El caos vuelve a asomarse en Honduras a una semana de la disputada elección presidencial que aún no arroja ganador. El escenario más probable en este país centroamericano incluye marchas, más represión de parte de los cuerpos de seguridad contra manifestantes y muchos cuestionamientos a la legitimidad de la reelección de Juan Orlando Hernández, de oficializarse su triunfo.
En las calles, en Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras ciudades esto puede parecerse, con matices, a los meses caóticos que siguieron al golpe de Estado que sacó del poder al presidente Manuel Zelaya en 2009.
Los señalamientos de un posible fraude empezaron desde antes del domingo 26 de noviembre, fecha de la elección. Una investigación de The Economist reveló un audio en que miembros del Partido Nacional de presidente Juan Orlando Hernández, candidato a la reelección y quien lleva ventaja en el conteo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), hablaban de un supuesto plan alternativo en caso de no ganar la elección.
Y luego vino el conteo. Horas después del cierre de urnas, con 57 por ciento de las actas contadas, el TSE daba una ventaja de poco más de 5 puntos porcentuales a Salvador Nasralla, candidato de la oposición acuerpado por el expresidente Manuel Zelaya.
Pero tras dos fallas en el sistema de transmisión de datos, el TSE daba la ventaja a Hernández, algo que provocó dudas incluso a un funcionario responsable del conteo, según reportó El Faro de El Salvador.
Nasralla y Zelaya llamaron a manifestaciones en defensa de sus votos. Hubo enfrentamiento, caos y al menos una joven muerta. El presidente Hernández respondió con un toque de queda de 12 horas. Las escenas esparcidas por redes sociales recordaban los días posteriores al golpe de 2009, marcados también por las marchas y la represión.
Los académicos Eric Hershberg y Fulton Armstrong de American University, en Washington, creen que “las irregularidades en el conteo y la dura supresión de la oposición envenenarán el discurso político e impedirán el progreso democrático durante muchos años en el futuro”.
Al escenario caótico se sumó el anuncio de rebelión de un grupo élite de la policía hondureña, que se replegó a sus cuarteles y no se prestó a la “represión del pueblo” la noche del lunes 4 de diciembre, según reportes de prensa. Un claro golpe para Hernández, cuyas relaciones con la policía no son las mejores tras un proceso de depuración que Nasralla asomó revertir. El candidato opositor ofreció, de ganar, restituir a muchos de los oficiales despedidos por señalamientos de corrupción.
La división en la fuerza pública hondureña y la huelga temporal de los grupos elites de la policía pueden ser también un factor de desestabilización una vez el nuevo gobierno tome posesión. Sobre la lealtad de la Fuerza Armada, otro de los principales grupos de poder en el país, queda el suspenso de saber si mantienen el apoyo al presidente Hernández, quien logró una alianza efectiva con los militares gracias a aumentos salariales y de presupuesto.
Por otro lado, la respuesta de la comunidad internacional fue como el conteo de votos: irregular. Durante poco menos de una semana los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) guardaron silencio. Sin embargo, el lunes 4 de diciembre, en un comunicado y en una conferencia de prensa, la OEA habló claramente de irregularidades.
“El estrecho margen de los resultados, así como las irregularidades, errores y problemas sistémicos que han rodeado esta elección no permiten… tener certeza sobre los resultados”, dijo la OEA.
La posición de Estados Unidos, que tiene en Juan Orlando Hernández a su principal aliado en el problemático Triángulo Norte de Centroamérica, ha sido tibia. Desde su cuenta de Twitter, la encargada de negocios de Washington en Tegucigalpa, Heide Fulton, felicitó al TSE por seguir un proceso “ordenado”, algo que contrasta con lo dicho por la OEA. En medio de la crisis electoral, el Departamento de Estado de EEUU certificó a Honduras en materia de derechos humanos y corrupción, un paso clave para permitir que el país reciba millones de dólares en ayuda externa de Estados Unidos.
Análisis de InSight Crime
Caos. Es un escenario que Honduras aún recuerda de los días de 2009. Y, como hace ocho años, cuando el golpe, en el panorama actual se repiten las condiciones de descontrol político que afianzaron la connivencia del Estado con el crimen organizado. Este contexto posibilitó que, en la última década, el país viera florecer a grupos de transportistas de droga como Los Cachiros y que su territorio se convirtiera en uno de los principales corredores de cocaína del continente.
