Los alcances de la corrupción en las cárceles de Ecuador

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La intoxicación de más de un centenar de reclusos es solo la punta del iceberg de los altos niveles de corrupción en el interior de las cárceles de Ecuador, donde todo tiene un precio; desde el ingreso de armas y celulares hasta los beneficios penitenciarios son negociados.

El 24 de mayo, 204 reclusos se intoxicaron con la comida de la cárcel de Ibarra, en la provincia de Imbabura. La directora del Centro de Rehabilitación, Amanda Méndez, informó que 16 de los afectados tenían síntomas de intoxicación grave. Los reclusos habrían consumido alimentos en mal estado.

La falta de higiene en el servicio de alimentación y el hacinamiento, que ya es de 40 por ciento a nivel nacional y alcanza el 200 por ciento en Machala, en la provincia de El Oro, al suroccidente del país, son los factores que explican la declaración del estado de emergencia del sistema penitenciario ocurrida el 30 de abril, el cual está funcionando muy por encima de sus capacidades.

La seguridad es otro problema; Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, dijo que las cárceles se encuentran bajo la influencia de al menos siete bandas criminales, cuyos miembros que están interesados ​​en negociar la “paz” en las prisiones un cambio de no volver a ser investigados luego de salir. Propuesta que fue rechazada por Ernesto Pazmiño, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad.

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Según denuncias presentadas por exfuncionarios como Luis Astudillo, quien fue subdirector de mínima seguridad, lo anterior se explica por los altos niveles de corrupción, que se presentan a todo nivel; cualquiera que tenga dinero puede beneficiarse de las redes que operan bajo la mirada de las autoridades. Según Astudillo,  “Nada se mueve sin que ellos lo sepan”.

Análisis de InSight Crime

Las cárceles son una “bomba de tiempo” debido a la magnitud de las redes criminales que operan al interior de las mismas, con la participación de guías penitenciarios, policías y hasta funcionarios del sistema. Según una exfuncionaria que se desempeñó como analista de seguridad interna del Ministerio del Interior, cuando se encuentran armas y drogas en el interior de las cárceles, los reos indican que “el coronel es el que la ingresa”, lo que demuestra el alcance de la red que podría llegar hasta las máximas autoridades de los penales.

Los bajos salarios, que no superan los US$520, el más bajo en la escala de los salarios percibidos por los funcionarios públicos y solo US$126 dólares por encima del salario básico, por jornadas de hasta 36 horas seguidas, son el principal incentivo para delinquir, ya que estos no compensan los altos riesgos inherentes a su trabajo.

De acuerdo al diario El comercio, 1.550 agentes penitenciarios están a cargo de 39.550 presos, es decir, un solo guardia tiene que controlar aproximadamente 26 presos, mientras que  según el diario las normas internacionales indican que debe haber uno por cada 10 reos.

Un exfuncionario en condición de anonimato indicó a InSight Crime que, mientras los guías, policías y funcionarios corruptos ingresan armas, drogas y celulares; ya sea como sus “armas de dotación” o escondidos en los chalecos antibalas, en materiales para las actividades como maderas e inclusive en sus partes íntimas; quienes no ingresan los artículos prohibidos hacen los controles superficialmente y permiten el ingreso de estos.

El negocio es atractivo tanto para legales como para ilegales; esta misma fuente señaló que el ingreso de los celulares cuesta entre US$100 y US$4.000, la suma varía según el modelo y los riesgos que implican el ingreso de estos a los penales, donde sus precios se multiplican debido a su alta demanda; los más solicitados son los Blackberry debido a que estos son los que burlan los controles de seguridad a través del envío de mensajes encriptados a través del sistema PIN a PIN instalado en estos dispositivos.

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Estas redes de corrupción también son utilizadas para obtener rápidamente beneficios penitenciarios tales como la rebaja de penas, la prelibertad, la libertad controlada y la conmutación de penas, entre otras, sin necesidad de participar en los planes de rehabilitación laborales, culturales o educativos, uno de los requisitos obligatorios para tener acceso a los incentivos. Según una fuente consultada por InSight Crime en terreno, los presos pagan desde US$500 hasta US$3.000 para que los funcionarios les “armen” las carpetas con documentos irregulares que acreditan su participación en estas actividades y les “agilicen” el trámite.

Pero, con el rechazo de la oferta de la paz hecha por las bandas, la pregunta es ¿cuáles son las medidas que deben tomar las autoridades? Anteriormente, Ecuador ha implementado medidas interesantes para la legalización de las bandas y así ha logrado reducir las tasas de violencia y homicidios. De acuerdo al reporte de 2015 del Banco Mundial, el sistema penitenciario de Ecuador está por delante de sus homólogos en la región, con centros penitenciarios disponibles y planos para separar a los reclusos en función de los delitos.

Sin embargo, durante la última crisis, el país parece esta luchando para responder. Hasta la fecha, las únicas medidas tomadas por las autoridades son la declaración del estado de emergencia en las cárceles de Ecuador, efectuada el 16 de mayo; la convocatoria para realizar un concurso de agentes penitenciarios y aumentar en 500 el número de guías; la militarización de algunos centros penitenciarios para controlar la seguridad y la emisión de solicitudes de prelibertad en los casos en los que ya se ha cumplido con 80 por ciento de la pena, para reducir la población carcelaria; solicitudes que aún se encuentran en trámite.

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