Los presidentes de Colombia y Venezuela han reiterado su promesa de tomar medidas contra el contrabando a lo largo de la frontera común. En el centro de la crisis se encuentra el continuo comercio ilegal de gasolina barata de Venezuela a través del departamento colombiano de La Guajira, ubicado en la frontera, donde la sequía y el hambre enfatizan lo poco que se filtra de la riqueza producto del tráfico.
El presidente Juan Manuel Santos se reunió esta semana con el presidente venezolano Nicolás Maduro para discutir las medidas para frenar el tráfico ilícito de productos a través de la frontera entre ambos países. Entre las medidas se encuentra el aumento en el precio de la gasolina por parte de Venezuela con el fin de reducir el incentivo para el contrabando.
Sin embargo, las dinámicas criminales, políticas y sociales de la región tienden a servir como los principales obstáculos para cualquier esfuerzo, donde también existe un gobierno extremadamente corrupto y una población dispuesta a resistir enérgicamente los intentos por detener el comercio ilegal de combustible.
Además de esto se está gestando una crisis humanitaria en La Guajira, el epicentro del comercio ilegal de gasolina. Un promedio de dos niños mueren cada día, principalmente por desnutrición y enfermedades que son curables, en una situación que un pediatra de Estados Unidos comparó con Etiopía. Esta crisis se ha agravado debido a la actual sequía y a las restricciones impuestas sobre las exportaciones de alimentos desde Venezuela, pero también ha estado alimentada por la ausencia total de los servicios estatales, en una región donde el gobierno trabaja de la mano con los criminales que dirigen el tráfico de gasolina.
Según la revisa colombiana Semana, el comercio de gasolina en La Guajira -que comparte una frontera con Venezuela- genera ganancias de hasta US$2,6 mil millones al año. Las autoridades estiman que 1,5 millones de galones de combustible entran a diario a Colombia a través de La Guajira, y que el 15 por ciento de todo el combustible vendido en Colombia es de contrabando, informó Semana.
El comercio regional de combustible de contrabando ha existido durante muchos años. Sin embargo, la investigación de Semana destaca cómo ha pasado de ser una actividad criminal a pequeña escala, controlada en gran parte por miembros del grupo indígena Wayúu, a una industria ilícita masiva dirigida por criminales armados que operan con impunidad.
Las caravanas que transportan gasolina hacia Venezuela están formadas por un máximo de 150 vehículos, incluyendo camiones cisterna con capacidad para transportar 4.000 litros. Estas “caravanas de la muerte” –llamadas así debido al alto riesgo de que ocurra una explosión mientras viajan a altas velocidades por carreteras secundarias- se mueven a plena luz del día y se niegan a parar en los puestos de control. Semana relató un incidente en el que unos contrabandistas de gasolina que ingresaron al país desde Venezuela arrollaron a un funcionario de aduanas de alto nivel cuando él les pidió que se detuvieran. Ha habido otros casos en los que funcionarios han sido heridos o asesinados.
Las caravanas también incluyen lo que se conoce como “kamikazes”, operarios que portan armas de fuego con la intención de detonar las cargas de gasolina que están transportando. Los contrabandistas pagan a centinelas para que les informen sobre cualquier potencial problema que esté en el camino.
A pesar del posible tamaño del comercio, los funcionarios incautaron sólo 123.000 galones de gasolina en tres ciudades principales de La Guajira, entre diciembre de 2013 y junio de este año. Sólo los 162 policías están asignados a patrullar la frontera, la cual tiene unos 192 cruces ilegales.
La policía tampoco tiene el poder de detener la venta de gasolina de contrabando dentro del departamento. Las comunidades indígenas de la zona se organizan en contra de ellos, y algunos territorios son zonas prohibidas debido a que son controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Análisis de InSight Crime
Gracias a su ubicación estratégica en la frontera con Venezuela, el departamento rico en carbón de La Guajira ha sido durante mucho tiempo un importante centro para el contrabando en productos que van desde ropa y comida hasta drogas, armas y gasolina. Los márgenes de ganancia para el comercio ilegal de combustible son enormes, ya que la gasolina se puede comprar por menos de 10 centavos por galón en Venezuela y puede ser revendida por más de US$4 en las ciudades colombianas. El comercio es una importante fuente de ingresos para muchos en la región. RCN informó en 2012 que un estimado de 25.000 familias de La Guajira y el vecino departamento del Cesar vivían del comercio de contrabando de gasolina.
El comercio estuvo tradicionalmente controlado por ciertas familias de la etnia indígena Wayúu. Sin embargo, esto cambió con el tiempo, y alrededor de los años noventa dos líderes paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) -Hernán Giraldo y Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”- estaban compitiendo por el control de la región.
La facción paramilitar que salió victoriosa, la de Jorge 40, comenzó a llamarse a sí misma el Frente Contrainsurgencia Wayúu y tomó el control de Ayatawacoop -una fusión de tres cooperativas wayúu dedicadas al transporte, almacenamiento y distribución de gasolina. Ayatawacoop se convirtió en una pieza clave en el negocio de Jorge 40, permitiéndole legitimar fondos y actividades ilícitas. Durante este tiempo, se expandió el comercio de contrabando de gasolina. Jorge 40 comenzó a enviar combustible de Ayatawacoop fuera de La Guajira, y gravó con un “impuesto de seguridad” a los conductores tanto de los envíos de combustible legales como ilegales.
