El más reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito deja en evidencia el aumento de las hectáreas sembradas con hoja de coca para uso ilícito en Colombia y arroja pistas sobre las afectaciones contra quienes trabajan por las comunidades.
Las regiones del país donde los sembradíos de coca se incrementaron o se consolidaron también son las más peligrosas para la actividad de defensores de derechos humanos, líderes sociales y autoridades étnicas. Así se deduce tras cruzar los datos presentados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) con los reportes de activistas asesinados en los últimos 18 meses.
*Este artículo fue editado para mayor claridad y publicado con el permiso de Verdad Abierta. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.
De acuerdo con ONUDD, durante 2017 se registró un aumento de las hectáreas sembradas con hoja de coca para uso ilícito, al pasar de 146.000 hectáreas a 171.000. Por lo menos el 64 por ciento de ese incremento se presentó en los departamentos de Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Cauca.
En Antioquia se concentró en los municipios del Norte y Bajo Cauca, dos regiones altamente inestables en materia de orden público. El informe señala que allí convergen poco más del 80 por ciento de los cultivos ilícitos de este departamento, que pasaron de 8.855 hectáreas a 13.681.
La vasta región en la que convergen el Norte y Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba, es el escenario de una cruenta confrontación entre estructuras sucesoras del paramilitarismo y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que ha disparado todas las cifras de vulneraciones a los derechos humanos.
Reportes de la Alcaldía de Medellín indican que durante el primer semestre del año se atendieron en la capital antioqueña poco más de 1.200 familias (3.400 personas) que llegaron desplazadas de la zona.
Asimismo, el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) detalló que entre enero y julio de 2018 se incrementaron notoriamente las agresiones contra activistas a nivel nacional, al pasar de 117 a 173. Los aumentos más preocupantes se registraron, precisamente, en el Bajo Cauca y Norte de Antioquia, donde fueron asesinados cuatro y siete líderes sociales, respectivamente.
Lo que preocupa del análisis de los casos es que los activistas asesinados compartían un perfil específico: estaban vinculados con programas que guardan estrecha relación con la implementación del Acuerdo de Paz, como lo son el Plan Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS) y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pactados con la extinta guerrilla de las FARC en las negociaciones de La Habana y rubricados en el Acuerdo de Paz firmado en Bogotá el 24 de noviembre de 2016.
Una situación similar se vive en Cauca, el cuarto departamento con mayor presencia de cultivos ilícitos en el país. Allí, según el informe de ONUDD, también se registraron incrementos en las áreas sembradas con hoja de coca, al pasar de unas 12.595 hectáreas a 15.960 hectáreas. La triste coincidencia es que Cauca fue el departamento que registró mayor número de homicidios de líderes, lideresas y autoridades étnicas durante el primer semestre de 2018. Allí fueron asesinados 13 de ellos.
Por su parte, Nariño y Norte de Santander no sólo figuran como el primer y el tercer departamento con mayor presencia de sembradíos de hoja de coca, 45.735 y 28.244 hectáreas respectivamente en 2017; la violencia en ambas regiones contra defensores y dirigentes comunitarios también fue un factor común.
(El gráfico es de un artículo de InSight Crime sobre los cultivos de coca)
El informe de Somos Defensores señala que, entre enero y julio de 2018, fueron asesinados cuatro líderes sociales en Nariño, quienes se caracterizaban por ejercer liderazgos relacionados con la defensa del territorio y por ser, además, de municipios de la costa Pacífica nariñense: uno de Olaya Herrera y tres de Tumaco, el municipio con mayor cantidad de hectáreas de cultivos ilícitos en el departamento y en el país, con 19.571 hectáreas.
En Norte de Santander, según el programa Somos Defensores, la violencia cobró la vida de 10 activistas durante el primer semestre del año. Seis de estos crímenes se cometieron en la convulsionada región del Catatumbo, escenario de una fuerte disputa armada entre la guerrilla del ELN y una disidencia del EPL que es llamada por el gobierno nacional como "Los Pelusos".
Cambios y transformaciones
Durante la presentación de su informe, voceros de ONUDD resaltaron que la salida de la antigua guerrilla de las FARC del escenario bélico generó alteraciones y profundas transformaciones en los territorios donde se cultiva la hoja de coca. Durante décadas, reguló el mercado de pasta-base, insumo fundamental para la producción de clorhidrato de cocaína, así como el número de hectáreas a sembrar, e impuso normas de conducta que los cocaleros debieron asumir so pena de ser castigados, expulsados del territorio o, en el peor de los casos, asesinados.
Pero, con su dejación de armas y su posterior transformación en partido político, nuevos actores armados ingresaron a los territorios de antiguo control ‘fariano’ con la intención de convertirse en los nuevos reguladores del mercado, pero esa competencia se está resolviendo con violencia y en medio del fuego cruzado están quedando comunidades campesinas, indígenas y afros, así como sus dirigentes. El caso más dramático lo representan aquellos labriegos que decidieron impulsar entre sus comunidades el PNIS.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) advierte que entre enero de 2017 y junio de 2018 fueron asesinados 36 campesinos que impulsaban la puesta en práctica en sus municipios. De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), la mayoría de estos hechos se registraron en Cauca (12) y Nariño (11), dos de los departamentos donde los cultivos ilícitos crecieron en 2017.
La FIP también reseña que en 51 municipios donde se implementan PNIS, los homicidios crecieron un 40 por ciento durante los primeros siete meses del presente año, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta es un alza mucho mayor que la registrada en los municipios que no hacen parte del PNIS, donde las víctimas de violencia letal aumentaron 3 por ciento.
Para la FIP el dramático incremento del área sembrada con hoja de coca para uso ilícito no es el único factor generador de violencia y han advertido que “Sin duda la motivación económica tiene un peso importante, pero lo ocurrido en estas zonas del país también debe ser entendido a partir de los rezagos y problemas que ha tenido el proceso de reincorporación, la falta de capacidad del Estado de tener una presencia efectiva y permanente, así como las dificultades en la implementación de las garantías de seguridad”.
*Este artículo fue editado para mayor claridad y publicado con el permiso de Verdad Abierta. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.
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