La reciente decisión del gobierno estadounidense de acusar de terrorismo a los líderes visibles de la MS13 en El Salvador puede ser una señal de lo mal que entienden a esta pandilla o de lo bien que entienden su sistema judicial.
El pliego de cargos, que se dio a conocer el 14 de enero, alega que 14 líderes de la Mara Salvatrucha (MS13), la mayoría de los cuales se encuentran privados de la libertad en El Salvador, guiaron a los miembros de la pandilla para que cometieran homicidios en Estados Unidos, crearan campamentos de adiestramiento en El Salvador y adquirieran rifles de asalto, artefactos explosivos improvisados (AEI) y granadas para cometer actos de violencia en ambos lugares.
La imputación también señala que los líderes coordinaron actividades de extorsión y narcotráfico en Estados Unidos. Parte de las ganancias se enviaron a El Salvador, donde la pandilla los usó presuntamente para perseguir sus objetivos, lo que incluyó interactuar y apoyar a partidos políticos salvadoreños y usar los homicidios como instrumento de negociación como parte de una “tregua”, con el fin de poder obtener más beneficios en la prisión y “pagos en efectivo”.
El pliego de cargos volvió al punto de partida en la guerra contra la MS13. En 1988 —en medio de la epidemia de crack y las creciente tasas de homicidios en lugares como Los Angeles, ciudad que sido cuna de la MS13 a comienzos de esa década— la legislatura del estado de California aprobó la ley de Control y Prevención del Terrorismo Callejero (STEP). Aunque incluía terrorismo en su nombre, la ley equiparaba las pandillas a una mafia.
“‘Pandilla criminal callejera’ significa cualquier organización, asociación o grupo permanente de tres o más personas, sean formales o informales, que tengan entre sus actividades primordiales la comisión de uno o más actos delictivos”, redactaron los legisladores, haciendo eco de las palabras que más adelante usaría la Organización de las Naciones Unidas en su descripción del crimen organizado transnacional.
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Se suponía que la ley pondría coto a la actividad de las pandillas, que, según un estudio publicado más adelante en la revista de la Asociación Americana de Medicina (Journal of the American Medical Association, JAMA), fue la causa de casi 500 homicidios ocurridos ese año solo en el condado de Los Angeles. La ley criminalizó la pertenencia a una pandilla y dio a los fiscales la posibilidad de solicitar el “endurecimiento” de sentencias para actividades delictivas relacionadas con pandillas o para los delitos ocurridos cerca de establecimientos educativos. En un anticipo de las medidas más draconianas que vendrían, sus penas llegaron hasta la cadena perpetua por delitos que en los códigos legales antes vigentes se habrían medido en años.
La Ley STEP y las que le siguieron fueron diseñadas para disuadir a las pandillas, pero pocas se dejaron persuadir. Los índices de delincuencia siguieron en aumento. Para 1992, decía el estudio de la JAMA, hubo poco menos de 1.000 homicidios asociados a pandillas en el condado de Los Angeles. Los arrestos siguieron; en 1992, hubo 167.807 por delitos graves entre hispanos de sexo masculino solo en el condado de Los Angeles. Las prisiones se llenaron de miembros de la MS13 y otras pandillas de latinos, muchos de los cuales llegarían a ser líderes de la MS13 y quienes posteriormente, al ser deportados a Centroamérica y quedar nuevamente privados de la libertad, montaron su negocio en las prisiones de esos países.
En cierta forma, la ley STEP equivale al pecado original en la guerra contra las pandillas. Esta fue la que creó el marco por el cual los legisladores consideraron las pandillas por los siguientes 30 años: como grupos criminales organizados. Y el Departamento de Justicia (DOJ) estadounidense recogió esa definición y usó sus propios instrumentos legales contra mafias para perseguir a la MS13.
El más notable de esos instrumentos es la Ley RICO o estatuto anticorrupción (Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act, RICO), que se creó para combatir el crimen organizado. Los fiscales descubrieron, sin embargo, que RICO les permitía poner a los pandilleros bajo la misma sombrilla que las conspiraciones mafiosas. En los noventa, los fiscales tuvieron éxito al probar esos estatutos en la pandilla carcelaria conocida como la Mafia Mexicana y en el principal rival de la MS13, el Barrio 18, en varios casos en California. Para mediados de los 2000, las autoridades federales acusaban a los miembros de la MS13 en casos por la ley RICO.
