El programa de conservación de tortugas taricaya, en el norte de Perú, ha logrado poner a salvo a una especie en peligro de extinción, a la vez que protege millones de hectáreas de selva tropical frente a los cazadores furtivos y los madereros. Sin embargo, hay investigadores que sospechan que el programa también pudo haber dado lugar a un multimillonario negocio de tráfico de vida silvestre.
Las imágenes son enternecedoras: miles y miles de diminutas tortugas mancha amarilla, que viven en los ríos y son conocidas como taricaya, salen de sus canastas, se arrastran por playas artificiales y llegan hasta los arroyos de la selva amazónica. Hasta que iniciaron los proyectos de conservación de la taricaya, estas vías fluviales eran despojadas de las pequeñas tortugas y otras especies que eran perseguidas por cazadores furtivos para obtener su carne o sus huevos, según dicen los habitantes de la región. Pero ya la vida vuelve a bullir en sus aguas.
En apariencia, el programa, que les permite a las comunidades locales vender una parte de las tortugas que protegen, ha alcanzado el difícil equilibrio de conservar la selva tropical a la vez que satisface las necesidades de las comunidades afectadas por la pobreza —un equilibrio esencial para garantizar el futuro de la Amazonía a largo plazo—. Millones de tortugas han sido liberadas, en tanto que las comunidades que habitan en la selva han recibido los ingresos y las inversiones que tanto necesitan.
*Este es el cuarto de cuatro capítulos sobre ecotráfico en la región, realizada en asociación con el Centro para Estudios Latinos y sobre Latinoamérica de American University (CLALS). Esta investigación involucró un amplio trabajo de campo en Colombia, Honduras, México y Perú, durante el cual entrevistamos a docenas de funcionarios gubernamentales, miembros de las fuerzas de seguridad, académicos, contrabandistas, terratenientes y residentes locales, entre otros. Lea la serie completa aquí. También puede descargar el PDF completo.
Sin embargo, las enternecedoras imágenes no cuentan toda la historia. La iniciativa está rodeada de acusaciones de ser utilizada como fachada para el tráfico de tortugas, y la exportadora que ha promovido este comercio está siendo investigada por lavado de dinero, después de que las autoridades descubrieron millones de dólares provenientes de China que no estaban registrados en la contabilidad y que fluían a través de sus negocios.
El negocio de las taricayas no es el único que opera bajo la sombra de la presunta criminalidad. El tráfico abunda en las industrias peruanas de pescado tropical y aleta de tiburón, y se sospecha que existe en la exportación de vida silvestre. En un país con profundas influencias del crimen organizado y la corrupción, los intentos de explotación legal y sostenible de la vida silvestre han creado lo que quizá son las redes de tráfico de vida silvestre más lucrativas del país.
Un promisorio programa de conservación
Los programas de conservación de taricaya iniciaron en la década de 1990, cuando diversos grupos de ecologistas comenzaron a organizar las comunidades de la reserva nacional Pacaya Samiria: 20.800 kilómetros cuadrados de selva tropical en el departamento de Loreto, Perú, una de las regiones más biodiversas del planeta.
Los ambientalistas les enseñaron a los habitantes de la selva cómo recoger los huevos de las riberas y transportarlos a playas artificiales donde estaban más seguros, y cómo cuidar los huevos hasta que las tortuguitas salieran del cascarón. Y lo más importante, les mostraron que aquello podría beneficiar no solo al medio ambiente, sino también a las comunidades mismas: la carne y los huevos de taricaya son una parte importante de la dieta local, pero las tortugas habían empezado a escasear debido al exceso de caza.
Los primeros «grupos de manejo», como se les conoce, se conformaron en 1994, pero no fue sino hasta 2004 cuando el Estado aprobó los planes de gestión, que establecían los compromisos de conservación de los grupos y a cambio les permitía vender una proporción de las tortugas de cada temporada. La apertura del comercio a la comercialización llevó al aumento de las labores de conservación, y desde entonces más de tres millones de taricaya han sido liberadas y han regresado a su hábitat.