Entre 2008 y 2011, según documentos del Departamento de Estado a los que InSight Crime tuvo acceso, los vuelos sospechosos de transportar droga entre Venezuela y Honduras se multiplicaron: en 2009 por Honduras pasaron 239.000 de los 622.000 kilos de cocaína que ese año atravesaron el corredor centroamericano. La reapertura del corredor hondureño ocurrió durante la administración de Zelaya, quien al ser depuesto contó con la protección y el apoyo de Hugo Chávez, y su sucesor Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela.
Luego, en la presidencia de Porfirio Lobo, sucesor de Zelaya y colega de partido de Hernández, nuevos grupos de narcotraficantes se afianzaron en Honduras.
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El candidato que termine ganando la presidencia de Honduras dirigirá un país marcado por la violencia, la impunidad e intentos de reformas institucionales que no acaban de despegar. El nuevo presidente, quien quiera que sea, iniciará con un mandato débil debido al caos electoral y a la polarización del sistema político.
Una de las primeras consecuencias de esto último puede ser, como ha dicho InSight Crime, que el futuro mandatario ceda a la tentación de acudir a medidas cosméticas de “mano dura” para dar apariencia de control. Aunque en el lado positivo de la ecuación está la reducción en los índices de homicidios, que ha sido constante desde 2012.
Nasralla o Hernández, no obstante, tendrán que enfrentar dudas respecto a sus respectivas relaciones, y a los vínculos de los grupos que los apoyan con el crimen organizado.
A Nasralla le perseguirá la sombra que existe en torno a Zelaya, su principal valedor político. El entorno del expresidente Zelaya ha sido cuestionado por posibles vínculos con el narcotráfico. Los señalamientos incluyen a su hermano Carlos, de quien el narcotraficante Devis Leonel Rivera, de la banda Los Cachiros, dijo en una corte en Nueva York que utilizaba pistas clandestinas para traficar cocaína (Carlos Zelaya, candidato a diputado por el Partido Libre, lo ha negado).
También quedará abierta la posibilidad de que el gobierno de la Alianza de Oposición reestablezca los viejos vínculos con el gobierno de Venezuela, cuyos líderes han sido frecuentemente señalado en informes internacionales por sus nexos con el tráfico de drogas.
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Incluso el propio Nasralla ya defendió públicamente al gobierno de Maduro, en una polémica entrevista de televisión. Dijo que los medios de comunicación magnificaban la situación en Venezuela y presentaban a Nicolás Maduro como si fuera un ogro.
Desde Venezuela, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro también han alzado la voz en defensa de los intereses su viejo socio, Manuel Zelaya.
Sobre Hernández también pesan varias dudas. Aliado de Washington desde que era presidente del Congreso hondureño tras el golpe de estado que depuso a Zelaya, logró reformar la Constitución para abrir su camino a su reelección, algo que, irónicamente, había sido el principal argumento de los golpistas que quitaron a Manuel Zelaya en 2009.
De a poco, Hernández logró ubicar a sus aliados políticos en puestos claves del aparato hondureño, incluidos la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral.
Hernández también se convirtió en aliado de Washington durante las administraciones de Barack Obama y de Donald Trump y, de hecho, es el referente del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, que también incluye a El Salvador y Guatemala, en los diálogos para afianzar cooperación del congreso estadounidense para la región.
El asesinato de la activista Berta Cáceres en 2016 fue la principal piedra en el zapato de Hernández: en Washington siempre hubo voces que cuestionaron el compromiso del presidente por llegar hasta los autores intelectuales del crimen contra Cáceres, una de las ambientalistas más respetadas de Honduras.
Otras dudas han surgido en torno a Hernández debido a testimonios de los narcotraficantes hondureños procesados judicialmente en Estados Unidos. Uno de ellos también ha señalado al hermano del presidente, el congresista suplente Antonio “Tony” Hernández, como cómplice activo de los grupos de tráfico de drogas en el país.
A favor de Hernández, que llegó a la presidencia en 2013 legitimado por un holgado triunfo de más de 10 puntos porcentuales, han jugado su compromiso con algunas reformas en la cuestionada policía nacional, sus políticas públicas que ayudaron a bajar los índices de homicidios y su apoyo a la instalación de la Misión Anticorrupción y contra el Crimen (MACCIH), auspiciada por la OEA.
Todo indica que las sombras que sigan al caos, que hoy parece inminente, permanecerán un buen rato en Honduras.
Un escenario de confusión institucional y uso antojadizo de las oficinas públicas con fines políticos es, sin duda, ideal para el crimen organizado en Honduras. Ya los años posteriores al golpe de Estado de 2009 lo demostraron.