Informe: Violencia criminal amenaza sustitución de cultivos de droga

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Un nuevo estudio denuncia que las tasas de homicidios tuvieron un alza sustancial entre 2016 y 2017 en municipios de Colombia que participan en los programas de sustitución de cultivos de coca, lo que pone de relieve la fragilidad del programa en el contexto del recrudecimiento del conflicto debido a la fragmentación de los grupos criminales.

En las poblaciones donde se implementaron programas de sustitución de cultivos de coca, se observó un incremento de 33 por ciento en las tasas de homicidios entre 2016 y 2017, según un nuevo estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Se estima que entre 107.000 y 180.000 familias participan de la siembra de coca en 183 municipios de Colombia. A lo largo de 2017, el estudio halló que las autoridades hicieron acuerdos con familias en 36 municipios como parte del programa nacional de sustitución de cultivos, que ofrece incentivos financieros a los cultivadores de coca que cambien sus plantaciones por alternativas legales.

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Los municipios en los que se iniciaron programas de sustitución presentaron el mayor incremento en las tasas de homicidios entre 2016 y 2017. El informe halló que las tasas de homicidios en estas áreas se elevaron de 41,1 por 100.000 habitantes a 54,7 en 2017. Las tasas de homicidios en municipios con cultivos de coca pero sin el programa mantuvieron esa tendencia ascendente, de 35,5 por 100.000 habitantes a 39,5 en 2017. Los municipios sin cultivos de coca, sin embargo, exhibieron un descenso en las tasas de homicidios entre 2016 y 2017.

(Gráficos cortesía de FIP, donde aparecen las tasas de homicidios en grupos de municipios)

El informe señaló que la mayoría de municipios con altos índices de violencia sufrieron el impacto de las disputas entre grupos criminales. Por ejemplo, el informe asocia los altos índices de violencia en el departamento costero de Chocó, oeste del país, al enfrentamiento entre Los Urabeños y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Además, el estudio halló que el lento avance del gobierno colombiano en la implementación de diversos componentes del programa de sustitución de cultivos está poniendo en riesgo el éxito de la iniciativa, cuando las familias que inicialmente accedieron a la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos consideren devolverse y volver a sembrar coca.

Según la FIP, solo el 53 por ciento de las familias que participan del programa habían recibido subsidios financieros a diciembre de 2017, aunque el 47 por ciento restante sigue en el proceso de validación. Las autoridades declararon que llegarían al 100 por ciento de las familias en el primer trimestre de 2018, según el estudio.

Análisis de InSight Crime

El nuevo estudio de la FIP indica que el programa de sustitución de cultivos de coca en Colombia sigue enfrentando algunos de los mismos obstáculos que ya había identificado la organización en un informe anterior.
La presión de organizaciones criminales armadas a los sembradores de coca entre estos grupos sigue siendo un factor de primer orden contra la sustitución de cultivos. Las tasas de homicidios en algunas de las áreas que producen la mayoría de la coca, como Norte de Santander y Nariño, están muy por encima de los 100 homicidios por 100.000 habitantes. El estudio halló que esto tiene incidencia directa en el pequeño número de familias inscritas en el programa de sustitución de cultivos en esos departamentos.

(Gráfico cortesía de FIP, donde se muestran las tasas de homicidios en municipios específicos)

Es un hecho que la guerrilla del ELN ha ejecutado una avalancha de ataques recientes en la importante ciudad portuaria de Tumaco, en Nariño, y en Norte de Santander, entre otros lugares, buscando reforzar su presencia en algunas de las zonas más estratégicas de Colombia en lo que respecta a sus actividades criminales. Y disidentes de las ahora desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) también han continuado con los ataques en regiones claves para tratar de consolidar su participación en el negocio de la droga.

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La escalada de violencia plantea importantes problemas logísticos y de seguridad para los miembros de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD), que están a cargo de verificar que los cultivadores de coca inscritos en el programa de sustitución de cultivos en realidad hayan erradicado las plantaciones. Según se anota en el informe, esto ha generado tensiones entre los miembros de la ONUDD y las familias cocaleras, lo que termina perjudicando el cumplimiento de los objetivos del programa de sustitución de cultivos.

La nueva dinámica de la violencia criminal en Colombia no solo amenaza el programa de sustitución de cultivos de coca del gobierno, también es el responsable del desplazamiento de miles de personas en el país. En la subregión de Bajo Caucá de Antioquia, los enfrentamientos entre Los Urabeños y el ELN recientemente obligaron a más de 1.000 personas a huir de la zona. Según un informe publicado en diciembre de 2017 por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), el desplazamiento masivo producto del conflicto entre grupos criminales en armas aumentó en 53 por ciento entre 2016 y 2017, mientras que los ataques de grupos criminales a civiles crecieron 27 por ciento.

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