Con numerosos problemas de criminalidad, desde narcotráfico hasta corrupción estatal, que al parecer lo sobrepasan, Uruguay puede estar cerrando la racha afortunada que lo posicionó como el país con menores índices de criminalidad en América Latina.
Los homicidios han aumentado casi 40 por ciento este año en relación con 2021. Los decomisos de cocaína, pasta base de coca y marihuana van en aumento. Las organizaciones narcotraficantes del país se están sofisticando. Y el gobierno está envuelto en dos escándalos relacionados con pasaportes.
Para discutir la actual situación de Uruguay y analizar si sus instituciones son lo suficientemente firmes para resistir el embate, InSight Crime conversó con Nicolás Centurión, observador y analista de crimen en Uruguay para el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
InSight Crime (IC): Usted ha sido un fuerte crítico de la situación criminal de Uruguay, pero el país sigue clasificándose como el menos corrupto de América Latina. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones para Uruguay en este momento?
Nicolás Centurión (NC): Los problemas podemos categorizarlos de dos maneras: coyunturales y de larga data. De estos últimos podemos hablar de un núcleo de pobreza en la infancia que ningún gobierno ha podido abordar. La cantidad de homicidios ha aumentado desde el retorno de la democracia. Hubo una falta de políticas de Estado de largo aliento.
Los problemas coyunturales son algunos, por ejemplo, que se vienen arrastrando desde la pandemia, dígase el empleo. Ergo el aumento de la pobreza, el resurgimiento de las ollas populares, etc.
Uruguay en este momento tiene la ventaja de poder anticiparse, prevenir o tomar apunte de lo que está pasando en la región, pero sin perder de vista que no se está dimensionando el problema de narcotráfico de manera cabal y el tiempo cada vez se acorta más.
IC: Si bien Uruguay ha tenido durante mucho tiempo cierto tráfico transnacional de drogas a pequeña escala, esto parece haber aumentado considerablemente durante la pandemia de COVID-19. ¿A qué cree que se debe?
NC: Debido a la pandemia de COVID-19, el trasiego de cargas disminuyó y eso activó cierta atención [de las autoridades] sobre el puerto de Santos, en Brasil, por ejemplo. Del otro lado, eso generó que la atención [de los narcos] se focalice en Uruguay, sobre todo en el puerto de Montevideo, por su posición geográfica y por los controles de los que son objeto los países productores. Los narcos buscan alternativas porque el negocio tiene que seguir funcionando.
Para entender la situación que atraviesa Uruguay, hay que abordarla desde distintas perspectivas. Primero, el país se ubica en un enclave fundamental para el narcotráfico internacional: pues es puerto de entrada para el continente y de salida para África y Europa. En el puerto de Nueva Palmira, del departamento de Colonia, se encuentra el km 0 de la hidrovía Paraná-Paraguay.
Segundo, en 2019 el Primer Comando de la Capital (PCC) quiso extender sus tentáculos al país. Esto indica que Uruguay ha aumentado su atractivo para la organización criminal más grande de Sudamérica, ya no solo para lavar dinero, sino para querer instalarse aquí.
Tercero, la violencia en aumento, tanto en cantidad de homicidios —sumado al bajísimo porcentaje de esclarecimiento—, como en la cualidad, es decir, mayor violencia a la hora de asesinar, sicariato, ajuste de cuentas, disputa de territorios, sobre todo en barrios periféricos de la capital Montevideo.
Si bien los países productores están siendo muy controlados, su producción sigue a tope. Eso hace que Uruguay sea un destino elegido por dichas organizaciones. Allí observamos la verdadera teoría del derrame, pero hablando de narcotráfico, el derrame es la violencia.
IC: ¿Cree que las fuerzas de seguridad y de aduanas de Uruguay están preparadas para el aumento de droga que atraviesa el país? Si no es así, ¿qué se debe mejorar?
