y “preparar” a las víctimas antes de enviarlas a otros lugares donde eventualmente serán explotadas.

Este último fue el modus operandi utilizado por la colombiana Andrea Vélez, quien dirigía una agencia de modelaje en Ciudad de México que utilizaba para atraer mujeres que luego serían explotadas sexualmente para y por el Cartel de Sinaloa. Otra mujer, conocida como “La Madame del Amazonas” o “La Tigresa” fue acusada de liderar, junto a otras dos personas, una red de trata de personas en la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil. De acuerdo con las autoridades, estaba encargada del transporte de las mujeres y menores de edad desde el municipio de Puerto Nariño, en Colombia, hacia Iquitos y Pucallpa, en Perú, donde eran explotadas.

En otros casos, las mujeres que son víctimas de estas redes deben reclutar más personas para obtener su libertad, asegurando un nuevo ingreso para cubrir su partida. Paradójicamente, algunas de estas víctimas se convierten luego en parte de la cadena de la trata de personas.

Líderes de red

Las líderes de red o “madames”, como se ha denominado a las mujeres que ejercen algún grado de mando o autoridad al interior de las redes de trata de personas con fines de explotación sexual, juegan un rol particular en esta economía criminal. Estas mujeres usualmente ocupan los eslabones intermedios dedicados a labores de reclutamiento y cuidado de las víctimas para sus redes, y de coordinación y mantenimiento de contactos y clientes en sus zonas de influencia.

Sin embargo, en algunos casos llegan a ejercer funciones de liderazgo, convirtiéndose en parte de la red criminal dedicada a la explotación y esclavitud sexual. Tal es el caso de la colombiana Liliana Campos, alias “La Madame”, quien aceptó los cargos por el delito de trata de personas tanto en Colombia como en otros países, y concierto para delinquir. Esta mujer también se encargaba de los trámites burocráticos, así como de mantener la red de contactos y hombres con los cuales las mujeres eran forzadas a tener relaciones sexuales.

Otro ejemplo ilustrativo es el de “Las Viudas Negras” de El Salvador, un grupo de mujeres dedicadas a la trata de personas con fines de matrimonio forzado. Estas mujeres obligaban a otras jóvenes a contraer matrimonio con hombres que eran engañados bajo el supuesto de que ellas tenían la capacidad de vivir de manera legal en Estados Unidos y podrían ayudarles a obtener la residencia. Sin embargo, luego eran asesinados y las líderes del grupo cobraban el dinero de la pensión y seguros de vida de sus víctimas.

Caso 1: La trata de personas en Colombia: entre víctimas y victimarias

Los roles que cumplen las mujeres en el crimen organizado rivalizan constantemente con las concepciones tradicionales asociadas a las mismas y a su agencia al interior de grupos o economías criminales. Más allá de ser víctimas de la criminalidad, las mujeres han llegado al otro lado del espectro, ejerciendo poder sobre otras personas por medio de la violencia y otros mecanismos. La trata de personas con fines de explotación sexual no escapa a dicha complejización de los roles de las mujeres, pues aquí se presentan tanto víctimas, como reclutadoras y lideresas de sus propias redes de trata de personas y explotación sexual comercial.

Como se evidencia en distintos informes y trabajos académicos, en esta modalidad del crimen organizado existe una tendencia a presentar a las mujeres como parte de una dicotomía que moldea su rol: o se es una víctima, como usualmente se asume, o se es una victimaria que se escapa de los estereotipos de género que les son asignados tradicionalmente. Sin embargo, estos roles no son excluyentes y las identidades relacionadas con cada uno se solapan entre sí, creando espacios grises donde las mujeres que son víctimas pueden ser victimarias al mismo tiempo o en escenarios futuros.

El Informe Mundial Sobre Trata de Personas 2012 de la ONUDD señala que el 42 por ciento de las condenas por trata de personas en el continente americano corresponde a mujeres. Dentro de las organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas, el rol de las mujeres ha ido creciendo, particularmente en países de Europa del Este y de la región central de Asia y con un mayor impacto en países de América Central y el Caribe. Por su parte, un reporte elaborado por Europol en 2006 revela que al menos el 57 por ciento de quienes reclutan son mujeres.

En Colombia, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la Nación, entre comienzos de 2018 y octubre de 2019, alrededor de 222 mujeres fueron víctimas de trata. Según cifras del Ministerio del Interior, solo durante 2019 se presentaron 108 casos, un aumento del 74 por ciento con relación a 2013, cuando se presentaron 62 casos.

El aumento en el número de víctimas de trata a nivel nacional tiene que ver con varios fenómenos, entre los cuales se encuentra el incremento de migrantes venezolanas que llegan a Colombia buscando oportunidades económicas y escapando de la crisis humanitaria en su país. La situación en la frontera entre el departamento de Norte de Santander y los estados de Táchira y Zulia es consecuencia de esto, pues, según varios funcionarios de la zona, desde el cierre de la frontera en 2015 han aumentado los casos de trata y tráfico de migrantes a través de los pasos ilegales. Un informe del Observatorio Nacional de Trata de Personas del Ministerio del Interior de 2018 resalta el aumento en los casos de trata de mujeres venezolanas registrados en el país, que pasaron de 2 en 2015 a 5 en 2017. Sin embargo, debido al subregistro, es altamente probable que el número de casos sea mucho mayor.