Esta es una herramienta legal increíblemente poderosa. Abogados defensores afirman que muchas veces se abusa de ella, hasta el punto de que algunos la llaman el estatuto de “Alicia en el País de las Maravillas”, porque, según dicen, permite a los fiscales imaginar cualquier escenario que se acomode a su argumento. De hecho, los casos de la ley RICO y de terrorismo son, en esencia, casos basados en el concepto de conspiración, que permiten a los fiscales imputar a líderes intocables que se mantienen a distancia de las actividades criminales de sus subordinados.
La idea de la conspiración ha evolucionado a favor de los fiscales. En las conspiraciones, los acusados pueden ser declarados culpables de delitos de los que no tienen conocimiento y tener cómplices cuyos nombres no conocen o a quienes nunca han conocido. Los fiscales pueden presentar evidencia circunstancial y usar excepciones a la invalidez de los testimonios de oídas.
En realidad, la mayoría de las pandillas no eran como la Mafia, que estaba implicada en narcotráfico, corrupción política y otras sofisticadas estructuras criminales. La MS13, por ejemplo, no lo hizo bien con el narcomenudeo: sus miembros se fumaban la mercancía, la robaban o simplemente no querían tener nada que ver con eso para no exponerse a largas penas de prisión.
Lo mismo se aplica en el ámbito internacional. La MS13 tiene miles de miembros y cientos de clicas que operan a lo largo de enormes extensiones, que cubren algunas de las rutas de expendio de drogas y las plazas más lucrativas del mundo. Pero los líderes que han intentado encaminar la MS13 hacia el narcotráfico han sido dejados de lado, sometidos al ostracismo o simplemente se han dado cuenta de que la pandilla no estaba preparada para esa tarea.
El más famoso de esos líderes fue Nelson Comandari, salvadoreño cuya familia tenía nexos con el hampa centroamericana y con organizaciones narcotraficantes colombianas. Comandari usó esas relaciones para obtener suministros para la pandilla y para otros, principalmente los mentores de la MS13: la Mafia Mexicana. Comandari incluso intentó unificar las dispares clicas de la pandilla en la Costa Oeste con las de la Costa Este, pero en vano.
Frustrado, comenzó a trabajar fuera de los círculos de la pandilla. Una mirada de su organigrama muestra cómo el círculo íntimo de Comandari solo incluía dos miembros de la MS13. Los demás eran de la Mafia Mexicana y otros. Sus operaciones, que habían comenzado en Los Angeles, se trasladaron aún más lejos hasta que los fiscales de Nueva York olfatearon su rastro y lo capturaron en Texas en 2005. Posteriormente pasó a ser testigo protegido en casos en el marco de la ley RICO contra sus excompañeros de la MS13.
El proceso contra Comandari no disuadió a algunos de sus pupilos, que también intentaron montar operaciones de narcotráfico. Al igual que Comandari, estos operaron la mayor parte por fuera del ámbito de la pandilla y optaron por tratar de congraciarse con la Mafia Mexicana, que llegó a aceptar a unos cuantos en sus filas. Al final, ellos también fracasaron. El caso más reciente es el de Nelson Alexánder Flores, alias “Mula”, quien fue capturado en Tijuana y luego enviado a comparecer ante un tribunal en Ohio.
Esos integrantes de la MS13 pueden haberse convertido en narcotraficantes, pero la MS13 no era una organización narcotraficante. Se fundamentaba más en raíces comunes, conexiones sociales, experiencias, intereses y actos de violencia colectivos que en ganancias del delito.
De esta forma, se asemeja a los grupos terroristas, cuyo atractivo para jóvenes descarriados, aislados, marginados y abusados se parece al de las pandillas, como lo señaló otra parte del gobierno estadounidense, la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), en la investigación que ellos mismos realizaron en 2016.
Los criminólogos terminaron por notar lo mismo.
“El ADN de una pandilla y el ADN de un grupo terrorista son más semejantes” que el ADN de una organización narcotraficante, afirmó un investigador estadounidense cuando se le preguntó por la lógica subyacente a la acusación de terrorismo hacia las pandillas.