Actualmente hay 43 grupos de manejo reconocidos oficialmente, los cuales generan casi US$1 millón al año para las 492 familias que trabajan en ellos. El proyecto también se ha extendido a otras áreas de conservación de la región.
Los grupos no solo recogen y protegen los huevos de taricaya, sino que además ponen personas en los puntos de control y realizan patrullajes para proteger las reservas frente a cazadores furtivos y madereros ilegales. A cambio, se les permite vender una parte de los huevos, por lo general entre el 40 y el 60 por ciento
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Para el organismo que trabaja con ellos, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (Sernanp), es un negocio en el que todos ganan.
«Yo conservo dos millones de hectáreas, no solo para Loreto, sino para beneficiar a todo el mundo, y ellos obtienen un beneficio económico para gestionar recursos y prevenir la deforestación», afirma Enrique Neyra, jefe de Sernanp en Pacaya Samiria.
Sin embargo, para que los grupos conservacionistas ganaran dinero con su trabajo, era necesario un eslabón más en la cadena: un mercado. La solución para este problema llegó en forma de distribuidores de mascotas exóticas en Hong Kong.
En 2008, Perú exportó solo 11.832 taricayas, 8.762 de ellas procedentes de las reservas, según los registros del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor); sin embargo, en 2017, la cifra había aumentado a 779.024, de las cuales 633.445 procedían de las reservas.
Casi todas ellas fueron vendidas a Asia, inicialmente a Hong Kong y más tarde a China. Desde Hong Kong se vendían a otras partes del mundo, con registros de exportación que mostraban los envíos desde Hong Kong hacia Kuwait, Japón, Estados Unidos, Indonesia, Corea del Sur, Italia, Filipinas y Malasia.
Quien estuvo al frente de este aumento en las exportaciones fue una mujer, Milagros Ferreyra Ahuanari.
Procedente de una comunidad pobre de la selva, Ferreyra comenzó a trabajar en el comercio de peces exóticos cuando era adolescente, viajando por las comunidades fluviales de Loreto, donde recolectaba peces arowana para venderlos a los acuarios. Hacia 2007 ya había creado su propia empresa de comercio de pescado, MF Tropical Fish, y comenzó a exportar peces arowana y otras especies, principalmente a clientes en Hong Kong.
Dado que percibió una oportunidad en los planes de gestión de las taricayas, convenció a sus contactos en Asia para que le proporcionaran el capital para invertir en el negocio. Fue a las comunidades para hablar con los grupos de gestión, y respaldó su discurso sobre los potenciales de la exportación con adelantos en efectivo e inversiones en las comunidades.
“Nadie se iba a comprometer a comprar nuestras taricayas, ella es la única que quería arriesgarse”, dice William Maldonado, quien creó uno de los primeros grupos de manejo en 1994.
Dice que Ferreyra los convenció porque los entendía.
«He vivido en una de estas comunidades, soy de una de estas comunidades, entiendo sus necesidades», le dijo Ferreyra a los investigadores de InSight Crime durante el trabajo de campo en Loreto en 2019.
También vio una oportunidad para estas comunidades, una oportunidad que ella llama «conservación participativa».
«Lo que estamos haciendo es abrir una puerta para el desarrollo, a la vez conservamos el bosque y los animales», afirma.
Un cuestionable modelo de negocio exitoso
Como el dinero de Asia comenzó a fluir, Loreto experimentó una inusual bonanza tanto para los negocios como para la selva tropical. Sin embargo, había crecientes sospechas de que no todo era como parecía.
A medida que se aprobaban más grupos de manejo, comenzaron a surgir irregularidades en los planes, según cuenta un ambientalista involucrado en los esquemas de conservación cuyo trabajo con grupos de manejo le permitió registrarse como exportador de taricaya. Habló con nuestro equipo bajo condición de anonimato por temor a repercusiones profesionales.
