Funcionarios y particulares cercanos al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, están vinculados a un esquema masivo de blanqueo de dinero proveniente de la petrolera estatal venezolana PDVSA, según un reporte recién publicado por el tanque de pensamiento IBI consultants en Washington, DC.
El reporte indica que Bukele y su entorno recibieron, a título personal o a través de empresas relacionadas con el consorcio Alba Petróleos, hasta US$2 millones en conceptos de préstamos, y que ese dinero era parte de un esquema masivo de lavado de dinero que se ejecutó en Venezuela, El Salvador, Estados Unidos y Panamá, entre otros países.
Varias subsidiarias de PDVSA, entre ellas Alba Petróleos, fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en marzo de 2019 por la sospecha de que están involucradas en “confabulaciones para malversar miles de millones de dólares”, la misma razón por la que el Departamento del Tesoro sancionó a PDVSA.
El informe de IBI asegura, además, que el gobierno de Bukele aún mantiene vínculos con José Luis Merino, un excomandante guerrillero salvadoreño que también fue viceministro de Exteriores durante el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), y a quien el congreso estadounidense ha pedido sancionar por “asocios de larga data con redes de crimen organizado que son sujetos de investigaciones criminales en Estados Unidos”.
Merino fue uno de los hombres fuertes de Alba Petróleos y quien lo administró, directamente o través de prestanombres, desde su fundación.
Alba Petróleos es un consorcio de varias empresas fundado en 2006 en El Salvador y financiado casi en su totalidad con dólares provenientes del petróleo venezolano. En el papel, las compañías estaban dedicadas a proveer servicios en rubros tan dispares como la aviación, las finanzas o el desarrollo agrícola, y, de acuerdo con informes del gobierno salvadoreño, llegaron a producir hasta mil millones de dólares en una década.
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De acuerdo con el reporte de IBI, que está basado en documentos financieros oficiales y entrevistas recopilados en varios países de la región, la forma en que Alba Petróleos manejó ese dinero es, cuando menos, opaca.
“Alba Petróleos (es) una enorme maquinaria de dinero que entre 2007 y 2017 hizo desaparecer mil millones de dólares a través de compañías ‘offshore’ y fraudes”, dice el reporte de IBI consultants.
El informe agrega: “El hecho de que Bukele y compañías de su familia hayan tomado US$2 millones de Alba Petróleos cuando mostraba ganancias distorsionadas e irracionales hace cuestionar la intención del presidente de investigar a quien le prestó el dinero”.
Ya a pocos meses de que Bukele asumió como presidente de El Salvador, otras investigaciones habían establecido que el político y su entorno recibieron dinero de Alba Petróleos. La fiscalía general de El Salvador allanó en mayo de 2019 al menos 23 empresas del consorcio Alba Petróleos en el marco de una investigación por lavado de dinero que aún está abierta. Entre las empresas allanadas está Inverval S.A. de C.V., de la que Bukele recibió al menos US$1.9 millones a título personal.
InSight Crime preguntó a la fiscalía salvadoreña por el estado de esas investigaciones. Una vocera se limitó a decir que la ley contra el lavado de dinero les impide adelantar información.
El reporte de IBI va más allá de la relación financiera entre Bukele y varios de sus funcionarios con Alba Petróleos y Merino. Según el informe, Merino sigue teniendo influencia política en la administración Bukele, sobre todo a través de Erick Vega, un asesor del presidente salvadoreño a quien las investigaciones de IBI ubican como uno de los principales intermediarios entre Alba Petróleos e inversionistas de dudosa procedencia relacionados con PDVSA, incluidos algunos de origen ruso. InSight Crime intentó contactar a Vega; tampoco hubo respuesta.
Ni Bukele ni su gobierno han respondido de forma específica a los señalamientos, de los que se han hecho eco periódicos salvadoreños y medios internacionales. El único comentario lo hizo Conan Castro, secretario jurídico de la presidencia, quien negó vínculos del gobierno con Merino durante una entrevista televisiva.
Análisis de InSight Crime
El nuevo reporte sobre las posibles conexiones entre el gobierno salvadoreño y el lavado de dinero asociado a la petrolera estatal venezolana añade nuevas preguntas sobre el presidente Nayib Bukele, quien sigue siendo muy popular en su país.
Bukele debe de sumar estos cuestionamientos a otras preguntas provocadas por señalamientos sobre sus tendencias autoritarias, la presunta corrupción de sus funcionarios durante la pandemia, posibles tratos con la pandilla MS13 a cambio de apoyo electoral y llamados de atención por irrespeto a la libertad de expresión, entre otros.
Hasta ahora, la mayoría de esos cuestionamientos tenían que ver sobre todo con asuntos políticos internos de El Salvador, pero este nuevo reporte arroja ya la posibilidad de que estructuras con vínculos criminales tengan influencia en el gobierno de Bukele.
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Las acciones de Merino, Vega y Alba Petróleos, que siguen siendo investigadas en Estados Unidos, Venezuela y El Salvador, según confirmaron agentes de los tres países a InSight Crime, iniciaron con operaciones de movimientos millonarios en suelo salvadoreño a través de tratos inusuales en el sector de bienes raíces. En 2006, por ejemplo, una mujer venezolana que se registró en El Salvador como propietaria de PDV Caribe -una de las empresas fachadas relacionadas con Alba Petróleos- compró dos terrenos por US$84.2 millones, un precio totalmente inusual en el mercado local, según un analista financiero que trabajó en la fiscalía salvadoreña y quien habló con InSight Crime bajo condición de anonimato.
De acuerdo con fuentes de la Unidad de Inteligencia Financiera de Panamá consultadas por Douglas Farah, autor del reporte de IBI, los millones de Alba Petróleos fluyeron hacia cuentas bancarias en Panamá, Suiza, Gibraltar, Luxemburgo y Rusia. Uno de los auditores panameños explicó que Alba Petróleos maquillaba esos envíos haciéndolos pasar por deudas adquiridas por compañías panameñas y corporaciones basadas en Miami.
Vega y Merino, de acuerdo con la investigación, también participaron en un intento por asegurar transacciones por varios millones de dólares con un banco ruso. La operación no se concretó, pero, según Farah, “los rusos ofrecieron una forma de lavar dinero que no podía ser rastreada y que se realizaría más allá del alcance de posibles sanciones de Estados Unidos o de la Unión Europea”.
“Creo que debería de haber una preocupación seria por la profunda participación, en niveles altos de la administración Bukele, de personas que están ligadas directamente a José Luis Merino y Alba Petróleos… No se puede dirigir un gobierno limpio y transparente cuando individuos ligados a esos grupos están en posiciones prominentes del gobierno”, dijo Farah a InSight Crime.
*Este artículo fue escrito con información de Alex Papadovassilakis.
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