En los pasos ilegales, conocidos comúnmente como “trochas”, las mujeres se enfrentan a una serie de amenazas, especialmente el reclutamiento forzoso por parte de redes de trata de personas. En los últimos años se ha identificado que en estas zonas los grupos irregulares obligan a mujeres y menores de edad a ser parte de sus filas so pena de dejarlas a merced de bandas criminales. Grupos como Los Urabeños y Los Rastrojos mantienen el control de las redes de prostitución en lugares como Puerto Santander, donde reclutan a menores de edad para explotarlas sexualmente.

Pablo Barrera, asesor jurídico de la Secretaría de Gobierno de Cúcuta y enlace del Comité Municipal de Lucha contra la Trata, asegura que, si bien es imposible cuantificar el número exacto de mujeres que ejercen el trabajo sexual en la ciudad, ya sea de forma voluntaria o forzada, los números han ido en aumento. Algunos funcionarios afirman tener conocimiento de la alarmante cifra de los casos. No obstante, InSight Crime ha podido constatar que estos mismos funcionarios tienen falencias a la hora de registrar la información.

Es en el ejercicio del trabajo sexual donde se encuentran las delgadas líneas entre la trata y la determinación propia. No es posible afirmar que todas las mujeres que ejercen estos trabajos lo hacen forzadas, pues hay mujeres que, desde su propia agencia, toman la decisión de dedicarse a estas actividades para subsistir. De acuerdo con la Asociación de Mujeres Buscando Libertad (ASMUBULI), alrededor de 6.500 mujeres venezolanas que han llegado a Colombia en una situación de vulnerabilidad se dedican al trabajo sexual. En Cúcuta, funcionarios públicos aseguran también que “aproximadamente el 90 por ciento de las mujeres que actualmente ejercen la prostitución […] son venezolanas”.

“Nadie hace esto por gusto, se hace porque toca”. Así habla Cristina, una joven de 24 años que hace varios meses cruzó la frontera entre Venezuela y Colombia escapando de la situación económica de su país y con la esperanza de encontrar un mejor futuro. Luego de su llegada y con el paso de los días, Cristina se quedó sin el dinero que había ahorrado para su viaje y fue entonces cuando esa amiga que la había convencido de viajar le dijo que probara suerte en uno de los bares donde ella trabajaba.

Comenzó vendiendo licor en las noches a los clientes que visitaban el bar, haciendo “fichos”, como popularmente se conoce a esta actividad, pero rápidamente se dio cuenta de que de eso no podía vivir. Fue ahí cuando el dueño del lugar le propuso que comenzara a pasar tiempo con los clientes, que se acostara con ellos por dinero. Aunque se distribuyen por toda la ciudad para no hacerse competencia, Cristina y sus compañeras aseguran que el mejor lugar en la calle para conseguir clientela son los parques, particularmente el Parque Santander, justo en frente de la Alcaldía de Cúcuta.

A primera vista parecería que estas mujeres esperan desapercibidamente a que llegue un cliente a contratar sus servicios, pero observando detalladamente se puede apreciar a los hombres que las vigilan desde las esquinas de los parques. Están ahí para cobrarles por pararse en estos espacios; en otras palabras, están ahí para extorsionarlas y asegurarse de que nadie ajeno a su red ejerza la prostitución en su territorio. Son miembros de bandas criminales que funcionan en Cúcuta y cuyos tentáculos llegan a otras zonas del departamento. Viven de extorsionar a comerciantes y transportadores, pero también a mujeres migrantes como Cristina.

Este caso pone en evidencia la delgada línea entre trata y prostitución que, en ciudades como Cúcuta, se vuelve cada vez más borrosa. La captación de mujeres por medio de oportunidades de trabajo que son ofrecidas por personas conocidas es uno de los modus operandi más comunes en la trata de personas.

Esto se suma a la presión que ejercen los grupos criminales sobre las mujeres que se dedican a esta actividad. Además, es importante profundizar en los roles de las mujeres y desdibujar la barrera que ha separado a las víctimas y victimarias en la trata con fines de explotación sexual. De acuerdo con Rose Brood, en el continente europeo no hay, hasta ahora, un enfoque acertado en la justicia criminal que permita comprender de manera asertiva la participación de mujeres en estas redes. Desde ahí, se ha propagado la idea generalizada de que las mujeres o son víctimas o son victimarias. Lo mismo ha sucedido en Colombia.