Esa deducción dio pie a la idea de enjuiciar a las pandillas como terroristas. A esto ayudó que la administración Trump erigiera a las pandillas como enemigo número uno y que la Corte Suprema de El Salvador hubiera nombrado a la MS13 como grupo terrorista en un fallo de 2015. En 2019, el entonces fiscal general estadounidense William Barr refrendó la designación luego de una visita a El Salvador, y en julio de 2020, Barr, parado junto a Trump en la oficina oval, hizo público su primer caso por terrorismo contra Armando Eliú Melgar Díaz, alias Blue, mando medio que sigue en espera de ser extraditado. El segundo caso fue contra los 14 líderes, que se conoció el 14 de enero.
La apertura de un caso no es una victoria asegurada. La pandilla no ha sido designada organización terrorista por el Departamento de Estado, precursor lógico de cualquier caso por terrorismo. Incluso la misma investigación de USAID hace un gran esfuerzo para diferenciar a las pandillas de las “organizaciones extremistas violentas”.
“Las pandillas callejeras funcionan para ofrecer solidaridad entre pares y ejercer control sobre un territorio local”, señala el informe. “Los grupos extremistas violentos, por otra parte, existen principalmente para perseguir metas políticas o ideológicas”.
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Para tratar esos asuntos, los fiscales estadounidenses han forjado hábilmente una historia política en su pliego de cargos contra las cabezas de la MS13 que dieron a conocer el 14 de enero. Por ejemplo, alegan que la cúpula de la pandilla “culpó a Estados Unidos del ‘fin de la tregua’”. Estados Unidos se oponía a la tregua, pero esa era solo una parte de las razones por las que esta terminó, y los líderes de la pandilla sabían bien que la resistencia local, además de la internacional, fueron las responsables de su fin.
El pliego de cargos añade que, después de la tregua, la pandilla intentó “obligar al gobierno de El Salvador a abrir nuevas negociaciones” incrementando “la violencia y los homicidios, especialmente de agentes de policía y funcionarios de gobierno”. Esta también es una verdad a medias: la violencia contra las autoridades sí arreció, pero como un chantaje político para volver a las mejores condiciones de encierro en la prisión, no como la tribuna política para cambiar el gobierno salvadoreño.
“En realidad esto no es más que una estrategia del todo vale”, comentó a InSight Crime un funcionario del Departamento de Justicia que trabaja en estos casos, luego de la imputación de ese Departamento a Melgar Díaz en 2020. “Usted ve las actividades… Consulta los estatutos y se acomoda”.
Es indudable, como InSight Crime lo señaló en un artículo anterior, que el cargo por terrorismo abre otro frente judicial en la lucha contra las pandillas callejeras internacionales. Y quienes trabajan en esos casos admiten que se sienten tentados por la posibilidad de aplicar sentencias más largas y la imprescriptibilidad que la acusación de terrorismo hace posible.
Pero algunos abogados defensores se preguntan por qué son necesarios cargos por terrorismo si la gravedad de los delitos de base, como el homicidio y el narcotráfico, tendrían el mismo efecto. Y otros defensores lamentan que esto pueda dar pie a más abusos del sistema judicial.
“Mi temor es que el uso del cargo de terrorista para una organización que el Departamento de Estado no ha designado como terrorista es que ese estatuto, de manera muy similar a como ocurrió con el estatuto RICO, se convierta en un instrumento procesal en investigaciones que el Congreso no contempló”, señaló Bonnie Klapper, exfiscal federal reconocida por trabajar en casos contra organizaciones narcotraficantes internacionales.
Los funcionarios estadounidenses que trabajan con estos temas señalaron a InSight Crime que son conscientes de que acusar de terrorismo a los mandos de la pandilla no es una panacea para la MS13, e insistieron en que los cargos de terrorismo se usen con moderación y solo cuando el gobierno local haya clasificado a tales grupos como terroristas.
Pero la prolongada guerra contra la MS13 ilustra que hay pocos límites que los funcionarios estadounidenses dejarían de cruzar.
*Dudley es codirector de InSight Crime y autor de “MS13: The Making of America’s Most Notorious Gang” (HarperCollins, 2020).