Denuncias de fracaso en lucha anticorrupción tambalean segundo mandato de presidente de Honduras

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Las nuevas denuncias sobre corrupción, impunidad y vínculos con el crimen organizado que han surgido en vísperas de la toma de posesión del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ponen en duda sus supuestos logros en materia de seguridad y generan preocupación en torno al próximo mandato del presidente, quien se esfuerza por ganar legitimidad.

Hernández tomará posesión para su segundo mandato este 27 de enero, pero, dado que su administración ha estado cuestionada tras unas elecciones bastante reñidas, con acusaciones de fraude electoral y fuertes represiones a las protestas populares, su credibilidad se ha visto aún más afectada por los eventos recientes, que empañan dos de los programas más aplaudidos durante su primer mandato: la lucha contra la corrupción en la policía y en la política.

El evento más grave se conoció el 26 de enero, cuando AP publicó acusaciones según las cuales el general José David Aguilar Morán, que fue nombrado recientemente como director de la policía de Honduras, había ayudado a Wilter Blanco, un capo de la droga actualmente capturado, a transportar cocaína por un valor de varios millones de dólares por todo el país.

Con base en un informe confidencial del inspector general del Ministerio de Seguridad de Honduras, AP describió las acusaciones según las cuales Aguilar intervino cuando una patrulla de la policía turística local incautó un camión cisterna que transportaba más de 700 kilos de cocaína, y arrestó al director de la policía regional cuando éste amenazó con que serían despedidos por apoderarse de la droga. Según el informe, el oficial arrestado llamó a Aguilar, que por entonces era el director de inteligencia policial, quien exigió que se liberara al funcionario, así como al camión cisterna.

El informe señala que Aguilar impidió que el caso fuera enviado a los fiscales o a la embajada de Estados Unidos, “con el fin de que el caso expirara”.

El informe también indica que Wilter Blanco, quien cumple actualmente una condena de 20 años de prisión en Estados Unidos, sostuvo reuniones con altos funcionarios de la policía para entregarles miles de dólares en sobornos; entre ellos se encontraba Aguilar (el nuevo inspector general de la policía nacional), así como Orlin Javier Cerrato Cruz y Orbin Alexis Galo Maldonado, quien recientemente fue nombrado como el segundo al mando de la policía junto a Aguilar.

Antes de la publicación del informe, AP contactó al Gobierno de Honduras, indagando sobre las acusaciones, y recibió una declaración en la que se sostiene que el informe es falso y que dichas acusaciones “carecen de veracidad”.

Sin embargo, AP señala que cuatro altos miembros de la policía, tanto activos como retirados, confirmaron algunos aspectos del informe, y que tuvo acceso a comunicados internos y a una página del archivo personal de Aguilar que confirma los hechos.

Tras la publicación del artículo, la Comisión para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional (una instancia creada por Congreso y avalada por gobierno para reformar y combatir la corrupción en la policía) emitió un comunicado en el que señalan que ricibieron una llamada del periodista de AP el 15 de enero, pero el número del informe que el periodista proporcionó del caso era incorrecto. Agrega que, debido al informe, Aguilar, Galo y Cerrato serían sometidos a una nueva evaluación.

AP habló además con la dirigente política María Luisa Borjas, miembro de la oposición que anteriormente dirigía la división de asuntos internos de la policía, quien confirmó la autenticidad del informe. Según Borjas, el caso es un indicador del fracaso de las tan aclamadas reformas policiales de la administración Hernández para erradicar la corrupción.

“El trabajo que hizo la comisión de saneamiento de la policía no tuvo ninguna utilidad, fue todo un fracaso”, le dijo a AP. “Se trató más bien de una manera oficial de proteger a las personas que han estado vinculadas al narcotráfico”.

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Otro caso reciente, que se suma a la creciente lista de denuncias de corrupción e impunidad en Honduras, señala que una ley que fue aprobada el 24 de enero por el Congreso podría socavar por completo el otro supuesto logro del primer mandato de Hernández: la conformación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

La reforma recientemente aprobada le transfiere al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) el poder para realizar auditorías e investigaciones especiales relacionadas con la gestión de fondos públicos, poder que antes le correspondía a la MACCIH y a la Fiscalía de Honduras.

La nueva ley aplica de manera retroactiva a cualquier caso relevante desde 2006, y ordena suspender todos los procedimientos civiles o penales contra quienes estén siendo investigados mientras dure la auditoría del TSC, un período que puede ser de hasta tres años.

Básicamente, esta medida elimina las investigaciones de la MACCIH, dado que los investigadores ya no tendrán acceso a la información financiera relevante hasta que las auditorías finalicen, lo cual ocurrirá probablemente un año después de que termine el mandato de MACCIH en 2020.

En una rueda de prensa, el portavoz de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, señaló que la Ley de Presupuesto es un “pacto de impunidad” y una “grave interferencia a la autonomía del Poder Judicial y la Fiscalía”.

El Congreso rechazó vehementemente los alegatos de Jiménez, y sostuvo que la nueva ley fue aprobada con el fin de promover la transparencia y la rendición de cuentas.

Sin embargo, pocas horas después de que Jiménez expresara sus críticas contra la ley, los temores de la MACCIH comenzaron a hacerse realidad, pues la Corte Suprema de Honduras transfirió a la TSC un caso de malversación que implica a más de 60 funcionarios del Gobierno, tanto activos como retirados, entre los que se encuentra el presidente del Congreso, y les retiró la custodia gubernamental a cinco legisladores que permanecían retenidos en relación con el caso.

Análisis de InSight Crime

A pesar de sus vínculos con el golpe de Estado del año 2009, con el que se derrocó al presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y de las denuncias de vínculos con el crimen organizado, Hernández alardeó durante su primer mandato de algunos logros importantes en el país, como son la lucha contra el crimen y la corrupción.

Durante su administración, las altas tasas de homicidio del país disminuyeron en más del 40 por ciento, las pandillas recibieron duros golpes, y se desmantelaron algunas de las más poderosas redes de narcotráfico del país.

Estos logros permitieron consolidar el apoyo internacional con el que contó Hernández, especialmente de Estados Unidos, que le ha ayudado a enfrentar la avalancha de protestas y las acusaciones de fraude tras su polémica reelección.

Sin embargo, las promesas de una mejora estable no radican en la extradición de los capos de la droga ni en las fluctuantes estadísticas sobre la violencia, sino en la erradicación de la corrupción que ha permeado a las instituciones estatales de Honduras y ha facilitado la propagación del crimen organizado.

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La reforma policial y la conformación de la MACCIH fueron algunos de los aspectos más importantes del plan de Hernández para lograr dichas mejoras, y ambas estrategias alimentaron la esperanza de que finalmente se pudiera hacer frente a algunos de los problemas más nocivos y complejos de Honduras.

Sin embargo, parecería ingenuo mantener dicha esperanza en este momento, cuando aparentemente hay un general en la nómina de los narcotraficantes, quien está al frente de una policía supuestamente reformada, y cuando la MACCIH ha quedado inoperante debido a las acciones de una desafiante élite decidida a proteger sus intereses particulares.

Si bien es de esperar que el segundo mandato de Hernández no represente un retorno a la violencia y el caos de los años anteriores, son lejanas las perspectivas de un futuro más estable para Honduras, como un país con instituciones más fuertes, que haga frente a la corrupción y que debilite al crimen organizado.

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