El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso una nueva reforma que flexibilizaría los controles a las exportaciones de armas de fuego de fabricantes estadounidenses, lo que podría aumentar el ya elevado número de armas de fuego provenientes de Estados Unidos utilizadas en actividades criminales en Latinoamérica.

La propuesta, publicada el 14 de mayo, transferiría la autoridad para regular las exportaciones de determinadas armas de fuego y productos relacionados del Departamento de Estado al Departamento de Comercio. La medida pretende agilizar el proceso de aprobación para las exportaciones de armas, de manera que los fabricantes estadounidenses —que han sufrido una disminución en las ventas nacionales durante la administración Trump— puedan vender más armas, municiones y accesorios en el extranjero.

“Habrá más libertad para vender armas”, le dijo a Reuters un alto funcionario de la administración el año pasado, cuando se habló por primera vez sobre el plan de manera no oficial. “Si se hace, se abriría una verdadera válvula”.

Según se lee en la propuesta, la norma aplicaría a “artículos comerciales de amplia disponibilidad al por menor [en Estados Unidos], así como a la venta de elementos militares menos delicados”. Esta definición abarcaría productos como rifles de asalto, miras telescópicas para rifles de francotirador, munición perforante y la mayor parte de las armas de fuego.

Si bien muchos miembros del Congreso apoyan la medida, varios importantes senadores están decididos a rebatirla.

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En un comunicado de prensa conjunto, la organización de derechos humanos Global Exchange y Violence Policy Center, un grupo a favor del control de las armas, rechazaron abiertamente la propuesta, señalando que “permitirá que más armas estadounidenses lleguen a manos de organizaciones criminales, violadores de los derechos humanos, organizaciones terroristas y otros grupos que siembran el caos”.

De hecho, las armas estadounidenses cumplen un papel importante en la generación de la violencia criminal en América Latina y el Caribe. Datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus iniciales en inglés) muestran constantemente que un gran porcentaje de las armas de fuego incautadas en Centroamérica y el Caribe pueden ser rastreadas a Estados Unidos. Además, la mayor parte de los asesinatos en la región más violenta del mundo involucran el uso de armas de fuego.

Las nuevas normas de exportación afectarían a muchos países de América Latina y el Caribe. Pero debido a su proximidad a Estados Unidos y otros factores, México corre el riesgo de sufrir el mayor impacto.

InSight Crime habló con el investigador y activista John Lindsay-Poland, de Global Exchange, sobre el flujo de armas de fuego de Estados Unidos a México, el papel que cumplen estas armas de fuego en los crecientes niveles de violencia y los potenciales efectos que tendría la propuesta de reforma en estas dinámicas.*

InSight Crime (IC): Durante años, las armas estadounidenses han estado fluyendo hacia México y Latinoamérica. ¿Podría hablar sobre algunos de los antecedentes y sobre el contexto reciente de este fenómeno que ha vuelto a poner el tema sobre la mesa?

John Lindsay-Poland (JLP): Es cierto que las armas estadounidenses han estado fluyendo hacia México y otros países, tanto legal como ilegalmente, durante muchos años. El levantamiento de la prohibición de las armas de asalto en 2004 creó mayores condiciones para obtener armas de fuego de especial interés para los grupos del crimen organizado en México, Centroamérica y el Caribe. La estructura de la frontera entre México y Estados Unidos lleva a que la mayoría de los controles se realice en el sentido sur a norte de la ruta de tráfico, pues en Estados Unidos existe la idea de que la amenaza se encuentra en México. Creo que ello se corresponde con la idea del excepcionalismo estadounidense, según la cual [Estados Unidos] no representa ninguna amenaza. La infraestructura no ejerce un buen control sobre las armas que van de norte a sur.

