Por qué Los Cachiros preferían trabajar con políticos hondureños

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Autoridades de Estados Unidos acusaron a un diputado y a varios miembros de un poderoso clan político en Honduras por narcotráfico y delitos con armas, una muestra más de cómo la organización criminal Los Cachiros integró a los políticos en su modus operandi.

El 17 de julio, autoridades estadounidenses de Nueva York presentaron cargos penales contra el diputado hondureño Midence Oquelí Martínez Turcios y, en un pliego de cargos criminales aparte, se presentaron también acusaciones contra los familiares Arnaldo, Carlos Fernando y Miguel Ángel Urbina Soto. Ellos cuatro enfrentan acusaciones de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y cargos por armas.

Según las acusaciones, la renombrada organización criminal Los Cachiros presuntamente trabajó con Martínez Turcios y la familia Urbina Soto por lo menos desde 2004 hasta 2014, recibiendo cargamentos de cocaína que se enviaban a Honduras por vías aérea y marítima procedentes de Venezuela y Colombia. Posteriormente los cargamentos se transportaban hacia occidente —muchas veces bajo custodia de estos mismos funcionarios públicos— hasta la frontera entre Honduras y Guatemala antes de ser enviados a Estados Unidos, en coordinación con el cartel mexicano de Sinaloa.

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La familia Urbina Soto, agrega el pliego de cargos, “se aprovechó de su poder” en el departamento de Yoro al norte del país para trabajar con Los Cachiros en la recepción de “avionetas cargadas de cocaína” en “pistas de aterrizaje clandestinas” y en “vías públicas” de Yoro. Los tres parientes también coordinaban y en ocasiones allegaban detalles de seguridad en la supervisión del descargue y trasiego de cargamentos de drogas, anota la acusación.

Por su parte, Martínez Turcios fue miembro activo de la organización criminal Los Cachiros, afirman los fiscales estadounidenses. El expediente afirma que él “escoltaba personalmente” cargamentos de cocaína por Honduras, “dirigía cuadrillas de seguridad fuertemente armadas” encargadas de la protección de los cargamentos y “participaba en el adiestramiento en manejo de armas” para sicarios reclutados de la Mara Salvatrucha (MS13), además de actuar en un momento como copropietario de una empresa fachada que Los Cachiros usaron para lavar sus ganancias criminales.

Las nuevas acusaciones se conocen después del homicidio, el 16 de julio, de una persona a quien los medios locales describen como el sucesor de Los Cachiros, Hernán Natarén, junto con su esposa, en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, al norte sobre el Caribe hondureño. Al día siguiente, las autoridades hondureñas detuvieron al hermano de Hernán, Saúl, en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, por cargos de narcotráfico. Las autoridades en Honduras habían arrestado a ambos hermanos en septiembre de 2016, por coordinar el aterrizaje de narcoavionetas, según La Tribuna.

Martínez Turcios ha negado esas acusaciones. Es el segundo diputado hondureño al que las autoridades estadounidenses le formulan cargos este año por narcotráfico y delitos relacionados con armas. Estados Unidos solicitó la extradición desde Honduras de los cinco acusados en las imputaciones. Solo Arnaldo Urbina Soto está preso, luego de ser sentenciado a 36 años por lavado de dinero en 2017.

Análisis de InSight Crime

Las imputaciones penales presentadas contra otro diputado hondureño y contra un exalcalde y su familia ilustran lo que fue una parte definida del modus operandi de Los Cachiros: usar políticos —que gozan de inmunidad, tienen guardias armados y no son parados en retenes— para el trasiego de cargamentos de drogas.

Este método también salió a relucir en el caso contra el hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, quien tenía vínculos con Los Cachiros y se declaró culpable de cargos de drogas en Estados Unidos en 2016.

Sin embargo, los políticos ofrecen algo más que simplemente transporte seguro. También son canales a los recintos del poder, y ayudan a los criminales a recibir contratos del gobierno para sus empresas, eludir investigaciones judiciales, y mantener a raya a los organismos de control.

Como lo detalló InSight Crime en una sección de una investigación de tres partes sobre alcaldes y crimen organizado en el Triángulo Norte de Centroamérica, los “tentáculos políticos de [la familia Urbina Soto] se extendían a los más altos niveles”, y “ejercieron un estrecho control sobre la policía local y los asuntos judiciales”, lo que les permitió consolidar su “dominio en el mundo político y del hampa” en el departamento de Yoro y sus alrededores.

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El clan Urbina Soto también controlaba las notarías locales, lo que les permitía legalizar la tierra que expoliaban a otros, además de la oficina que regulaba la industria maderera. Cuando InSight Crime visitó Yoro, sus habitantes afirmaron que ellos ejercían algún control indirecto también sobre la policía.

En este contexto fue que la familia pactó un acuerdo con Los Cachiros. Investigadores del gobierno contaron a InSight Crime que el grupo criminal pagó a la familia Urbina Soto “para recibir avionetas cargadas de cocaína en su zona de influencia, guardar los narcóticos y transportarlos al siguiente punto de entrega”.

Los Cachiros también supuestamente usaron sus lucrativas ganancias criminales para pagar a Martínez Turcios por sus servicios. Según el acta de acusación, el grupo criminal le pagó más de US$1 millón en coimas, dinero que aquél usó para financiar campañas políticas y enriquecerse, entre otros. Las autoridades aseguran que su posición política le permitía dar una “apariencia de legitimidad” a Los Cachiros, quienes eventualmente hicieron contacto con el entonces presidente de Honduras, Porfirio Lobo (ver fotografía siguiente).

Fabio Lobo (izquierda), Porfirio Lobo (cuarto de izq. a der.), Javier Rivera Maradiaga (quinto de izq. a der.), Juan Gómez (sexto de izq. a der.). (Fuente: Tribunales estadounidenses)

Las cabezas de Los Cachiros Javier Eriberto Rivera Maradiaga, alias “Javier Cachiro”, y su hermano Devis Leonel Rivera Maradiaga se entregaron a las autoridades estadounidenses en 2015. Desde entonces, el testimonio de Rivera Maradiaga ha implicado a varios miembros de la élite hondureña, incluido el actual presidente de Honduras Juan Orlando Hernández y su hermano.

La declaración de Los Cachiros sin duda está detrás de estas nuevas acusaciones. Porfirio Lobo y su hermano, Ramón, también han quedado bajo la lupa por sus contactos con los hermanos, al igual que Diana Urbina Soto —hermana de Arnaldo, Carlos y Mario—,  actual alcaldesa de Yoro.

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