Las organizaciones criminales en México intensifican el reclutamiento de niños y adolescentes para usar como “mano de obra desechable”, aprovechando la falta de programas gubernamentales para la protección de la población más vulnerable.
En 2015, un informe de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH) estimaba que había 30.000 niños y adolescentes trabajando activamente con organizaciones criminales en México.
A finales de 2018, se estimaba que la figura había aumentado en 150 por ciento, hasta llegar a unos 460.000 menores, según el Secretario de Salud Pública de México, Alfonso Durazo.
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Las organizaciones criminales reclutan a niños desde los nueve años para que sirvan como vigías e informantes y para el envío de droga. A los 12 años, los usan para cuidar escondites, y a los 16 años, son obligados a realizar delitos más violentos —muchas veces armados— como extorsión, secuestro y homicidios, según un estudio de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). A las niñas por lo general se las obliga a empacar y transportar drogas, y el abuso sexual es algo común.
Otro de los hallazgos de la investigación de la CIDH fue que con frecuencia se obliga a los niños y a los adolescentes a realizar tareas que son especialmente peligrosas y que los ponen en riesgo de ser privados de la libertad.
El director de la Redim Juan Martín Pérez García señaló que las cifras muestran un deterioro de la situación en todo el país, más un aumento de los arrestos de adolescentes por delitos relacionados con armas, narcóticos y secuestros.
“El reclutamiento forzoso que vemos en México es similar a la situación que se vive con los niños soldados en África y Colombia. Todos los grupos los usan. El hecho de que haya un creciente número de arrestos de adolescentes por cargos graves muestra que los grupos criminales los están usando en mayor número”, comentó a InSight Crime.
Las autoridades mexicanas no llevan un registro centralizado de casos de reclutamiento infantil, pero las organizaciones de la sociedad civil afirman que el fenómeno ha aumentado en áreas donde los grupos criminales han reforzado su presencia y necesitan más mano de obra.
El 10 por ciento de los 50.000 niños y adolescentes de todo México que participaron en una encuesta oficial en 2012 señalaban que los grupos criminales intentaban reclutarlos. Casi el 18 por ciento de ellos residían en el estado de Chihuahua.
En ese estado, que con Sinaloa y Durango conforma lo que se conoce como el “Triángulo Dorado”, se obliga a niños y adolescentes a trabajar en cultivos de marihuana y amapola y en laboratorios de drogas sintéticas. En el estado de Guerrero, al sur del país, se recluta a niños pequeños para trabajar en plantaciones de amapola.
“Se recluta a niños desde los ocho años de edad para abrir con una lanceta el bulbo de la amapola (con el fin de extraer la goma que se usará para la elaboración de opio) porque sus manos son pequeñas, lo que ayuda con la gran fragilidad de los bulbos”, explicó Pérez García en intercambio con InSight Crime.
Los niños y adolescentes se ven especialmente afectados por el aumento de la violencia en México, con un promedio de cuatro muertes violentas diarias, más que en años anteriores, según el último informe de UNICEF.
Análisis de InSight Crime
Poderosas organizaciones criminales que operan en México dependen de mano de obra barata y desechable para realizar sus actividades ilegales de manera eficiente y para extender su poder e influencia. Lo trágico es que los niños y los adolescentes vulnerables constituyen la “mano de obra” perfecta.
Esta dinámica no es exclusiva de México.
Desde las pandillas callejeras de Centroamérica hasta las organizaciones criminales de las favelas de Brasil y los barrios marginales en Argentina, los grupos criminales muchas veces reclutan a adolescentes marginados con la promesa de la pertenencia, del poder y el dinero, o simplemente los obligan a unirse. Por lo general se convence a niñas jóvenes de unirse a esos grupos como mulas o esclavas sexuales.
Uno de los casos mejor documentados en México es el de Édgar N. Jiménez, alias “El Ponchis”, un chico de catorce años de edad, quien en 2010 confesó el asesinato de cuatro personas por órdenes del cartel del Pacífico Sur. El cartel lo había reclutado a la edad de 11 años, decía ser analfabeto y fue liberado en 2013 antes de que lo enviaran a vivir con su madre en Estados Unidos.
Pérez García señala que en los últimos años su organización ha documentado un cambio en la dinámica de reclutamiento. En 2011, gran parte del reclutamiento se hacía por medio de los pandilleros existentes que traían a parientes más jóvenes, explicó. Pero más recientemente, sin embargo, se observa una sofisticación de las tácticas de las organizaciones criminales. El cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por ejemplo, ha sido acusado de reclutar a jóvenes usando las redes sociales con la falsa oferta de empleos legítimos.
En 2014, el cartel del Golfo intentaba reclutar a jóvenes en la Ciudad de México usando volantes impresos a todo color.
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La respuesta de las autoridades en todo el continente americano ha sido muy similar. En lugar de aumentar la inversión en programas sociales para ayudar a la juventud vulnerable, muchos debaten la ampliación de políticas de seguridad “de mano dura”.
En algunos países, entre ellos Argentina y Brasil, se debaten proyectos de ley para reducir la edad a la que puede imputarse penalmente a los adolescentes.
Pero en opinión de Pérez García los grupos criminales no reclutan a menores, porque puedan eludir sentencias de prisión largas.
“Los grupos no pretenden formar nuevos líderes. No pierden nada si arrestan o asesinan a los chicos, porque pueden simplemente reclutar nuevos. Y si los grupos piensan que el menor los ha puesto en evidencia, solo los matan”, concluyó.
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