A causa del bajo conocimiento que existe sobre los roles que las mujeres cumplen al interior del crimen organizado, también se ha visto afectada la manera en que la justicia criminal se aplica sobre ellas en Colombia. De acuerdo con una investigación realizada por Pontificia Universidad Javeriana, muchas de las infractoras no representan un riesgo para la seguridad ciudadana, específicamente porque hacen parte de los eslabones más débiles de las cadenas criminales.

Además, en general, los sistemas de justicia criminal contemplan mayoritariamente a los hombres como los líderes en este tipo de dinámicas criminales. Esto lleva a ignorar la posibilidad de que las mujeres participen activamente en cargos más altos, puesto que la mayoría de las capturadas están en los eslabones más bajos de la cadena. Como resultado de esto, la atención de casos de trata ha tendido a favorecer la concepción de una “victimización ideal” que presenta a las mujeres como débiles e ingenuas, que necesitan ser rescatadas de estos patriarcas criminales.

Esto conlleva la creencia de que las mujeres agresoras son un caso anómalo que no corresponde al supuesto “natural” de las mujeres en contextos violentos.

Al interior de esta economía criminal aparecen todas las formas que adopta la violencia, tanto la que se ejerce sobre las víctimas de trata como la que ejercen las mujeres que lideran estas redes. En las redes de trata, muchas veces las mujeres actúan como organizadoras: planean estratégicamente, lideran el reclutamiento y la explotación de las víctimas, o tienen control dentro de las finanzas.

En muchos casos, las víctimas se involucran en estas redes, entrando en una zona gris, donde sus roles como víctimas y victimarias se solapan. Durante esta etapa, cuando las mujeres involucradas reciben asistencia inadecuada por parte de las autoridades, existe el riesgo de que sean revictimizadas, puesto que no se reconoce la dualidad de los roles que tuvo la persona al interior de la red de trata, exponiéndolas así a una condena que no toma en cuenta su experiencia como víctimas.

En Colombia existe un ejemplo que ilustra cómo las mujeres cumplen otros papeles en este tipo de dinámicas. Es el caso de Liliana Campos, mejor conocida en Cartagena, departamento de Bolívar, en Colombia, como “La Madame”, lideresa de una estructura de trata de personas para explotación sexual que operó hasta su captura en 2018.

Campos fue considerada como la mayor proxeneta de la ciudad de Cartagena, y la encargada de manejar un corredor sexual en la zona de las playas de la ciudad. Las autoridades la acusaron de explotar alrededor de 250 niñas y mujeres, entre colombianas y venezolanas, quienes eran esclavizadas sexualmente para el beneficio de Campos. Bajo la fachada de una empresa conocida como Cartagena Fantasy Services S.A.S., un supuesto negocio de turismo que tenía entre sus actividades contratar restaurantes, barcos y hoteles para atender a extranjeros, La Madame tenía su red de explotación sexual.

Según la investigación de la Fiscalía General de Colombia, la red de Campos comenzó a tener raíces en los mismos barrios donde ella había vivido. Allí contactaron a niñas y mujeres jóvenes, a quienes les hacían ofrecimientos económicos. Campos las entrenaba para ejercer la prostitución con extranjeros, prometiéndoles a cambio lujos y fiesta.

A sus trabajadoras les pagaba dependiendo de las horas que pasaran con los clientes: US$200 por tres horas, US$300 por 6 horas, US$400 por 12 horas, y una ganancia de US$600 por un servicio VIP de 24 horas. La Madame, por su parte, se quedaba con el triple de lo que ganaban estas mujeres.

El alcance de esta sofisticada red de explotación sexual era transnacional. Desde un exclusivo sector turístico en Cartagena, La Madame forjó su imperio de explotación. Su negocio de servicios sexuales se extendía a lugares como la paradisíaca isla de Las Bahamas, Miami, Panamá y México, entre otros. Por medio de su red, lograba obtener pasaportes para el viaje de las mujeres, e incluso les daba un supuesto auxilio en dólares para la manutención de los primeros días. Sin embargo, luego cobraba sus deudas a cambio de trabajo sexual.

En las redes de trata, la mayoría de las mujeres realizan funciones de captación o reclutamiento de víctimas, lo cual implica generalmente un mayor riesgo de ser capturadas por las autoridades. Sin embargo, otras mujeres, como Campos, se mantienen alejadas mientras lideran sus propias redes.

A simple vista, parecería ser que casos como el de La Madame son atípicos. Sin embargo, de acuerdo con las estadísticas recolectadas por la ONUDD, en el continente americano un poco más de un tercio de las personas condenadas por trata de personas son mujeres.

*Esta investigación del Observatorio Colombiano de Crimen Organizado de la Universidad del Rosario y de InSight Crime revela la complejidad de los roles femeninos dentro del crimen organizado y cuestiona la tendencia a presentar a las mujeres exclusivamente como víctimas o, en algunos casos, victimarias. Descargue el informe “Mujeres y crimen organizado en Latinoamérica: más que víctimas o victimarias” aquí.

SHARETweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn