El comercio de teléfonos celulares robados en Latinoamérica comenzó como delincuencia común para convertirse en un lucrativo y organizado negocio de alcance transnacional, que al parecer seguirá evolucionando dada la débil legislación, corrupción y falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad de los países de la región.
El robo de teléfonos celulares es uno de los crímenes más comunes en la región, y aunque la verdadera magnitud del problema es desconocida debido al subregistro, las estadísticas disponibles ofrecen una idea de lo común que es. En Perú fueron robados 1,2 millones de teléfonos celulares durante los primeros tres meses de 2014, mientras tanto, según cifras oficiales, en Colombia ocurrieron cerca de 1,7 millones de robos de este tipo en 2012. En Ecuador, el crimen representó el 40 por ciento de todos los robos personales entre enero y agosto de 2013.
Sólo en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia actualmente hay 14 millones de teléfonos celulares que han sido registrados como robados.
El robo callejero de teléfonos celulares produce una sensación de miedo e inseguridad. Según la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de Colombia, este crimen “genera los mayores índices de percepción de inseguridad en las principales ciudades [del país]” porque “va acompañado de otro tipo de acciones como lesiones personales y homicidios, situación que incide en la formación de temores ciudadanos”.
A pesar de su prevalencia, el robo de teléfonos celulares es ampliamente visto como un negocio de bajo nivel a manos de los ladrones callejeros locales. Pero la gran escala de este comercio significa grandes ganancias, y éstas atraen a otro tipo de actores criminales. Actualmente las estructuras criminales dedicadas al robo de teléfonos celulares que operan a través de las fronteras de Latinoamérica mueven en promedio US$550.000 diarios, según un informe de Interpol al que tuvo acceso El Comercio.
Redes transnacionales, ventas internacionales
Colombia es uno de los países en que con mayor claridad han surgido estas redes. Sólo en Bogotá, la capital del país, las autoridades han identificado 32 grupos dedicados al robo y tráfico de teléfonos celulares. Cifras de la policía de Colombia indican que una sola organización con alcance internacional puede sacar ilegalmente del país hasta 500 teléfonos cada mes.
Los celulares robados en Colombia a menudo son llevados a países donde pueden alcanzar precios más altos, como Ecuador, Venezuela, Brasil y Argentina, aunque se ha informado de casos que van tan lejos como Asia y Europa. Los teléfonos también pueden ser vendidos por partes, como en el caso de una red de 13 personas que fue desmantelada en el país en 2013, que movía diferentes partes de teléfonos celulares robados hacia Argentina, Perú y Ecuador.
Según Interpol, las estructuras dedicadas al tráfico de celulares se pueden dividir en cinco componentes: el ladrón, el técnico, el contrabandista, el vendedor y el cliente.
En el extremo inferior de la cadena están ubicados los ladrones, que actúan como proveedores de las redes, las cuales les pagan según el modelo y el estado del dispositivo. Después está el técnico, encargado de modificar el código IMEI (número único que identifica a cada teléfono), y de lavar los teléfonos celulares con un software especializado. Cuando los teléfonos están listos para ser utilizados pasan a manos del contrabandista, quien con frecuencia los mueve ilegalmente entre países con el apoyo de funcionarios y empleados corruptos en los sectores de transporte y telecomunicaciones.
Por último están el vendedor y el cliente. Los precios varían según el país, y un teléfono puede alcanzar un valor de hasta US$2.000 en lugares como Brasil, donde en ocasiones los aranceles para algunos productos electrónicos importados están por las nubes.
Una operación internacional desmantelada en Colombia en 2011 pone de relieve la estructura descrita por Interpol. Bajo el liderazgo de Luis Eduardo Bernal Castillo, alias “Lucho”, a quien las autoridades señalaron como el “cerebro de la internacionalización de la red”, esta estructura logró mover cerca de 14.000 teléfonos robados a través de dos rutas diferentes, por aire hacia Argentina y Brasil, y por tierra a Ecuador y Perú.
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Una tienda de telefonía celular en Bogotá, propiedad de un traficante de drogas convicto era una pieza clave en la coordinación de las operaciones de la estructura.
La red también incluía peruanos, encargados de mover los cargamentos de teléfonos celulares por medio de las empresas de transporte internacional para las que trabajaban, mientras que un nacional español con sede en Argentina era el responsable de desbloquear los IMEIs de los dispositivos.
Un negocio lucrativo y de bajo riesgo
Para los grupos criminales latinoamericanos en busca de nuevas fuentes de ingresos, el comercio ilegal de teléfonos celulares es un negocio que presenta grandes beneficios y riesgos relativamente bajos.
“El tráfico de drogas es más peligroso, ya que todos los países están luchando contra las drogas. En cambio, no todos los países están poniendo remedio al problema de los teléfonos robados. No hay control. El riesgo es mínimo”, señaló al Huffington Post Jeanet Peláez, funcionaria de la Fiscalía General de Colombia.
Las sanciones por este crimen varían según el país, creando una zona legal gris aprovechada por los grupos criminales. En Ecuador las condenas por robo de teléfonos celulares pueden ser de hasta 30 años, dependiendo de la gravedad del caso y de los daños causados a la víctima. En Colombia se estima que el 90 por ciento de los presuntos ladrones de teléfonos celulares capturados son liberados casi de inmediato, en parte debido a que la mayoría de ellos son acusados de hurto simple, un delito excarcelable en el país. Sólo en 2013 la Policía Nacional de Colombia capturó 12.740 personas vinculadas al hurto de celulares, de las cuales sólo 1.275 siguen detenidas.
Para hacer frente a este fenómeno transnacional, en abril del 2013 los gobiernos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) -Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú- firmaron la Decisión 786, que propone “un marco normativo para regular el intercambio de información de equipos terminales móviles extraviados, robados o hurtados”. En marzo de 2014 la CAN implementó una lista negra de celulares, en la que se encuentran los códigos IMEIs de los celulares reportados como robados en los países que la conforman.
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A pesar de la implementación de esta estrategia y de que en países como Ecuador las políticas frente al robo de celulares se han hecho más estrictas, la falta de coordinación internacional sigue siendo un problema, que así como la corrupción, ha facilita la evolución de este crimen.
En varios países de la región se han presentado casos de funcionarios de aduanas que cooperan con estas redes de tráfico transnacional de celulares robados. También se han presentado casos de empleados de las empresas de telecomunicaciones que alteran los IMEIs de los dispositivos, y de empleados del sector de transporte que facilitan el movimiento internacional de los dispositivos.
Otra problemática que no se ha logrado abordar es la marcada diferencia de precios según el país en que se comercialice el dispositivo. Esta diferencia crea altos márgenes de ganancia, una de las razones que explica el hecho de que un celular es ahora un objeto por el cual vale la pena matar -según cifras de la policía de Colombia los ladrones de celulares han matado al menos 20 personas en el país en los últimos dos años.
Mientras tanto, muchos ciudadanos, sabiendo que pueden obtener un precio más bajo en el mercado negro, ignoran el posible orígen del teléfono que están comprando.
Hasta que tanto la legislación como su aplicación sobre el terreno mejoren, los grupos criminales latinoamericanos continuarán aprovechándose de los agujeros generados por la corrupción, la impunidad y la falta de coordinación, para mantenerse un paso más adelante que las autoridades.