Una masacre entre las pandillas Barrio 18 y MS13 en la prisión más tristemente célebre de Honduras plantea dudas acerca de si el papel del ejército está siendo efectivo, tras haber asumido la responsabilidad de la seguridad de las prisiones en diciembre de 2019.
Una vez más, los actos violentos se presentaron en la conocida cárcel La Tolva, al este de la capital, Tegucigalpa. La reyerta estalló a las 8 de la mañana del 17 de junio, cuando varios reos de Barrio 18, una de las pandillas más grandes de Honduras, ingresaron a una sección exclusiva de miembros de sus rivales, la Mara Salvatrucha (MS13).
Al parecer, una granada fue lanzada contra miembros de la MS13 que jugaban fútbol, dejando como resultado varias personas muertas, tras lo cual las dos pandillas se dispararon entre sí con armas semiautomáticas y lanzaron granadas de fragmentación en varias partes de la prisión, según informó La Prensa con base en fuentes oficiales. Al final de los enfrentamientos, al menos cinco personas resultaron muertas y 39 heridas, entre ellas varios agentes de policía, según informes de los medios de comunicación.
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Este es el más reciente incidente de una serie de actos violentos que se han venido presentando en las cárceles de Honduras. Aunque se supone que los prisioneros de Barrio 18 y MS13 deben mantenerse separados, se siguen presentando estallidos violentos. En diciembre de 2019, un motín en la prisión de La Tolva dejó como resultado la muerte de cinco presuntos pandilleros de la MS13. Ese mismo mes murieron otros 43 presuntos pandilleros en motines en otras dos cárceles de Tegucigalpa y en el departamento de Atlántida, al norte del país.
Como respuesta, el presidente Juan Orlando Hernández declaró el estado de emergencia, suspendió a los funcionarios de todo el sistema penitenciario y puso al ejército y la policía a cargo de la seguridad al interior de las prisiones.
No está claro si esta estrategia ha tenido algún impacto. En efecto, los asesinatos han continuado, incluso dentro de las cárceles de mujeres, que suelen ser más pacíficas.
Análisis de InSight Crime
Durante los dieciocho meses en los que las fuerzas armadas de Honduras han estado custodiando las cárceles, no ha habido señales claras de avances.
Y tras los recientes asesinatos en La Tolva, surgen serias dudas acerca de si la situación no ha hecho más que empeorar. Una de las dudas más serías tiene que ver con el hecho de que los pandilleros tuvieran en su poder armas de grado militar, incluidas granadas y rifles semiautomáticos.
Dos días después de los actos violentos, las autoridades penitenciarias confirmaron que esas armas sí se habían utilizado, pero no ofrecieron detalles acerca de la forma como los presos pudieron haber accedido a ellas.
Las asociaciones de derechos de los privados de libertad no tardaron en pedir que el ejército fuera destituido de su papel en las prisiones.
"Es urgente que el presidente tome decisiones hoy, porque el sistema penitenciario está colapsado. Estamos pidiendo la destitución de las autoridades; a los militares les quedó grande la camisa para dirigir los centros penales", dijo Delma Ordóñez, presidenta de una organización no gubernamental, la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, en un comunicado de prensa.
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La respuesta inmediata de las autoridades no fue conciliadora. Cuando se les pidió que respondieran a la solicitud de destituir al ejército, en lugar de prometer cambios sustantivos, los oficiales militares contraatacaron. En una entrevista en televisión, el jefe de la fuerza de tarea antipandillas, coronel Amílcar Hernández, acusó a Ordóñez y a su organización de haber sido sobornados por pandillas para que exageraran lo que está sucediendo en las cárceles.
Las pandillas "solo representan el 15 por ciento de la población penitenciara, y solo de ellos se habla, solo a ellos defienden, ¿y que pasa con el otro 85 por ciento? Sus defensores no son objetivos", señaló Hernández.
Otro alto funcionario militar hizo eco de las palabras de Hernández, afirmando que las organizaciones de derechos humanos solo estaban respondiendo a los casos, como se lo ordenaban los líderes de la MS13, pero no aportó pruebas al respecto.
Según Hernández, la organización de Ordóñez había recibido 250.000 lempiras (US$10.400) de las pandillas, pero cuando se le presionó para que ofreciera más detalles, el coronel declaró que no daría más información, pues no quería poner en peligro a nadie.
Ordóñez rechazó todos esos señalamientos, afirmando que nunca había recibido dichos pagos y que las autoridades solo estaban echándole la culpa a otros.
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