En Santa Bárbara hay cierta cantidad de incautaciones de narcóticos, y el departamento ha sido territorio de importantes grupos narcotraficantes, como los Valle. Ubicado entre Copán y Cortés —dos importantes ejes de narcotráfico— el departamento es parte esencial de la ruta de tráfico de cocaína que une el Atlántico hondureño con la frontera con Guatemala.
La carretera que conecta a San Pedro Sula con Chiquimula, Guatemala, cruza por el departamento y es utilizada por grupos criminales para transportar marihuana y cocaína. También hay algunos signos de producción de cocaína y marihuana, aunque a pequeña escala.
En Santa Bárbara existe además una prisión de máxima seguridad, conocida como El Pozo, donde hay miembros de las pandillas callejeras Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, y en donde se han utilizado armas de fuego para llevar a cabo asesinatos, incluido el del director de la prisión.
Algunos funcionarios del departamento han sido acusados de narcotráfico y corrupción, entre ellos Mario Pérez, congresista de Santa Bárbara y presunto aliado del convicto narcotraficante Juan Antonio “Tony” Hernández.
Actores criminales
Barrio 18: La pandilla mantiene presencia en el departamento, incluso en la prisión de El Pozo, y participa en actividades como extorsión y microtráfico.
Mara Salvatrucha (MS13): Miembros de la MS13 han sido detenidos por ser sospechosos de extorsión, posesión ilegal de armas, incluidas AK-47, y distribución local de drogas en el departamento de Santa Bárbara. Al igual que ocurre con la pandilla rival Barrio 18, hay miembros de la MS13 encarcelados en la prisión de El Pozo, ubicada en el departamento.
Los Valle: Aunque las autoridades han desmantelado casi todos los grupos narcotraficantes como la familia Valle, todavía hay presencia de organizaciones criminales menos estructuradas, posiblemente remanentes de los Valle, que siguen ejerciendo control sobre las rutas del narcotráfico que pasan por el departamento. Su influencia se extiende a los departamentos de Ocotepeque, Lempira y Copán. En septiembre de 2018, las autoridades incautaron 500 kilogramos de cocaína en Santa Bárbara, las cuales supuestamente pertenecían al Clan Valle.
Economías criminales
Tráfico de armas: En el departamento convergen todo tipo de productos ilícitos, incluidas drogas y armas. La carretera CA-4 pasa por el departamento y conecta a San Pedro Sula con Copán y la frontera con Guatemala. Esta es una ruta clave para el contrabando. Sin embargo, no hay suficientes pruebas que indiquen que existe una economía de tráfico de armas a gran escala. En 2019, las autoridades incautaron 209 armas de fuego en Santa Bárbara, incluyendo armas pequeñas y otras de mayor tamaño, como rifles automáticos.
Cocaína: Todos los cargamentos de cocaína que transitan por el norte de Honduras y son introducidos a Guatemala a través de Copán —un importante eje de narcotráfico— deben pasar primero por Santa Bárbara, lo que la convierte en una economía altamente lucrativa. Sin embargo, las incautaciones son generalmente pequeñas. En 2019, las autoridades hondureñas no incautaron ni 1 kilo de cocaína. El año previo incautaron 500 kilogramos.
Cannabis: Existen algunas evidencias de la producción de marihuana a pequeña escala y del consumo local de la droga. La prisión de El Pozo, ubicada en el departamento, es un foco de consumo de cannabis. Al igual que ocurre con la cocaína, las incautaciones de cannabis han sido moderadas. En 2019, las autoridades de Santa Bárbara erradicaron solamente 12 plantas de cannabis e incautaron solo 10,6 kilogramos de la droga.
Delitos ambientales: En Santa Bárbara no hay evidencia de tráfico ilegal de vida silvestre; sin embargo, en 2019 hubo algunos decomisos de madera, incluyendo especies como caoba, cedro, guanacaste, laurel, pino y quebracho. Los bosques del departamento se encuentran entre los más afectados por la deforestación en Honduras, lo que indica que en Santa Bárbara existe tala ilegal al menos en pequeña escala.
Trata de personas: Hay algunos indicios de que en Santa Bárbara existe trata de personas a pequeña escala. Las redes criminales han reclutado a mujeres y niñas para la explotación sexual tanto dentro como fuera del departamento. Además, este forma parte de una importante vía para el tráfico de migrantes tanto nacionales como extranjeros, que son vulnerables a las redes de trata de personas.
Tráfico de personas: Santa Bárbara tiene una ubicación estratégica como cruce de caminos entre el eje de migración de San Pedro Sula y la frontera con Guatemala. En 2019, alrededor de 5.600 migrantes hondureños regresaron al departamento después de haber sido deportados de Estados Unidos y México, lo que representa solo un porcentaje de los que hicieron el viaje migratorio. Teniendo en cuenta el precio de contratar a un coyote de la zona (aproximadamente US$8.000), esta parece ser una economía lucrativa, que llega a las decenas de millones de dólares.
Recursos minerales: En 2016, las autoridades llevaron a cabo una serie de operaciones en Santa Bárbara, con el objetivo de investigar la extracción ilegal de oro en los ríos Bobo, Chiquila y Tarros. Esto permitió realizar múltiples incautaciones de equipos mineros, como excavadoras, instrumentos para extraer oro y bombas de extracción. Por lo tanto, estimamos que en el departamento existe, cuando menos, una pequeña economía criminal dedicada a la extracción y comercialización de oro.
Extorsión: En Santa Bárbara hay muy pocos reportes de extorsión, pero algunos comerciantes y trabajadores del transporte han sido blanco de extorsión por parte de miembros de la MS13. Un exgobernador y un exjuez municipal del municipio de San Luis también fueron blanco de redes de extorsión en el departamento. Al parecer, las redes de extorsión son manejadas desde las cárceles, específicamente desde la prisión de El Pozo. Esto incluye a miembros de Barrio 18.
Fuentes: Este perfil se construyó con base en una visita a Tegucigalpa y diversas visitas a departamentos vecinos de Santa Bárbara, como Cortés, Copán, Lempira e Intibucá. InSight Crime entrevistó a representantes de la Fiscalía General, representantes de la Misión contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), oficiales del ejército, policías del nivel nacional y local, funcionarios de migración, activistas de derechos humanos y periodistas locales, la mayoría de los cuales solicitaron que se mantuviera su anonimato. InSight Crime también utilizó información proporcionada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la Policía Nacional de Honduras, el Instituto Nacional de Estadística de Honduras y prensa local.