A tres meses del arresto de uno de los principales objetivos del gobierno de México, la violencia se recrudece y se repiten las ya conocidas consecuencias de las estrategias de descabezar estructuras criminales.
La captura de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, exlíder del Cartel de Santa Rosa de Lima (CSRL), ha sido una de las pocas victorias de las que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha podido presumir en su lucha contra el crimen organizado.
Cuando El Marro fue arrestado a principios de agosto de este año, la violencia en el estado occidental de Guanajuato estaba en un punto crítico y el CSRL era en parte responsable de la situación. El grupo se disputaba el territorio —importante para el robo de petróleo y rutas de trasiego de droga— con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas de México.
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La pugna entre ambos grupos contribuyó a posicionar a Guanajuato como uno de los lugares más violentos del país. En 2019, el estado alcanzó una cifra de 4.494 homicidios, más que cualquier otro. A finales de julio de 2020, justo antes de la captura de El Marro, se habían registrado 1.980 homicidios desde el inicio del año, la mayoría cometidos con armas de fuego. A esto se le suma que las extorsiones, los secuestros y las desapariciones forzadas se han vuelto comunes en el estado.
Tan solo unos días después del arresto de El Marro, el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que los homicidios en Guanajuato habían bajado “en un 50 por ciento”.
No obstante, varios analistas de seguridad, incluyendo InSight Crime, advirtieron que este “periodo de gracia” posterior a la captura de El Marro no duraría mucho. De hecho, lo más probable es que las dinámicas de violencia continuarían aun sin El Marro, o que incluso podrían empeorar.
Ahora, tres meses después de su arresto, estas advertencias resultaron ser acertadas.
Las consecuencias inmediatas
En primer lugar, se advirtió que la captura de El Marro podría resultar en la fragmentación del CSRL y por lo tanto en una disputa entre los grupos remanentes.
La mayoría de la gente de confianza de El Marro ya había sido capturada antes que él, por lo que el liderazgo del grupo podía quedar entre su padre, su hermano o alguno de sus lugartenientes que no necesariamente serían leales con el resto de la organización, según El Universal.
De hecho, Durazo confirmó durante una conferencia de prensa el 4 de octubre que se habían detectado escisiones del CSRL tras la detención de su líder. “[En Guanajuato] hay conflictos internos entre las organizaciones criminales que están disputando el liderazgo que dejó el ahora detenido [El Marro]”, dijo el exsecretario según La Jornada.
Unos días después, las autoridades arrestaron a un capo conocido por el alias “El Azul”, quien supuestamente había asumido el control sobre algunas de las facciones del CSRL.
En segundo lugar, se advirtió que el CJNG tendría mayor facilidad para apoderarse de los territorios donde El Marro dejaba un vacío de poder.
En los últimos tres meses, ya se han visto ejemplos de cómo esto podría estar sucediendo. El 3 de septiembre, por ejemplo, varios medios reportaron que los habitantes de la comunidad San Juan del Llanito, uno de los territorios que controlaba el CSRL, fueron desplazados forzosamente luego de amenazas del CJNG.
Según un reportaje de la Revista Proceso publicado el 28 de octubre, el CJNG habría establecido un centro de reclutamiento forzado y entrenamiento de jóvenes en Comanja de Corona, una zona en los límites entre Jalisco y Guanajuato.
También es posible que hayan ocurrido cambios de bando. Según El Universal, un antiguo lugarteniente del CSRL de alias “El Yeyo”, arrestado el 3 de noviembre, habría cambiado su lealtad hacia el CJNG luego de la captura de El Marro. Por otro lado, Associated Press reportó que el Cartel de Sinaloa también estaría intentando ingresar en el mercado local de drogas en Guanajuato, al buscar alianzas con lo que queda del CSRL y otras bandas locales.
Todo esto se ha traducido en mayor violencia. A finales de octubre, Guanajuato seguía siendo el estado con el mayor número de homicidios en el país. Desde inicios de ese mes, el mismo presidente López Obrador reconoció durante una de sus conferencias mañaneras que los homicidios no disminuyeron en el estado a pesar de la captura de El Marro.
Los actos de violencia han sido brutales. El 28 de octubre, por ejemplo, las autoridades encontraron una fosa clandestina con los restos de al menos 66 personas en el municipio de Salvatierra. Recientemente, en el municipio de Cortázar se encontraron los restos de otras 20 personas.
El 27 de septiembre, 11 personas fueron asesinadas durante una balacera en un bar en Jaral del Progreso. Meses antes, ocurrió una masacre en un centro de rehabilitación en Irapuato, en la que murieron 28 personas internadas.
La violencia también toca a actores estatales. A finales de agosto, hombres armados secuestraron y asesinaron a un vocero de la Fiscalía de Guanajuato. En octubre, un excandidato a la alcaldía de Jerécuaro fue asesinado y sus restos descuartizados fueron colocados al lado de una carretera.
Guanajuato, además, lleva tres años siendo el estado donde más se mata a policías. Según datos recientes de la organización Causa en Común, al menos 77 policías han sido asesinados este año en el estado.
Las autoridades locales han criticado la falta de apoyo por parte del gobierno federal para hacerle frente al problema de crimen organizado. En 2018, la policía municipal de Irapuato advirtió que no se involucraría más en el combate al narcotráfico y al huachicol —como se le conoce al robo de petróleo en México— debido a los riesgos que esto representaba para sus integrantes.
“Nosotros estamos poniendo los muertos”, dijo el alcalde de ese municipio, según AM.
El patrón de siempre
Lo que resultó luego de la captura de El Marro no es algo inusual en México. Tradicionalmente, la estrategia de arrestar a los cabecillas de grupos criminales da como resultado la atomización de estas estructuras y por lo tanto más violencia, ya que se crea una disputa de poder sobre las economías criminales.
Por ejemplo, cuando los principales líderes de la Organización Beltrán Leyva (OBL) fueron arrestados entre 2009 y 2014, se formaron nuevas células criminales como Los Rojos y Guerreros Unidos, que ahora se disputan territorios en estados como Morelos y Guerrero. Los operativos contra La Familia Michoacana durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto también resultaron en atomizaciones. Según estimaciones de International Crisis Group, hoy en día hay unas 40 células delictivas operando en Guerrero y al menos otras 20 en Michoacán.
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Los recientes hechos en Guanajuato también confirman que si los esfuerzos de “mano dura” contra grupos criminales no van acompañados de estrategias preventivas, los vacíos de poder que deja una estructura criminal solo generan reacomodos, donde gana el grupo más fuerte.
El CJNG lleva algunos meses teniendo un importante dominio sobre la zona de Guanajuato. Al momento de la captura de El Marro, el CSRL ya estaba debilitado y había sufrido varios arrestos e incautaciones de armamento. En junio, el periodista Óscar Balderas, especializado en crimen organizado, le dijo a InSight Crime que el CJNG ya tenía la batalla prácticamente ganada en este estado.
Ahora es más que claro que el grupo se consolidó como el actor más poderoso en la zona. Mientras tanto, las extorsiones, homicidios, secuestros y desapariciones forzadas siguen afectando diariamente a la población guanajuatense.
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