Cuando la guerra contra las drogas en México llegó a un punto álgido, las condiciones del mercado eran buenas tanto en la oferta como en la demanda del flujo de armas de grado militar. La guerra contra las drogas se volvió útil para la industria de las armas porque la premisa de la guerra contra las drogas era que Estados Unidos y sus aliados irían a combatir el narcotráfico por medios militares y policivos, y por lo tanto había que estar armados. La colusión de estas fuerzas con el crimen organizado se suele pasar por alto en aras de ese mercado.

IC: Dos de las principales agencias estadounidenses responsables de la lucha contra el tráfico transfronterizo de armas son la ATF y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés). ¿Estos organismos han colaborado eficazmente o han aportado los recursos necesarios para detener el flujo de armas de fuego de Estados Unidos hacia México?

JLP: Hay un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO por sus iniciales en inglés) que señala que dichos organismos no estaban colaborando eficazmente. No tengo conocimiento de ello, según mi experiencia, pero estaría de acuerdo con lo que afirma la GAO.

La ATF ha estado maniatada por las restricciones del Congreso como resultado de la presión de la industria de las armas, que durante años ha impedido que se cuente con un director permanente, así como con recursos y legislación. El hecho de que el tráfico de armas internacional no se haya considerado un delito federal como tal es también un indicio de la falta de recursos que tiene la agencia.

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Dado que Estados Unidos le da prioridad al comercio, los intentos por detener los bienes que pasan por la frontera nunca van a tener éxito. Habrá detenciones de personas y confiscación de armas, y eso es bueno, pero para que cualquier estrategia sea eficaz tiene que llegar hasta la producción y la comercialización de armas, así como hasta las políticas y leyes relacionadas con ello, para poder así detener el flujo de armas.

IC: ¿Qué tan eficaces han sido las autoridades mexicanas para detener el flujo de armas estadounidenses desde el sur hacia México?

JLP: No han sido eficaces. Un estudio de la Universidad de San Diego en el año 2013 estima que cada año se trafican a México 250.000 armas de fuego compradas en Estados Unidos. El número de armas de fuego que se recuperan en las escenas de los crímenes ha disminuido en los últimos años. No está claro exactamente por qué, pero al parecer la policía mexicana y las fuerzas armadas no tienen los suficientes incentivos para ir tras las armas. Hay incentivos para ir tras las drogas, pero, por supuesto, también hay una gran connivencia entre la policía, las fuerzas militares y el crimen organizado, por lo que creo que esto también está afectando los esfuerzos para recuperar armas de las escenas de los crímenes.

México puede cooperar con Estados Unidos para fortalecer los controles policiales y del mercado en el lado estadounidense de la frontera. Lo otro es que esta estrategia frente a la seguridad y el narcotráfico en México es apoyada por Estados Unidos, país que promueve cierto tipo de carrera armamentista entre los grupos criminales y el Estado. Si los grupos criminales obtienen más armamento, la policía también obtiene más armamento, y si la policía obtiene más armamento, los grupos criminales a su vez obtienen más armamento.

IC: ¿Cree que el flujo de armas de fuego de Estados Unidos hacia México se utiliza para explicar los altos niveles de violencia que estamos viendo en México, en comparación con estrategias de seguridad fallidas o problemas más estructurales?

JLP: Diría que definitivamente el flujo de armas de Estados Unidos ha contribuido a los homicidios en México. Si observamos, por ejemplo, el porcentaje de homicidios cometidos con armas de fuego, este está en aumento. A comienzos del presente siglo, uno de cada cuatro homicidios se cometía con armas de fuego. En el contexto estadounidense, a la gente no le extraña que los asesinatos se cometan con armas de fuego dado que esta ha sido una tendencia por mucho tiempo en Estados Unidos. En México no siempre fue así. Allí están aumentando los homicidios relacionados con armas, y ello se debe a que simplemente hay más armas a disposición. Esa no es la única razón, pero sí es una de ellas. Dado que la mayoría de esas armas provienen de Estados Unidos, bien sea legal o ilegalmente, por supuesto que Estados Unidos cumple un papel en este asunto.