«Han creado planes de gestión en comunidades que ni siquiera tienen cien nidos, pero estos planes son para 5.000 nidos», comenta.
Además, estaba la tasa de mortalidad cercana a cero. No importa qué tan bien se cuiden, en cada temporada hay un porcentaje significativo de taricayas que morirán, pero en los registros no aparece ninguna muerte.
«A todas las que mueren las sustituyen por ilegales», afirma Toni Mori, director de la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de Loreto.
Y también estaban los dos «criaderos» —uno de los cuales fue creado por Ferreyra— donde otros cientos de miles de taricayas han sido criados en cautiverio. Las autoridades locales encargadas de monitorear estos sitios notaron que los registros de nacimiento no encajaban con los patrones normales de la especie.
«Muchas veces la cantidad de nacimientos que estaban registrando no eran verosímiles», dice Dustin Silva, director de ARA durante el anterior gobierno de Loreto, cuyo mandato terminó a finales de 2018. «Ellos dicen que cierta cantidad nació allí, pero ¿Cómo podemos comprobar que nacieron en el criadero?».
La razón, sospechaban, se debía a que los criaderos también se habían convertido en lavanderías donde las tortugas traficadas eran mezcladas en la cadena de suministro legal utilizando certificados de nacimiento falsos.
«Hay una venta de crías a los criaderos, los cuales lavan esta actividad», afirma Silva.
Sin embargo, fue solo cuando la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se interesaron por el comercio de taricayas, que se empezó a hacer una investigación en serio.
Una investigación de la UIF a la que InSight Crime tuvo acceso analiza las exportaciones de taricaya entre 2014 y 2017, de las cuales el 70 por ciento fueron realizadas por dos empresas de Ferreyra, MF Tropical Fish y MF Turtles and Tropical Fish.
Durante dicho periodo, las empresas registraron exportaciones por un valor libre a bordo (Free on Board, FOB) de US$6.179.722, en las que las tortugas taricayas representan más del 70 por ciento del total. Sin embargo, las cuentas de las compañías muestran que recibieron pagos por US$10.305.096 de China, una diferencia de más de US$4.1 millones. Pero, además, las cuentas personales de Ferreyra también muestran transferencias desde China por otros US$2 millones.
Como resultado del informe, las autoridades abrieron una investigación por lavado de dinero contra Ferreyra y congelaron sus cuentas personales y comerciales.
Sin embargo, la fuente de los ingresos no justificados continúa siendo un misterio. Las investigaciones sobre el tráfico de vida silvestre por parte de organismos financieros como la UIF y la Sunat han tropezado repetidamente contra el mismo muro: la falta de información de parte de las autoridades locales encargadas de vigilar este comercio.
Por supuesto que estas son teorías. El ecologista, por ejemplo, cree que dicha diferencia puede explicarse por la brecha entre el número de tortugas declaradas en los formularios de exportación y la cantidad real de taricayas embaladas en los contenedores. Verificar que las cifras coincidan es una tarea casi imposible para los pequeños equipos de funcionarios encargados.
«Hay depósitos a donde llegan tanto las tortugas legales como las ilegales, que es donde deben ser contadas», dice el ambientalista. «Pero se trata de una empresa con más de 300.000 tortugas y uno o dos funcionarios, ¿Quién va a contar todo eso?”.
No solo en el sector exportador seguían apareciendo las alarmas. Cuando iniciaron, las autoridades incautaron cantidades sin precedentes de crías de taricaya: 2.500 en su trayecto hacia el principal centro de tráfico de animales: Pucallpa. Y cientos más fueron rescatadas en ruta hacia la frontera con Ecuador.