NC: Con respecto a las fuerzas de seguridad hay varios temas que apuntar. Primero, la capacidad logística. En 2018 se detectaron entre 700 y 800 pistas irregulares de aterrizaje; esto es un gran número para un territorio pequeño como el uruguayo. Además, el país no presenta obstáculos geográficos como montañas u otras formaciones de gran altura, lo que permite que las avionetas vuelen a menor altura, de manera que pueden dejar caer los alijos de cocaína y seguir su vuelo.
Otro punto ciego de la seguridad uruguaya son los escáneres en los puertos. El principal puerto, el de Montevideo, un día sí y otro también se queda sin escáner o falla. El puerto de Nueva Palmira carece de escáner y, para sumar una cuestión más, la DEA le ha retirado la confianza a la Prefectura de Uruguay y tampoco tiene las mejores referencias de la Aduana.
IC: Si bien el sistema penitenciario de Uruguay nuevamente se ubica entre los mejores de América Latina, enfrenta sus propios problemas de hacinamiento y violencia. ¿Cómo se está tratando esto?
NC: Uruguay tiene 14.302 presos en una población que apenas rebasa los 3 millones. Estamos hablando de 4 de cada 1.000 habitantes están presos y coloca a Uruguay en el puesto número 12 del mundo.
En el informe anual del comisionado parlamentario [Juan Miguel Petit] de 2021, se resalta que la densidad carcelaria es heterogénea y que hay lugares que llegan a duplicar o triplicar la cantidad máxima de alojamiento. Enfatiza en la situación crítica que atraviesa la Unidad 5 Femenino, cárcel de mujeres de Montevideo, que alberga a la mitad de las mujeres presas en el país y tiene una ocupación de 143 por ciento.
Entre otras cuestiones, se estima que el costo de mantener a un preso es de casi US$1.000 por mes.
IC: En el caso de Uruguay, Sebastián Marset y el Primer Cartel Uruguayo. ¿Ve a este grupo como la banda criminal más sofisticada de Uruguay o cree que distrae la atención de problemas más grandes?
NC: La pregunta sobre Marset y el hecho de centrar todo en su figura me parece muy acertada. Engancha muy bien con lo que venimos hablando en cuanto a todas las dificultades a las que se enfrenta Uruguay y cómo el narcotráfico está mutando a nivel regional. Centrarse solo en Marset es un error, aunque es tentador, pues la historia es atractiva, pero bucear en sus conexiones es donde está el mayor tesoro. Tanto en Uruguay como en Paraguay y otros países.
Marset se hizo tristemente célebre por lo que hizo en el exterior. Aunque no lo han confirmado las autoridades colombiana y paraguaya, pero [se dice que está] vinculado al asesinato del fiscal Marcelo Pecci, así como al PCC y a toda su impronta de empresario que forjó en Paraguay.
Hasta el momento no se tienen elementos para afirmar que existe algo llamado el Primer Cartel Uruguayo. Primero porque no tendría las condiciones de un cartel, porque no hay información de que Marset tenga a cargo la producción de cocaína en países productores. Más bien, es conocido como “El Facilitador” y un nexo entre el PCC y su organización en Paraguay, que tiene muchas aristas.
Lo importante en este momento es lograr que este tipo de organizaciones regionales no se instalen en Uruguay, porque luego sacarlas tendría un costo terrible para la población en todos los ámbitos.
IC: ¿Cree que la reputación de Uruguay como la "Suiza de América Latina" ha sido realmente negativa, en cuanto ha permitido que el país se duerma en los laureles en lugar de actuar de forma preventiva?
NC: Uruguay, al percibirse como una “excepción” o una “isla” en el continente, como “la Suiza de América,” ha generado en la población en general y en las autoridades el imaginario de que aquí no pasa nada. Y pasan cosas y cada vez más. Porque la globalización no es solo para fenómenos culturales y de acceso a la información; es para ampliar mercados, entre ellos el del narcotráfico.
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