IC: Dado el creciente apoyo a un control de armas más estricto en Estados Unidos, ¿existe alguna posibilidad de que disminuya la cantidad de armas que pasan de Estados Unidos a México?

JLP: Creo que ahora hay una posibilidad. El movimiento de prevención de la violencia con armas de fuego en Estados Unidos se ha centrado sobre todo en los crímenes cometidos con armas de fuego en este país, y en general no ha habido conciencia sobre cómo se utilizan las armas de origen estadounidense fuera de nuestras fronteras. Es por esto que es un aspecto importante a la hora de tratar de tener un impacto en México o en otros países.

Dicho esto, si se estableciera una nueva prohibición a las armas de asalto, ello tendría un impacto en México, incluso si la medida se toma sin tener en cuenta el impacto que tendría en México. Cuando la prohibición federal a las armas de asalto expiró en 2004, California conservó la prohibición a este tipo de armas. Las comunidades mexicanas en el otro lado de la frontera, como Texas, Arizona y Nuevo México, experimentaron un aumento mucho mayor en las muertes con armas de asalto después de la expiración de la prohibición federal, en comparación con las comunidades mexicanas en el otro lado de la frontera con California.

En México hay actualmente un creciente interés por trabajar en torno a las armas tanto dentro del país como bilateralmente. Creo que existe un creciente interés en generar más conciencia, lo que podría conducir a cambios de política que tendrían un impacto sobre las armas que llegan a México. Pero todavía hay un largo camino por recorrer en este sentido.

IC: En un artículo que usted escribió recientemente para Al Jazeera, sostiene que Estados Unidos debe “suspender las licencias de exportación de armas a México y reorientar su política de seguridad allí”. ¿Podría explicar esta idea?

JLP: Pedimos que se suspendan las licencias de armas de fuego a México porque, bajo el sistema actual, no hay ningún mecanismo de control adecuado sobre el uso que finalmente se les da a las armas exportadas de manera legal a México desde Estados Unidos. Cuando un productor de armas acude al Departamento de Estado para solicitar una licencia de exportación, se deben especificar los usuarios finales.

Actualmente en México, solo el ejército mexicano está legalmente autorizado para importar armas de fuego. Y es además el distribuidor legal al interior del país, lo cual incluye a la policía. Todas las armas de la policía mexicana provienen del ejército mexicano, el cual las produce —aunque esta representa una porción muy pequeña— o bien las importa. Cerca de dos tercios de las armas que el ejército ha importado llegan a lugares por fuera de la Ciudad de México. Sin embargo, cuando se solicita una licencia ante el Departamento de Estado, el 80 por ciento de las solicitudes, según una fuente del Departamento de Estado con la que hablé, establece que los usuarios finales están en la Ciudad de México, el ejército o la policía de la ciudad, pero sabemos que la mayoría se distribuyen por fuera de la capital y llegan a las fuerzas policiales de todo el país.

El Departamento de Estado de Estados Unidos no está recibiendo suficiente información acerca de quiénes son realmente los usuarios finales, lo que significa que, bajo el sistema actual, no pueden excluir a las fuerzas policiales que han cometido graves violaciones de los derechos humanos o que se han coludido con el crimen organizado utilizando armas de fuego estadounidenses. Es importante que el Departamento de Estado suspenda esas licencias y que cree un sistema de control de usuarios finales que le permita saber dónde están los usuarios finales y quiénes son.

IC: ¿Cómo afectará la propuesta de la administración Trump en los niveles de violencia en México?

JLP: Quizá habrá menos supervisión en torno a los usuarios finales de las armas estadounidenses, de modo que habrá más armas llegando a las unidades policiales y militares de las que Washington sabe que están coludidas con el crimen organizado, han “perdido” sus armas o cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Ello deteriora aún más el Estado de derecho y lleva a que los conflictos por el territorio y los negocios sean aún más violentos.

* La transcripción de la entrevista fue editada por motivos de claridad y extensión.