Esas cantidades eran mucho más altas de lo que las autoridades habían visto anteriormente. Entre 2013 y 2015, por ejemplo, en Loreto se rescató un total de solo 142 especímenes, según documentos gubernamentales; las autoridades locales dicen que llegaban a realizar incautaciones de como máximo 50 tortugas adultas, o un puñado de crías, pero nunca cientos o miles.
Solo hay una posible fuente para cantidades tan grandes de crías de taricaya, dice el ambientalista: los grupos de manejo.
«Los grupos liberan grandes cantidades de crías, pero estas no se van rápido, permanecen en el mismo lugar durante dos o tres días», cuenta. «Ahí es cuando llegan los mismos grupos, u otras comunidades o miembros de las familias y comienzan a cazarlas de nuevo».
El propietario de la otra incubadora de taricaya, Santiago Alves, también está convencido de que los grupos de manejo están abasteciendo a los traficantes.
«No liberan a ninguna porque las vuelven a atrapar y las venden», dijo a InSight Crime. «Todo es un negocio».
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Alves sostiene que uno de los grupos le ofreció venderle 30.000 huevos, y dice que traficantes de todo el país acuden a las reservas para comprar tortugas.
«Desde aquí, la taricaya se contrabandea por todo Perú, a Lima, a Chiclayo, incluso a otros países», dijo.
Sin embargo, el propio Alves también ha estado bajo sospecha, y algunos expertos de la industria afirman que entre los pescadores se sabe que él compra las tortugas que ellos recogen —acusación que él califica como «pura ficción»—.
Sus críticos, sin embargo, añaden que también tiene una disputa con Ferreryra y el otro exportador principal de taricaya (una empresa llamada Acuatrade), a quien culpa de dejarlo por fuera del mercado de exportación y de bajar los precios de su incubadora.
Alves se queja de que han tomado el control total del mercado y que han monopolizado el suministro de los grupos de manejo.
«No sé cuál es el privilegio que tienen estas personas para ser las que las venden y las sacan de las reservas», expresa.
Ferreyra, por su parte, niega vehementemente cualquier irregularidad.
«No estamos cometiendo ningún delito», dijo a los investigadores de InSight Crime. «Lo único que hago es trabajar con las comunidades para explotar la vida silvestre de manera legal».
Las diferencias en la contabilidad, dice Ferreyra, pueden explicarse por los costos de flete y los anticipos de sus clientes. También rechazó las inquietudes con respecto a los criaderos por el hecho de que el suyo no ha sido inspeccionado desde 2016.
«Si las autoridades sospechan que mi incubadora es una ‘lavandería’, ¿por qué no vienen aquí?», preguntó.
Los investigadores encargados del caso, que hablaron con InSight Crime bajo condición de anonimato, objetaron las afirmaciones de Ferreyra de que los costos de transporte dan cuenta del exceso de dinero, pues afirman que estos costos no deberían ser de más del 10 por ciento del valor del cargamento.
También señalan que sus contactos políticos pueden ser una de las razones por la que sus negocios han evadido los escrutinios hasta hace poco, una opinión que resuena en Iquitos, especialmente después de que dos exfuncionarios responsables de monitorear el negocio de las taricayas se fueron a trabajar a sus empresas.
Sin embargo, para William Maldonado, integrante del grupo de manejo, la investigación es un ejemplo más de un Estado que promueve el tráfico de vida silvestre al crear obstáculos en lugar de oportunidades. Dice que el Estado debería ayudarlos a desarrollar fuentes sostenibles de ingresos que no destruyan la selva tropical, pero que les está poniendo cada vez más barreras a los que trabajan legalmente.
«El Estado nos enseña a trabajar ilegalmente», expresó.
Exportaciones legales sospechosas
Las sospechas sobre el negocio de la taricaya no han salido de la nada. Las empresas involucradas pertenecen a un sector contaminado por el tráfico. La modalidad que utilizan es sin duda la forma más importante de tráfico internacional de vida silvestre en Perú: las exportaciones legales.
