Como parte del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC, que puso fin a décadas de guerra, miles de guerrilleros desmovilizados se trasladaron a campamentos de reintegración con el fin de facilitar su transición a la vida civil.

Pero los campamentos han sido asediados por la violencia y han quedado en un limbo legal, por lo que los excombatientes y sus familias continúan desprotegidos allí donde su seguridad debería estar garantizada.

De los 13.193 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que han participado en el proceso de paz, unos 3.000 viven en los campamentos, conocidos como Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Estos 24 espacios fueron pensados como sitios donde los combatientes desmovilizados puedan vivir con sus familias y capacitarse en actividades como la ganadería o la agricultura mediante proyectos de desarrollo.

Los campamentos, que desde el principio se pensaron como un recurso temporal, se cerraron en agosto de 2019, pero el gobierno del presidente Iván Duque los prorrogó por un año más. El estado actual de los campamentos no es claro y la seguridad al interior de los mismos no está garantizada. Las frecuentes amenazas, ataques y asesinatos han llevado a que muchos de los combatientes desmovilizados y sus familias se desilusionen del proceso de paz y teman por sus vidas.

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A continuación, InSight Crime evalúa la situación de seguridad de ocho ETCR.

Santa Lucía, Ituango, Antioquia

Entre los años 2017 y 2020 fueron asesinados una docena de excombatientes del Campamento de Reincorporación Román Ruiz, cuyos residentes también han enfrentado numerosas amenazas. Por esta razón, a mediados de julio, unos 90 exguerrilleros y sus familias abandonaron el campamento y se trasladaron a Urabá, donde el gobierno les alquiló sitios para vivir. El nuevo campamento se encuentra en Mutatá, un municipio del norte del departamento de Antioquia.

El Campamento de Reincorporación Román Ruiz había sido ubicado en zona rural de Ituango, municipio al norte de Medellín con presencia de Los Urabeños —grupo narcotraficante paramilitar— y una célula criminal de las ex-FARC conocida como el Frente 18. Según le dijo una fuente local a InSight Crime, ambos grupos se disputan el control de la ruta del narcotráfico entre el macizo del Paramillo, justo al oeste de Ituango, y el golfo de Urabá, en la costa del Pacífico.

Antes de la reubicación oficial del campamento, el temor a la violencia había obligado a huir a varios combatientes desmovilizados y a otros habitantes de la zona.

Carrizal, Remedios, Antioquia

El ETCR de Carrizal, ubicado al norte de Antioquia, debe ser reubicado debido a que se encuentra en una reserva forestal. Además, es de difícil acceso; para llegar allí se requiere un trayecto de cuatro horas en carro desde el municipio de Remedios, como indica La Silla Vacía.

La situación de seguridad en este ETCR también es precaria. En enero de 2019, El Tiempo informó que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) atacó el esquema de seguridad encargado de la protección del ETCR. Por otro lado, en agosto de este año fue asesinada una menor de edad, familiar de excombatientes de este espacio.

En este municipio del noreste antioqueño hay presencia del ELN y Los Urabeños, cuya principal fuente de financiación y disputa es la explotación ilegal de yacimientos de oro, la extorsión y el microtráfico. 

La Pradera, Puerto Asís, Putumayo

Nueve exguerrilleros asentados en el campamento de La Pradera han sido asesinados, según información de El Espectador.

Como pudo constatar InSight Crime en una visita de campo realizada en mayo de 2019, muy pocos excombatientes permanecen en el ETCR. Muchos han salido en busca de otras fuentes de ingresos o se han ido a vivir con sus familias. Otros han sido reclutados por los grupos ex-FARC mafia que se disputan el territorio.

La zona en la que está ubicado el ETCR es un corredor clave en el tráfico de drogas hacia Ecuador por parte de las ex-FARC mafia del Frente 48, el cual está aliado con La Constru, uno de los grupos criminales dominantes en el departamento de Putumayo, que surgió en 2006 tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La Elvira, Buenos Aires, Cauca

En las zonas aledañas al ETCR, donde la presencia de la fuerza pública es escasa, son comunes los enfrentamientos y hostigamientos por parte de grupos armados, a tal punto que a la zona no ingresan funcionarios de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) ni de la Misión de la ONU, según El Espectador.

De este espacio han tenido que salir alrededor de 100 excombatientes con sus familias debido a las constantes amenazas. En diciembre del año pasado, en inmediaciones del ETCR fue asesinado el excombatiente Manuel Santos Yatacué.

