Nueva acusación de EE.UU. contra la MS13 es más alarde político que acción antiterrorista

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La semana pasada el gobierno de Estados Unidos levantó cargos de terrorismo por primera vez contra un líder de la pandilla MS13. La acusación, presentada con gran ostentación, parece más bien una estrategia política que un verdadero intento de ir tras la organización.

Armando Eliu Melgar Díaz, alias “Blue” o “Clipper”, un líder poco conocido de la MS13, fue imputado en el Distrito Este de Virgina, según una acusación desclasificada el 14 de julio. Se le acusa de ocho “delitos relacionados con terrorismo”, que van desde concierto para delinquir y proporcionar apoyo a terroristas hasta narcoterrorismo y conspiración para financiar el terrorismo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el fiscal general, William Barr, dijeron en un comunicado de prensa el 15 de julio que los fiscales pedirán la pena de muerte.

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Desde 2003, Melgar Díaz se trasladó varias veces entre El Salvador y Estados Unidos, donde se había vinculado a la MS13. La última vez que fue deportado al país centroamericano fue en 2016. El año siguiente se convirtió en cabecilla del Programa de la Costa Este de la MS13 en Estados Unidos, según los fiscales.

En esas funciones, Melgar Díaz supuestamente mantuvo estrecho contacto con los líderes de la MS13 en El Salvador, conocidos como “La Ranfla”, así como en México, donde los pandilleros, se supone, estaban “cooperando con el Cartel del Golfo”.

Clipper también supervisaba varias clicas de la MS13 en Estados Unidos, dice la acusación. Los fiscales sostienen que el pandillero transmitía la aprobación de los líderes en El Salvador para que los pandilleros extorsionaran y llevaran a cabo asesinatos en Estados Unidos, además de coordinar cargamentos de drogas y armas que eran recogidos por pandilleros.

Análisis de InSight Crime

Aunque esta acusación ha acaparado titulares y describe actos claramente criminales, sus detalles no logran justificar el argumento del gobierno de Estados Unidos para levantar cargos de terrorismo contra el pandillero.

Según la definición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el terrorismo consiste en la intención de “(i) intimidar o coaccionar a una población civil; (ii) influir en la política de un gobierno mediante intimidación o coacción; o (iii) afectar la conducta de un gobierno mediante destrucciones masivas, asesinatos o secuestros”.

Esta amplia definición describe a cientos de grupos criminales en el continente americano y en otros territorios. Y si bien la MS13 emplea dramáticas demostraciones de violencia que generan, como dice la acusación, un “clima de miedo”, resulta bastante exagerado etiquetar a la pandilla como un grupo terrorista similar a Hezbolá o Al Qaeda.

Como InSight Crime documentó en una exhaustiva investigación de varios años, la MS13 es más una organización social que una estructura criminal, y recurre a la violencia como un medio para reforzar los lazos internos y fortalecer la cohesión grupal. La violencia es utilizada como un medio para ingresar a la organización, ascender en sus rangos, disciplinar a los miembros, controlar los conflictos al interior de la pandilla y castigar a los intrusos, entre otras cosas.

Pero rara vez la violencia es empleada con fines políticos expresos, y ello se hizo sobre todo durante cierto periodo entre 2012 y 2014 en El Salvador, cuando los homicidios se utilizaron como una manera de obtener condiciones carcelarias más favorables para los líderes del grupo, a la vez que la MS13 y otras grandes pandillas establecieron una tregua entre ellas.

Aun más, la pandilla no tiene objetivos políticos declarados y no le interesa dirigir a las masas hacia nuevas políticas radicales que redunden en su beneficio. Le interesa reducir la presión policial, conseguir mejores condiciones carcelarias y obtener retornos económicos de los programas gubernamentales.

Esos fueron los beneficios que las pandillas buscaron cuando de manera secreta participaron en negociaciones para ayudar a los dos principales partidos políticos del país durante las elecciones presidenciales de 2014 en El Salvador, como se menciona en la acusación estadounidense. Ambos partidos pagaron a las pandillas, como declararon algunos testigos más tarde y como lo demostraron las grabaciones y videos furtivos que más tarde se publicaron (entre otros medios, por InSight Crime). Pero esto no era terrorismo precisamente; era politiquería en la trastienda, al estilo salvadoreño.

La acusación padece de otros problemas adicionales. Las actividades criminales de Melgar Díaz no encajan en la definición tradicional de actos terroristas, como la de enviar suicidas a dinamitar centros comerciales. Sin embargo, los fiscales estadounidenses alegan que Melgar Díaz obtuvo “fondos [para] comprar grandes cantidades de cocaína” y envió repetidamente a miembros de la MS13 en Centroamérica a la frontera entre El Salvador y Guatemala para “recibir grandes cargamentos de sustancias ilegales y armas de fuego” para la pandilla.

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Otras acusaciones de los fiscales en Virginia son “apoyo material a los terroristas”, “financiar el terrorismo” y “narcoterrorismo”, los cuales se basan en la idea de que en países como El Salvador se acepta que la MS13 es una organización terrorista. Hasta la fecha, sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha definido así a la pandilla de manera formal.

Al parecer, los fiscales identificaron un vacío en su acusación, por lo que recurrieron a varias sanciones tanto en Estados Unidos como en El Salvador para sustentar los cargos de terrorismo. En julio de 2011, una orden ejecutiva firmada por el entonces presidente Barack Obama declaraba que las “actividades de importantes organizaciones criminales transnacionales […] han alcanzado tal magnitud y gravedad que amenazan la estabilidad de los sistemas políticos y económicos internacionales”.

De conformidad con esa orden ejecutiva, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la MS13 en octubre de 2012 por ser una “importante organización criminal transnacional”. Finalmente, las autoridades estadounidenses citan un polémico fallo de la Corte Suprema de El Salvador en el año 2015, en la que se clasifica a la pandilla como una organización terrorista.

Pero hasta ahora no había existido ningún organismo del gobierno estadounidense que hubiera etiquetado a la MS13 como una organización terrorista.

Las autoridades estadounidenses tampoco ofrecieron detalles sobre los pandilleros de la MS13 que supuestamente están “involucrados con el Cartel del Golfo”, uno de los grupos de crimen organizado más antiguos de México.

El momento en el que se presenta la acusación también es llamativo. Indica que el presidente Trump sigue intentando usar a la pandilla para exaltar a sus seguidores políticos antes de las elecciones de noviembre de 2020. Su administración ha solido utilizar a la MS13 como el gran enemigo con el fin de obtener respaldo para las políticas que buscan poner a los migrantes indocumentados en el mismo saco y deportarlos.

“Creemos que los monstruos que asesinan a niños deberían ser ejecutados”, dijo el presidente Trump el 15 de julio, día en que la acusación fue dada a conocer. “Estas personas asesinan a niños y lo hacen tan lenta y cruelmente como les es posible. No permitiremos que estas bestias aterroricen a nuestras comunidades, [y] mi administración no descansará hasta que todos los miembros de la MS13 sean llevados ante la justicia”.

Pero como ocurrió cuando se refirió a la pandilla por primera vez, la agresión verbal de Trump contra la MS13 es equívoca y distorsiona la realidad con el fin de obtener beneficios políticos.

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