Las empresas de comercio de peces ornamentales, que es uno de los sectores de exportación más importantes de Loreto, envió en 2017 cargamentos de pescado por un valor de US$2,7 principalmente a China, Hong Kong y Japón. Sin embargo, entre estas exportaciones se ocultan peces poco comunes y exóticos protegidos por la ley.
Actualmente en Loreto hay 21 empresas con licencia para exportar vida silvestre, y la mayoría de ellas comercian con peces. Muchas ya están en la «lista roja» de la Sunat por haber sido sorprendidas traficando. Entre ellas se encuentran empresas dirigidas por la hermana de Milagros Ferreyra y por los empresarios de Acuatrade. Al menos dos de esas 21 empresas son fachadas creadas exclusivamente para obtener licencias de exportación, que son alquiladas a traficantes, como le dijeron a InSight Crime los investigadores de Loreto, quienes hablaron bajo condición de anonimato.
Los peces provienen del Amazonas y sus afluentes, y muchas de las especies más apetecidas no se extraen en Perú sino en Brasil. Los traficantes viajan hasta la frontera para comprar los peces y traerlos a Iquitos para vendérselos a los acuarios. Algunos son independientes, pero otros trabajan con los anticipos de los acuarios.
«Hay acuarios que pagan por este tráfico», afirma Clara Chuquimbalqui, directora de la Dirección Regional de Producción (Direpro) de la gobernación de Loreto, que supervisa el comercio regional de pescado. «Financian a los traficantes, los ayudan y los apoyan logísticamente».
En los casos de las empresas más grandes, pagan dinero en efectivo directamente a los pescadores y mantienen sus depósitos en lugares clave.
«Les pagan anticipos a los pescadores brasileños», cuenta John Jairo Garnica, un antiguo exportador de peces tropicales que ahora dirige un centro de rescate de vida silvestre. «Ubican a los empleados en sus estaciones de recolección, donde reciben los peces y los empacan. Pagan puestos en los barcos, e incluso pagan aviones hasta otras partes del río Putumayo».
Hay dos formas de tráfico que ejecutan los acuarios: el tráfico de especies prohibidas, y el tráfico de especies controladas extraídas de fuentes ilegales, lo que incluye el movimiento de especies que están protegidas en Colombia y Brasil a través de Perú, donde las restricciones son más laxas. Algunas de las especies más apetecidas les cuestan a los exportadores hasta US$180 por unidad.
Carlos Perea, exfuncionario de Direpro, le contó a InSight Crime que los traficantes empacan contenedores con mucho más pescado del que se les permite exportar utilizando peces de origen ilegal, o mezclan especies ilegales con cargamentos legales. También se confabulan con empleados de las aerolíneas para cambiar las cajas después de las inspecciones, y, en algunos casos, incluso utilizan compartimentos secretos en tanques, que se pueden utilizar para ocultar otras especies prohibidas, como ranas, lagartos o serpientes.
Para garantizar el paso de estos cargamentos, los exportadores recurren a dos características clave de las autoridades locales: la falta de capacidad y la corrupción.
Las inspecciones en las zonas de extracción, en los acuarios y antes del envío son realizadas por el Direpro. Los funcionarios que hacen este trabajo a menudo tienen poco o ningún conocimiento técnico y no poseen la capacidad ni los recursos para llevar a cabo inspecciones completas, dice Perea. A menudo, estos funcionarios están en esos cargos no por su experiencia o sus conocimientos, sino por sus conexiones, y su objetivo no es supervisar el sector de la vida silvestre, sino ganar dinero con los sobornos.
«El trabajo de inspector se les suele asignar a personas que a veces ni siquiera tienen educación o capacitación», continúa Perea. «Desafortunadamente, mucha gente llega a estos puestos no para hacer su trabajo como servidor público, sino para ganar dinero para ellos mismos”.
