Las pandillas de Haití tienen la capacidad y la voluntad para impedir el acceso al agua potable y combustible. Esto realza la influencia que tienen y lleva al país al borde del colapso.

El 31 de octubre hubo un atisbo de esperanza luego de semanas de incertidumbre que llevaron a los hospitales de Haití a suspender sus servicios. Varias clínicas de atención crítica recibieron suministros de combustible, lo que les permitió poner sus generadores en funcionamiento. Unas cuantas estaciones de gasolina de Puerto Príncipe también volvieron a atender al público.

Sin embargo, esta gota de combustible no hizo más que mostrar cómo el país está a merced de las bandas criminales. Las pandillas que controlan Puerto Príncipe habían bloqueado durante más de dos meses las vías que llevan a las terminales petroleras y habían interrumpido las entregas de combustible al secuestrar a los conductores de camiones. Estas acciones interrumpieron casi por completo el suministro a las estaciones de gasolina.

El 27 de octubre, el ministro del Interior de Haití Liszt Quitel concentró a los agentes de policía sobre una ruta para que los camiones de combustible pudieran llegar al puerto de Puerto Príncipe. La caravana de Quitel fue recibida con ráfagas de armas automáticas y los conductores se negaron a seguir adelante.

Hace pocos días, una importante figura empresarial apareció para poner en evidencia las exigencias del líder pandillero Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, para levantar el bloqueo implantado alrededor de la infraestructura portuaria y petrolera del país.

En entrevista con Associated Press, Youri Mevs, estratega político, cuya familia es dueña de Shodecosa, el mayor parque industrial del país, anunció que Chérizier exigía el pago mensual de US$500.000 a su alianza de pandillas G9. Si se negaban, saquearían el parque y mantendrían los bloqueos del Terminal Varreux, el puerto de propiedad de la familia Mevs, por donde entra gran parte del combustible.

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Chérizier, quien acostumbra dirigirse a la prensa internacional, ha negado tajantemente la denuncia, repitiendo el estribillo común de que él es un hombre del pueblo que defiende los derechos de los desfavorecidos.

Pese a eso, Chérizier ha admitido que tiene el poder de resolver la crisis de combustible. Su precio es la renuncia del presidente interino de Haití y primer ministro Ariel Henry. Hace una semana, declaró que “las zonas controladas por la G9 están bloqueadas por una única razón – exigimos la renuncia de Ariel Henry. Si (Henry) renuncia a las 8 a.m., a las 8:05 a.m., desbloquearemos las vías y todos los camiones podrán pasar a recoger combustible”.

Análisis de InSight Crime

Aunque la crisis de la gasolina es un nuevo reflejo del poder que han amasado las pandillas en Haití, el problema va mucho mas allá de esto.

Según Guyto Édouard, director general de la Dirección Nacional de Agua Potable y Sanidad de Haití (DINEPA), la violencia de las pandillas puso en peligro la distribución de agua potable a comienzos de junio. Esto sería grave, dado el escaso suministro de agua en las zonas de Puerto Príncipe controladas por las pandillas, como Bolosse y Martissant.

Édouard declaró que las pandillas destruyeron al menos una estación de bombeo de agua en Roche Blanche, Croix-des-Bouquets, al norte de la capital.

La asistencia internacional de la que depende Haití también está en riesgo. Después del devastador terremoto del 14 de agosto, las bandas criminales retuvieron los cargamentos de asistencia que pasaban por un paso estrecho en Martissant, región por la que debe pasar todo el tráfico que se dirige al sur desde Puerto Príncipe, y una zona que por largo tiempo se han disputado distintos grupos criminales.

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Esto cortó por completo el acceso a asistencia vital de las comunidades de las montañas de la península Tiburón, al sur de la isla. El flujo de ayuda solo se reanudó después de que Barbecue anunciara un cese al fuego el 22 de agosto.

La inquietud crece entre los aliados y vecinos de Haití. Barcos que llevaban ayuda proveniente de México fueron recibidos con disparos, lo que les impidió llevar la carga al puerto. República Dominicana movilizó tropas a lo largo de la frontera para impedir que los haitianos compren grandes cantidades de combustible y lo contrabandeen al otro lado de la frontera.