La acusación de las autoridades de Estados Unidos contra una red de miembros de las élites venezolanas y actores financieros internacionales por el lavado de más de mil millones de dólares, que sustrajeron de la estatal petrolera, ilustra, una vez más, el alcance de la corrupción en el que ya ha sido considerado un Estado mafioso.
Varios funcionarios y empresarios venezolanos presuntamente malversaron más de US$1.200 millones de la petrolera estatal del país, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), entre 2014 y 2015, y más tarde buscaron blanquear los fondos a través de bancos estadounidenses y europeos, según una denuncia criminal presentada el 23 de julio en un tribunal federal de Florida.
Los funcionarios de PDVSA y los empresarios involucrados en la operación, identificados como "boliburgueses", habrían aprovechado el sistema cambiario de moneda extranjera de Venezuela para incrementar el valor de fondos obtenidos de la petrolera mediante sobornos y fraudes. Debido a las diferencias entre el tipo de cambio real y el establecido por el gobierno, una red de individuos de Venezuela pudo robar grandes cantidades de dinero de PDVSA.
"Esencialmente, en dos transacciones, (una) persona pudo comprar 100 millones de dólares americanos por un valor de 10 millones de dólares americanos", según consta en la demanda. Esto gracias a las diferencias y complejidades del sistema cambiario que existía en Venezuela.
Después de presuntamente obtener US$1.200 millones de PDVSA, los acusados blanquearon el dinero a través de una serie de sofisticados esquemas, como la compra de bienes raíces en Florida, bonos falsificados y fondos de inversión falsos, con el fin de pagar sobornos a funcionarios y miembros de las élites de Venezuela.
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La mayoría de los acusados incluidos en la demanda siguen en libertad, y se presume que algunos de ellos permanecen en Venezuela, donde es poco probable que el gobierno coopere con la Fiscalía de Estados Unidos. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció en un comunicado que había efectuado dos arrestos en relación con el caso.
Matthias Krull, un ciudadano alemán que vivió en Venezuela y está actualmente radicado en Panamá, fue detenido en Miami el 24 de julio. Krull trabajaba para un banco suizo administrando las cuentas de las élites venezolanas y presuntamente conspiró para blanquear parte del dinero malversado de PDVSA.
Gustavo Adolfo Hernández Frieri, un colombiano con ciudadanía estadounidense que presuntamente blanqueó parte de los fondos mediante inversiones falsas en fondos mutuos, fue detenido en Italia el 25 de julio.
Francisco Convit Guruceaga, empresario y miembro de las élites venezolanas; Carmelo Urdaneta Aqui, exasesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela; José Vicente Amparan Croquer, "lavador profesional" venezolano; Abraham Eduardo Ortega, exdirector de finanzas de PDVSA; el banquero portugués Hugo Andre Ramalho Gois y el banquero uruguayo Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara también han sido acusados como parte del caso.
En la denuncia, las autoridades estadounidenses también se refieren a varios conspiradores cuyos nombres no se indican, quienes forman parte de una élite venezolana conocida como "bolichicos" o "boliburgueses". Esta es una denominación dada en Venezuela a una clase social que se ha enriquecido rápidamente por sus vínculos políticos o por sus negocios con el chavismo.
Entre los mencionados en la denuncia también se encuentra el propietario de una cadena de televisión, que según el Miami Herald sería Raúl Gorrín, dueño de Globovisión; y los hijastros de un importante funcionario venezolano, que según información obtenida por el mismo diario serían el presidente Nicolás Maduro y los hijos de su esposa Cilia Flores. Los boliburgueses se han visto implicados en múltiples esquemas de corrupción en diferentes instituciones del Estado.
Análisis de InSight Crime
El multimillonario esquema de malversación de fondos de la petrolera estatal de Venezuela y su consecuente blanqueo mediante una sofisticada serie de inversiones falsas en el extranjero es el más reciente ejemplo de la corrupción generalizada que ha saqueado no solo los fondos de PDVSA, sino además gran parte de las arcas del gobierno de Venezuela en los últimos años.
“Eso ocurre porque ese modelo económico está hecho precisamente para que el crimen organizado tenga el control de Venezuela”, le dijo a InSight Crime el abogado venezolano y experto en crimen organizado, Alejandro Rebolledo.
En opinión de Rebolledo, el modelo económico llevó a que ciertas personas tuvieran la potestad de autorizar la salida de estas divisas de las arcas de PDVSA, usando como justificación supuestas compras y pagos a proveedores. Esto explica el “enriquecimiento” repentino de estos boliburgueses con 600 millones de dólares o más, precisó el experto.
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Un hecho llamativo es que las negociaciones con PDVSA que dieron origen a la gran operación de lavado de dinero investigada por las autoridades estadunidenses comenzaron el 23 de diciembre de 2014, y siete días después, el 30 de diciembre, el presidente Maduro designó como vicepresidente de Finanzas de PDVSA a Carlos Erick Malpica Flores, sobrino de la primera dama, Cilia Flores, y para entonces también tesorero de la nación. Las transacciones de los bolichicos con la petrolera continuaron durante 2015, mientras Malpica Flores estaba al frente de la oficina desde donde se hicieron las transacciones.
Pero el reciente caso de lavado de dinero no representa la primera vez que funcionarios de PDVSA han sido acusados de participar en multimillonarios esquemas de soborno. En el año 2015, fiscales federales de Estados Unidos levantaron un caso contra dos empresarios estadounidenses que presuntamente les hicieron pagos a funcionarios de PDVSA a cambio de que les ayudaran a obtener contratos con la petrolera. Ese caso se extendió en 2017, cuando los fiscales acusaron a varios exfuncionarios del gobierno venezolano de pedir decenas de millones de dólares a cambio de dar prioridad a los pagos a ciertos contratistas por parte de la petrolera en quiebra.
Por otra parte, PDVSA tampoco es la única institución del gobierno de Venezuela que ha sido penetrada por el crimen organizado y donde existe una corrupción rampante.
Como mostró InSight Crime en una investigación reciente, en prácticamente todas las instituciones del Estado venezolano hay funcionarios investigados o señalados por diversos delitos. Estos señalamientos incluyen a miembros de la Fuerza Armada, la familia presidencial, y posiblemente al propio presidente Maduro, que según el Miami Herald habría participado en esta operación de lavado de dinero de PDVSA, aunque no está directamente mencionado en la investigación de la Fiscalía de Estados Unidos.
Rebolledo, que acaba de terminar de escribir su libro Así se lava el dinero en Venezuela, le explicó a InSight Crime que “estas operaciones de lavado solo son posibles si alguien en una posición de poder las permite. Esto es lo que propicia la formación de una red como la identificada por las autoridades estadounidenses”.
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