Los exportadores también gozan de protección política, como afirman numerosas fuentes. Algunos funcionarios responsables de monitorear las exportaciones, quienes hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que han sido presionados políticamente por un congresista de Loreto para facilitar el comercio, después de que la asociación de exportadores locales, encabezada por Milagros Ferreyra, convocara, en junio del 2018, a una conferencia con líderes empresariales, políticos y autoridades ambientales a nivel nacional para discutir el tema de las exportaciones de vida silvestre.
La influencia política de Ferreyra también ha sido cuestionada previamente, después de que un funcionario local responsable de las sentencias que afectaron sus exportaciones de pescado fuera visto conduciendo por Iquitos en un vehículo perteneciente a Ferreyra, según informaron medios locales.
Aunque en los últimos dos años se han presentado dos casos a los fiscales, no se han presentado cargos contra las empresas que han sido sorprendidas realizando exportaciones ilegales, pero en cambio han sido multadas. Hasta ahora, las recompensas siguen siendo más altas que el riesgo.
Hay pruebas de que el comercio de peces y tortugas tropicales no son los únicos negocios de tráfico de vida silvestre que utilizan la fachada de la legalidad en Perú. Hay alarmas en torno a la captura legal de loros para la exportación, la policía ambiental del país dice que ha recibido información de inteligencia sobre criminalidad en el comercio internacional de mariposas, y han surgido investigaciones según las cuales hay empresas peruanas que han estado lavando millones de dólares en aletas de tiburón pescadas ilegalmente mediante las exportaciones aprobadas por el gobierno a Asia.
Y la ilegalidad en el comercio podría estar en aumento. El mercado de exportación de pescado, por ejemplo, estaba registrando tasas de crecimiento impresionantes antes de la pandemia de COVID-19. Al mismo tiempo, los pescadores informaban que la demanda de las especies legales comunes estaba disminuyendo, mientras que el mercado de especies ilegales que se encuentran en Brasil estaba en aumento, según afirma Garnica.
Sin embargo, dicen los funcionarios, la presión para extraer estas especies no surge de los acuarios, sino de quienes están al final de la cadena de suministro.
«Los dueños de los acuarios me dicen que a veces envían especies prohibidas porque sus compradores en Asia y Europa las exigen, y dicen que, si no las envían, los clientes no compran el resto», cuenta Chuquimbalqui. «Los mercados europeos y asiáticos son los instigadores de esto, porque si no exigieran especies prohibidas, nadie las vendería y no habría mercado».
Hoy en día, el boom de la taricaya parece estar declinando. Los precios ya venían bajando antes de la pandemia de COVID-19, lo que dio como resultado nuevas restricciones a la importación por parte de China y la limitación de los viajes aéreos llevó al bloqueo del mercado principal. Los grupos de manejo están tratando de recuperar sus inversiones, por lo que el Sernanp lanzó la campaña «adopte una tortuga» para tratar de compensar el déficit financiero. La investigación sobre Milagros Ferreyra continúa. Pero dado que sus cuentas continúan congeladas, sus negocios han quebrado, como ella misma le dijo a InSight Crime a principios de 2021.
Incluso si el negocio de la taricaya colapsa, quedan sus lecciones sobre el tráfico de vida silvestre en Perú. Mientras los funcionarios están a la caza de los contrabandistas reales, pero relativamente escasos, que el imaginario popular pinta como viajeros con aves metidas en tubos en su equipaje, o con monos drogados atados alrededor del pecho, los principales traficantes internacionales están trabajando con certificados de origen y permisos de exportación.
*Este es el cuarto de cuatro capítulos sobre ecotráfico en la región, realizada en asociación con el Centro para Estudios Latinos y sobre Latinoamérica de American University (CLALS). Esta investigación involucró un amplio trabajo de campo en Colombia, Honduras, México y Perú, durante el cual entrevistamos a docenas de funcionarios gubernamentales, miembros de las fuerzas de seguridad, académicos, contrabandistas, terratenientes y residentes locales, entre otros. Lea la serie completa aquí.