Desde el desmantelamiento formal de las AUC y la extradición de Jorge 40 en 2008, el panorama criminal en La Guajira ha cambiado de nuevo. El desmantelamiento de las AUC vio el surgimiento de varias BACRIM (el acrónimo para “bandas criminales”). Desde 2011, fuentes de inteligencia habían identificado cinco de estos grupos que operaban allí. Desde entonces, han caído los líderes criminales clave y la banda criminal más poderosa de Colombia, los Urabeños, parece haber tomado el control casi total de la región, aunque su poder aún es disputado en algunas zonas por parte de sus rivales enormemente debilitados, los Rastrojos.
Marcos de Jesús Figueroa García, alias “Marquitos”, es el jefe nominal de los Urabeños en gran parte de la región, según Semana. Marquitos, de ascendencia Wayúu, es una poderosa figura criminal de la Guajira quien ha desarrollado una serie de estrechos vínculos políticos, sobre todo con el exgobernador Juan Francisco Gómez, más conocido como “Kiko Gómez”, quien fue arrestado el año pasado por supuestos vínculos con las BACRIM y está acusado de varios asesinatos.
Marquitos (en la foto) comenzó trabajando como el jefe de seguridad de un poderoso empresario local con estrechas conexiones paramilitares, y más tarde creó su propio grupo criminal dedicado al tráfico de drogas y de gasolina, el cual incluyó pesos pesados del contrabando de larga data. Se cree que este grupo ha sido absorbido en gran parte por la estructura de los Urabeños. Un contacto del hampa en La Guajira dijo a InSight Crime que Marquitos sigue siendo un jugador clave en el departamento para el tráfico de drogas y otras actividades criminales, pero que había huido a Venezuela después de la detención de Gómez -noticias que también fueron reportadas por El Tiempo– desde donde estaba dirigiendo su imperio criminal. Las autoridades ofrecen una recompensa de US$150.000 por Marquitos.
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Las FARC también operan en La Guajira. El Frente 59 de la guerrilla se ha establecido en varios sectores rurales fuera de las ciudades de Maicao y Albania, gravando los envíos de gasolina de contrabando. Según informes, el grupo cobra alrededor de US$500 a los tanques que transportan entre 3.000 y 7.000 galones que cruzan la frontera con Colombia, y cantidades menores para vehículos más pequeños. La policía dice que también hay evidencia de que los contrabandistas pagan a las FARC por asistencia armada –un ataque que tuvo lugar en 2013 resultó en la muerte de tres funcionarios de la policía Fiscal y Aduanera fue atribuído al Frente 59.
Las BACRIM también gravan a los contrabandistas de gasolina. Parece que esto se hace una vez las caravanas recorren casi 200 rutas con dirección a diversos puntos del departamento. Sin embargo, también ofrecen vehículos y apoyo logístico a los contrabandistas, y la mayoría de los contrabandistas supuestamente ahora trabajan directamente con ellos. Además, al parecer Marquitos utiliza los tanques de gasolina de vehículos salientes para traficar cocaína hacia Venezuela, antes de regresar llenos de combustible.
La falta de cooperación con las FARC y las BACRIM puede ser mortal para los “pimpineros” -las personas que compran la gasolina de contrabando una vez ha cruzado la frontera. Entre principios de 2012 y mediados de 2013, seis pimpineros fueron asesinados por no hacer los pagos requeridos.
En La Guajira, el mundo criminal es casi inseparable de la política, y el apoyo de las autoridades locales es una parte importante ya que ha permitido que florezcan las actividades criminales en la región -incluyendo el comercio de combustible. En su tiempo, Jorge 40 tenía funcionarios corruptos de la agencia de inteligencia y migración (DAS) y la policía de aduanas (DIAN) detrás de él, garantizando que las investigaciones sobre las actividades de Ayatawacoop fracasaran. Los tres principales movimientos políticos de la región tienen presuntos vínculos con grupos criminales. Además de estar vinculado a Marquitos, el exgobernador Gómez fue supuestamente un jefe local de contrabando involucrado en el comercio de gasolina antes de ocupar el cargo, y negoció un acuerdo para compartir el poder con los paramilitares de Jorge 40.
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Los rivales políticos de Kiko Gómez en el movimiento Nueva Guajira han sido vinculados con el dinero del narcotráfico de los Rastrojos, además de la ahora desmantelada BACRIM Alta Guajira –cuyos remanentes se cree que han sido absorbidos por los Urabeños- y la unidad de las AUC de Jorge 40. Un director de una universidad en La Guajira afirmó recientemente que había recibido amenazas de muerte por parte del movimiento, y se refirió a ellos como la “BACRIM Nueva Guajira”. La tercera estructura política en el departamento es dirigida por el actual senador Jorge Ballesteros del Partido de la U. Se alió con la estructura de Kiko Gómez, y ha sido vinculado con el exlíder local de contrabando Samuel Santander Lopesierra, conocido como el “Hombre Marlboro”.
Esta mezcla tóxica del crimen organizado y la política ha dado lugar a una próspera industria criminal, y las ganancias se han mantenido en manos de la élite política y criminal, a expensas de la población rural pobre.