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ANÁLISIS

EE. UU. sanciona a filiales de PDVSA en Centroamérica

EL SALVADOR / 12 MAR 2019 POR HÉCTOR SILVA ÁVALOS ES

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos extendió las sanciones económicas impuestas a PDVSA, la petrolera estatal venezolana, a dos de sus filiales en Centroamérica, sumando presión a algunos de los aliados más incondicionales del régimen de Nicolás Maduro en el exterior.

Un vocero del Departamento del Tesoro en Washington confirmó a InSight Crime, el 5 de marzo, las sanciones contra la salvadoreña Alba Petróleos y la nicaragüense Albanisa, filiales de PDVSA controladas por los partidos gobernantes en ambos países.

“Como resultado de nuestra designación de PDVSA, nuestras sanciones también aplican a cualquier entidad en la que PDVSA tenga propiedad, de forma directa o indirecta, del 50 por ciento o más”, dijo el vocero.

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El 28 de enero, la oficina de control de activos extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a PDVSA porque “la empresa petrolera estatal… ha sido durante mucho tiempo un vehículo para la corrupción. Se han diseñado una variedad de confabulaciones para malversar miles de millones de dólares… para beneficio personal de funcionarios y empresarios venezolanos corruptos”.

Documentos oficiales de la petrolera venezolana establecen que PDV Caribe, una de las subsidiarias de PDVSA, es dueña del 60 por ciento de Alba Petróleos, el conglomerado público-privado fundado en 2006 en El Salvador bajo el amparo político del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

En Nicaragua, PDVSA es dueña del 51 por ciento del total de Alba de Nicaragua (Albanisa), y municipalidades controladas por el régimen de Daniel Ortega son propietarias del restante 49 por ciento, según una investigación de la plataforma periodística Connectas y documentos oficiales a los que InSight tuvo acceso.

Las sanciones implican, entre otras cosas, que ninguna persona o compañía estadounidense puede realizar transacciones comerciales o de otra índole con las empresas ni venderles bienes, servicios o tecnología.

PDVSA ha estado desde hace poco más de una década en el centro de una serie de escándalos de corrupción a nivel regional y acusaciones de lavado de dinero.

Análisis de InSight Crime

Las sanciones recientes a Alba Petróleos y Albanisa vuelven a poner el reflector sobre los socios centroamericanos del régimen de Nicolás Maduro y pone, además, presión internacional a grupos de poder y funcionarios salvadoreños y nicaragüenses que se han beneficiado de los blindajes políticos que tienen en sus países.

En el caso de Alba Petróleos, el conglomerado estuvo desde su fundación a cargo de José Luis Merino, alias “Ramiro Vásquez”, un excomandante guerrillero del FMLN reconvertido en diputado y funcionario durante sucesivos gobiernos en El Salvador.

Desde la década pasada, Merino ha estado en la mira de diversas agencias estadounidenses, y su nombre incluso aparece mencionado en un expediente abierto por la Fiscalía salvadoreña por supuesto tráfico de armas. Merino, sin embargo, es depositario de fuero e inmunidad en El Salvador gracias a que el actual presidente, Salvador Sánchez Cerén, lo nombró viceministro de asuntos internacionales en 2016.

En 2017, 14 congresistas estadounidenses pidieron a la administración Trump que investigara a Merino por “asocios de larga data con redes de crimen organizado que son sujetos de investigaciones criminales en Estados Unidos”. En marzo de 2018, autoridades estadounidenses retuvieron a Fred Merino, hermano de José Luis, en el aeropuerto internacional de Houston en relación con investigaciones abiertas al líder del FMLN. Fred Merino fue, desde su fundación, uno de los hombres fuertes de Alba Petróleos.

El petróleo venezolano y las ganancias que produjo a Alba Petróleos también sirvieron para financiar campañas electorales del FMLN, según confirmó en enero pasado en San Salvador un asesor cercano al candidato presidencial de ese partido para las elecciones del 3 de febrero.

Uno de los primeros directivos de Alba Petróleos fue Asdrúbal Chávez Jiménez, primo del difunto Hugo Chávez y directivo de PDVSA desde 2004. Nicolás Maduro lo nombró ministro de Petróleo y Minería en 2014, año en que según una investigación abierta por fiscales federales estadounidenses se desviaron 1.2 billones de dólares desde la petrolera estatal venezolana a cuentas personales del funcionarios del régimen de Maduro.

En Nicaragua, de acuerdo la investigación de Connectas, Albanisa fue uno de los principales frentes financieros del régimen de Daniel Ortega, quien utilizó el dinero venezolano para alimentar los programas de asistencia social y las alianzas políticas que lo han mantenido en el poder.

En julio del año pasado, el Tesoro sancionó a Francisco López Centeno, vicepresidente de Albanisa y uno de los hombres más cercanos a Daniel Ortega. Según el acta de sanciones impuestas a López, este funcionario “pariticipó en… corrupción, incluida la malversación de viene estatales, la expropiación de bienes privados para ganancia personal y.. sobornos.”

En la práctica, las sanciones estadounidenses tendrán consecuencias dispares en los casos de Alba Petróleos y Albanisa.

En El Salvador, el gobierno del FMLN termina el próximo primero de junio y la petrolera local está casi en la quiebra, por lo que las principales repercusiones a funcionarios relacionados con el petróleo venezolano podrían ser persecuciones penales por corrupción.

En Nicaragua, la sequía financiera de Albanisa y las sanciones a esta filial de PDVSA parecen estrechar el cerco alrededor del gobierno de Daniel Ortega, que está bajo la tormenta desde el año pasado por la represión desatada contra sus ciudadanos. Ortega, sin embargo, ha sobrevivido varias veces a sanciones y castigos llegados desde Washington.

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