Buenos Aires se encuentra en la región del Naya al norte del departamento, un corredor estratégico para la salida de drogas hacia el Pacífico, donde hay cultivos de coca y laboratorios de procesamiento de clorhidrato de cocaína que pertenecen a grupos de narcotraficantes y donde el control de la ruta lo ejerce el grupo ex-FARC Jaime Martínez, como lo confirmó InSight Crime con fuentes en el territorio, cuyos nombres se omiten por seguridad.

Monterredondo, Miranda, Cauca

La ETCR de Monterredondo no se encontraba dentro de los planes iniciales de traslado del gobierno, a pesar de las crecientes amenazas. Sin embargo, en junio de este año, la ARN decidió reubicar a los excombatientes que permanecían en el campamento. De acuerdo con una fuente en campo, gran parte de los excombatientes ha abandonado el espacio, y actualmente quedan muy pocas personas en el lugar.

El 25 de mayo, la Junta de Acción Comunal de Monterredondo recibió un mensaje en el que se advertía que los combatientes desmovilizados tenían un mes para salir del campamento. El ultimátum provenía de un grupo armado no identificado y decía que un ataque con bomba casera que se había realizado un año atrás había sido “una advertencia a la comunidad para que no siguiera apoyando el proceso de reintegración”.

Según funcionarios del ejército, la Columna Dagoberto Ramos de las FARC es responsable de las amenazas al campamento de Monterredondo, el cual se encuentra localizado en Miranda, municipio del departamento del Cauca. Según El Tiempo, la Columna Dagoberto Ramos controla la producción de cultivos de marihuana y coca en la región noreste del departamento. El partido político FARC también ha denunciado las amenazas contra los residentes en este espacio de reincorporación.

La Variante, Tumaco, Nariño

A pesar de que la principal razón del gobierno para reubicar este ETCR es la imposibilidad para adquirir el predio, no se pueden pasar por alto las amenazas que reciben los desmovilizados ubicados en este espacio.

En junio y octubre del año pasado fueron asesinados dos hombres que se encontraban registrados como excombatientes en el ETCR.

Según denunció el asesor de los excombatientes en Nariño, Carlos Ortiz, los excombatientes de La Variante reciben amenazas del grupo Los Contadores, una banda dedicada al narcotráfico que opera en el municipio de Tumaco, ubicado en la costa Pacífica, así como en el Triángulo de Telembí, subregión conformada por los municipios de Roberto Payán, Magüí Payán y Barbacoas.

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Tumaco es el segundo municipio en cantidad de cultivos de coca en Colombia, según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en Colombia, y es un punto de salida de drogas hacia Ecuador y el Pacífico. Por ello, ahí confluyen varios grupos de las ex-FARC mafia y de narcotraficantes que se disputan el control del negocio.

Caño Indio, Tibú, Norte de Santander

Desde su instalación, han sido asesinados 24 excombatientes de Caño Indio, y más de 30 han sido amenazados, sin contar que de los 600 que llegaron inicialmente ya quedan muy pocos, pues la gran mayoría se han trasladado a otros puntos de Tibú o a municipios cercanos, según confirmó una fuente en terreno que habló de forma anónima con InSight Crime. También preocupa la amenaza latente de ser reclutados por las ex-FARC mafia del Frente 33 que opera en esta zona del Catatumbo.

Tibú, municipio ubicado al noreste del departamento de Norte de Santander, en la frontera entre Colombia y Venezuela, se encuentra en una región plagada de grupos armados, como el ELN, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y Los Rastrojos, una banda criminal dedicada al narcotráfico. En Tibú también abundan los cultivos de coca. Esta combinación dificulta la situación de los guerrilleros desmovilizados.

La Guajira, Mesetas, Meta

A pesar de no estar priorizado por el gobierno, la situación de seguridad en este espacio es preocupante. En octubre de 2019 fue asesinado Alexander Parra dentro de las instalaciones del ETCR, convirtiéndose en el primer homicidio de un excombatiente dentro de los espacios. Al igual que él, el pasado mes de junio fue asesinado otro desmovilizado, Bairon Eliécer Gómez, dentro del campamento, así como el hijo de una excombatiente que trabaja con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

Igualmente, varios miembros han recibido constantes amenazas de grupos armados que operan en el sur del departamento del Meta. Ante estos hechos, varios excombatientes han debido abandonar el ETCR por falta de garantías de seguridad.

En la Alerta Temprana 026 de 2020, la Defensoría del Pueblo catalogó a los desmovilizados de este espacio como población en riesgo, debido a la presencia de varias facciones de las disidencias bajo el mando de alias Gentil Duarte.