El Departamento de Estado de Estados Unidos ha vuelto a listar a los siete países del istmo centroamericano como paraísos para el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas y el crimen organizado, y ha señalado que la región sigue siendo el principal corredor de la cocaína que llega a los mercados estadounidenses, lo cual confirma la importancia de Centroamérica en la cadena del narcotráfico internacional.
Es la primera vez desde 2013 que el Departamento de Estado incluye juntos a Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá en la lista de los principales países lavadores de dinero que hace parte del informe anual Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR por sus iniciales en inglés).
La novedad más importante en el informe de INSCR para 2017 —que refiere las tendencias y estadísticas del año anterior— es que El Salvador, Honduras y Nicaragua han reingresado a la lista de principales lavadores. El Departamento de Estado define el estatus de "país principal de lavado" como aquel "cuyas instituciones financieras estén implicadas en transacciones de dinero cuya procedencia sea el tráfico internacional de narcóticos". El análisis incluye, además del sistema financiero tradicional, instituciones no financieras y métodos alternativos de transacción.
El INCSR explica que una de las principales dificultades de los países centroamericanos para combatir el lavado de dinero es que sus sistemas de investigación criminal no tienen la capacidad de seguir rastros de dineros asociados solo con el tráfico de drogas a otro tipo de transacciones criminales, como el tráfico de personas y de armas, o actividades legales que se utilizan cada vez más para el blanqueo de activos, como la contratación de conciertos musicales de alto nivel, o apuestas en deportes populares.
Estados Unidos considera que Guatemala, Costa Rica, Panamá y El Salvador —este último dolarizado desde 2001— son centros financieros importantes, en el que buena parte del blanqueo ocurre a través de bancos.
El caso de Honduras es ilustrativo sobre la relación entre agentes estatales y los sindicatos locales del crimen. "Honduras no es un centro financiero importante. Aquí, el lavado de dinero se genera sobre todo del tráfico en toda la región. El tráfico de personas indocumentadas hacia Estados Unidos, la extorsión, el secuestro y la corrupción pública también generan cantidades importantes de dinero a ser blanqueado", dice el informe. Algo similar, según este documento, está pasando en Nicaragua.
El informe reitera, además, que desde la selva panameña del Darién, fronteriza con Colombia, hasta el río Usumacinta y las selvas de Petén en el norte de Guatemala, la cocaína sigue transitando abiertamente por agua, tierra y aire.
Por Guatemala, reitera el INCSR, transitaron el año pasado unas 1.000 toneladas de cocaína, cifra que podría incluso ser mayor si se toma en cuenta que, según cálculos de InSight Crime, sólo el año pasado se produjeron en Colombia, actualmente el principal país productor del mundo, unas 1.350 toneladas de cocaína.
En Guatemala, además, el año pasado se registró una cifra récord en producción de amapola, destinada a abastecer la creciente demanda de heroína en Estados Unidos. En 2016, el gobierno guatemalteco destruyó 17 millones de plantas de amapola.
En Guatemala sobre todo, y en menor medida en Honduras, se detectó además un aumento en el tráfico de los precursores químicos utilizados para convertir los opioides de la amapola en heroína, pero también en los usados para convertir la hoja de coca en clorhidrato de cocaína.
Análisis de InSight Crime
Las cifras publicadas por Estados Unidos dan cuenta de un hecho que parece obvio, pero a veces termina opacado por las dinámicas de violencia propias de Centroamérica, sobre todo en el Triángulo Norte de la región: el narcotráfico sigue siendo la causa principal del florecimiento de economías criminales en los países del istmo, así como de buena parte de la corrupción estatal que las protege.
VEA TAMBIÉN: Definición de Estado mafioso: el caso de Guatemala
Desde mediados de la década pasada los narcotraficantes centroamericanos, sobre todo en el Triángulo Norte, evolucionaron de ser simples "transportistas" que recogían en las porosas fronteras costarricenses y panameñas la cocaína enviada desde Colombia para moverla hasta Guatemala, y empezaron a diversificar sus negocios criminales.
A grupos tradicionales de tráfico, como Los Lorenzana en Guatemala, el de Matta Ballesteros en Honduras o Los Perrones en El Salvador, se unieron grupos más especializados en el lavado de dinero, como el salvadoreño Cartel de Texis, sobre cuyo líder, José Adán Salazar Umaña, pesa una nominación de la Casa Blanca como capo internacional del narcotráfico y una investigación de la Fiscalía General de El Salvador por lavado de dinero.
El caso hondureño es el que mejor demuestra cómo las economías criminales del narcotráfico permearon los estamentos políticos de estos países y, como ha señalado InSight Crime, recibieron de ellos favores y protección.
Devis Leonel Rivera Maradiaga, otrora líder de la banda hondureña Los Cachiros, acusó recientemente al expresidente del país Porfirio "Pepe" Lobo de haber recibido sobornos de su grupo, algo que el político se ha apresurado a negar. En El Salvador, grupos de narcotráfico han hecho acusaciones similares: operadores de Los Perrones también han dicho que pagaron sobornos al entorno del expresidente Antonio Saca, quien hoy está preso bajo acusaciones de corrupción.
VEA TAMBIÉN: El arreglista y la oportunidad perdida de la policía de El Salvador
Guatemala sigue siendo, no obstante, la joya de la corona en el mapa centroamericano del narcotráfico y de la corrupción y lavado de dinero generado por las economías criminales. El mes pasado, Estados Unidos acusó a la exvicepresidenta Roxana Baldetti y al exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla de conspirar para introducir cocaína en suelo estadounidense.
El informe del Departamento de Estado ha dejado en claro una vez más la revitalización del corredor centroamericano del narcotráfico, que había alcanzado uno de sus últimos picos a mediados de 2009, cuando un golpe de Estado militar en Honduras ayudó a abrir la ruta aérea entre ese país y Venezuela.
Después de eso, funcionarios estadounidenses y analistas hablaron de la posibilidad del resurgimiento de las rutas del Caribe, pero eso en realidad no ocurrió, al menos no de la misma forma en que ocurrió con la centroamericana.
Hoy, debido al incremento de la producción en Colombia, y de la infiltración de los grupos criminales en las más altas esferas del poder político, sobre todo en los países del Triángulo Norte, está claro que las avenidas para la entrada y salida de droga y dineros ilícitos funcionan a todo vapor.
SUSCRIBIRME